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Análisis

Un juicio con más dudas que certezas

Las cinco sesiones de la vista oral del «caso Comercio» dejan en el aire el supuesto fraccionamiento de contratos por parte de Echávarri y sus dos exasesores

El abogado del Ayuntamiento Manuel Cordón el miércoles. rafa arjones

Cinco días de juicio por el «caso Comercio» han servido para dejar muchas dudas en el aire (y no todas se despejarán en la sentencia) y también algunas certezas. Las menos. Empezando por el final, en las sesiones se han evidenciado las tensas relaciones que mantienen altos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, quedando patentes los desencuentros (el repetido «tú no eres mi jefe») y las derivadas disfunciones en el día a día de la administración local entre dos de las áreas más relevantes: Intervención, dirigida por Francisco Guardiola, y Servicios Jurídicos, con Manuel Cordón al frente. Dos veteranos, entre ambos acumulan décadas y décadas como funcionarios municipales, que han exhibido en sede judicial sus discrepancias. Sin rubor. Una situación con analogías, aunque sin acabar en los tribunales (salpicaba a concejales y había tres partidos implicados), sucedió recientemente con unos contratos en el Patronato de la Vivienda, que enfrentaron al gerente, Gaspar Mayor, y de nuevo al interventor. Enemigos íntimos, como es de sobra conocido de puertas adentro del Consistorio.

En la vista oral, por otro lado, también se ha constatado el error político que cometió Gabriel Echávarri, tras acceder al poder en junio de 2015, al asumir como propias las competencias de la Concejalía de Comercio (además se quedó Fiestas, pero Miguel Castelló, sus formas y su talante, no es el personalismo de Pedro de Gea). De aquellos polvos, entre otros, estos lodos.

El juicio también ha servido para juntar, tiempo después, a Echávarri y a Luis Barcala, su sucesor en el sillón más noble del Ayuntamiento de Alicante. En la segunda sesión, durante su bronco interrogatorio como testigo a manos de las defensas, el abogado del exalcalde socialista le preguntó al dirigente popular si su denuncia había sido «política». Barcala se revolvió en la silla. Lo habitual. Y lo negó. Evidente. Pero sus consecuencias políticas son irrebatibles. Ahí están, por más que el alcalde decidiera apartarse de los focos a dos semanas del juicio, retirando la acusación particular que se derivó de su denuncia inicial en Fiscalía y de su tramitación posterior ante el juzgado. Barcala pasó de reclamar una pena mayor que la solicitada por el Ministerio Público a apartarse del caso. De esa actitud, en tiempo de descuento, puede desprenderse, sin necesidad de retorcer mucho los pensamientos, que el objetivo ya estaba conseguido. Difícil otra interpretación.

Y es que el juicio que ha quedado visto para sentencia ha dejado alguna certeza, pocas, y muchas dudas. Demasiadas tras cinco jornadas y más de una veintena de interrogatorios. Los dos principales testigos de la acusación, los técnicos que destaparon el «caso Comercio» alertando en sus informes de un posible fraccionamiento de contratos, no lograron concretar, ante el tribunal, sus sospechas. No pusieron, negro sobre blanco, evidencias. Al revés. Se supo, por ejemplo, que el interventor no había analizado las facturas con el detalle exigible a su cargo y que el jefe de servicio (que se autocalificó como «gato escaldado») hizo una agrupación en «tres o cuatro bloques», sin el rigor esperable, donde se incluían facturas tramitadas de principio a fin por él mismo y otros técnicos de Comercio, otras supervisadas en algún momento del proceso por funcionarios y, también otras gestionadas directamente por asesores, aunque introducidas en el sistema por algún trabajador municipal. Todo un conglomerado.

En cinco jornadas tampoco se resolvió un concepto que ha quedado claro que es irresoluble, o casi: ¿Qué es una unidad funcional? En el «caso Comercio» resulta ser la cuestión entre las cuestiones, la madre del problema. Un concepto tan indeterminado que no deja en buen lugar a las leyes de contratación. De su interpretación (si unos servicios pueden facturarse por separado o no), como dejó constancia el tribunal, dependerá que haya sentencia absolutoria o que los acusados sean condenados por prevaricación administrativa. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para cargo público para Echávarri, Lalo Díez y Pedro de Gea. ¿Se cometió un delito por fraccionamiento? ¿Los técnicos no sabían nada de nada? ¿Se podían agrupar las facturas como propuso el jefe de servicio y el interventor? Los técnicos estaban, más o menos, convencidos (cuantas más preguntas, más dudas arrojaron); los abogados del Ayuntamiento, todo lo contrario: siempre firmes en que no se trocearon facturas.

La respuesta definitiva (recursos judiciales, al margen) llegará en breve. Se espera que en un mes haya sentencia para un caso que lleva más de dos años en la diana. Ahí, resolución judicial mediante, ya habrá más certezas que dudas.

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