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Las claves del caso Sala

Nueve ciudadanos se enfrentan desde el día 14 con la responsabilidad de juzgar a Miguel López, único acusado del asesinato de María del Carmen Martínez, su suegra y viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. Estos son los hitos del proceso

Visiblemente repuesto y con más barba. Así, con este cambio de imagen, fue como Miguel López se presentó a su última comparecencia semanal en la Audiencia. Álex Domínguez

Casi tres años después del asesinato a tiros de María del Carmen Martínez el juicio por su crimen quedará visto para sentencia. Esa es al menos la previsión de la magistrada Francisca Bru, quien a partir del día 14 presidirá el jurado que tiene que decidir si Miguel López, casado con la hija pequeña de la víctima y acusado de su muerte, es o no culpable de unos hechos que se analizarán a lo largo de casi tres semanas de vista oral. Éstas son algunas de las claves de un caso que ha suscitado un inusitado interés público que, por sus especiales circunstancias, no acabará con el veredicto. Sea cual sea.

La formación del jurado y la visita al lugar del crimen

La primera sesión del juicio está señalada para las 9,30 horas del 14 de octubre. La jornada comenzará con la elección del jurado que por la tarde (a las 18 horas) realizará una inspección ocular a lo que era Novocar el negocio de automoción que regentaba el acusado y en cuyo lavadero María de Carmen recibió los dos disparos que acabaron con su vida. La declaración de Miguel López está señalada para el día siguiente y en los sucesivos testificarán los empleados del negocio y la familia Sala casi al completo, además de investigadores y peritos, entre otros. La última sesión se ha señalado para la jornada del 7 de noviembre.

Acusaciones, petición de penas y defensa

Personadas en este proceso hay dos acusaciones, la pública (Fiscalía) y la particular que en nombre del hijo mayor de la víctima ejerce el abogado Francisco Ruiz Marco. Ambas reclaman idéntica pena para Miguel López: 23 años por un delito de asesinato y 18 meses por otro de tenencia ilícita de armas con la agravante de parentesco. Otras dos hijas de la víctima fueron expulsadas del proceso al estar personadas como acusación pero no acusar a su cuñado y único sospechoso del crimen, a quien no consideran responsable de la muerte de su madre. La mujer de López optó por mantenerse al margen. La defensa, que ejerce el abogado Javier Sánchez-Vera, sostiene que su cliente no es el autor del crimen y pide su absolución.

La investigación y una concatenación de indicios

Miguel López fue detenido dos meses después del crimen como autor material e intelectual del mismo. La investigación no ha conseguido localizar el arma (una Webley-Scott o una FN modelo 1903 a juzgar por la munición) ni dar con testigos del asesinato, pero sí hilar una concatenación de pruebas indiciarias que llevaron al instructor, el magistrado José Luis de la Fuente, no sólo a acordar el ingreso del sospechoso en prisión (donde estuvo 39 días y de la que salió tras pagar una fianza de 150.000 euros y con la prohibición de no abandonar el país y de personarse en el juzgado todos los lunes, lo que ha venido haciendo desde marzo de 2017) sino a llevar el asunto hasta su enjuiciamiento desoyendo las reiteradas peticiones de archivo planteadas por la defensa.

La clave: ¿quién colocó el coche en el lavadero?

Una de las principales claves de este proceso se centran en la preparación del escenario del crimen: la colocación en el interior del lavadero del Porshe Cayenne que María del Carmen Martínez fue a recoger aquella tarde del 9 de diciembre de 2016 cuando fue tiroteada. Un lugar donde nunca se dejaban los coches una vez lavados, que se trasladaban al exterior. Máxime tratándose del de la propietaria del negocio, suegra del gerente y una persona mayor (tenía 72 años). Ningún trabajador movió el vehículo, según declararon todos ante el juez, y fue Miguel López la última persona que la vio con vida. Él y el encargado del lavadero, que fue quien la encontró ya tiroteada, y a quien aquella tarde, al igual que en días anteriores, su jefe le había enviado a hacer unas tareas fuera de Novocar. Las acusaciones sostienen que lo hizo para alejarle del lugar elegido para ejecutar el crimen: el lavadero.

Las bazas de la defensa

Sin haber localizado el arma homicida y sin que nadie viera o escuchara nada, el abogado de Miguel López apuntalará su defensa en la falta de pruebas directas que incriminen a su cliente. Se apoyará también en el análisis de los restos de ADN hallados en los casquillos, no coincidentes con los de López, y en el resultado negativo de la prueba de la parafina, utilizada por la Policía Científica para determinar si una persona ha disparado un arma por los restos que quedan en la piel (especialmente en las manos) y en la ropa.

El «olvido» de López de su entrada en casa

Entre los puntos oscuros de la declaración que Miguel López prestó ante el instructor se encuentra el «olvido» de la entrada de su casa tras comunicarle un empleado que su suegra había sido tiroteada. El acusado se encontraba en la vivienda de una de sus cuñadas, donde estaban reunidas las tres hijas de la víctima, y al salir hacia Novocar las cámaras del complejo de Vistahermosa donde entonces residían todos los Sala le captaron entrando en su vivienda. Allí permaneció unos tres minutos tras los que emprendió camino hacia su negocio. Un dato, el de la entrada en su domicilio, que el sospechoso obvió en su declaración ante el instructor y del que hasta la presentación del escrito de defensa casi dos años después no se dio una explicación: que había entrado para comunicarle a uno de sus hijos que no podía llevarle a la academia.

El reparto del patrimonio de los Sala Martínez

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El control del emporio empresarial como móvil

Investigadores y acusaciones fijan el móvil del crimen en la disputa por el control de la empresa del plástico (Samar Internacional) y motor económico de los Sala en el contexto de una familia rota y dividida en dos bandos enfrentados en lo que a esas alturas ya era una guerra abierta: el formado por María del Carmen, su hermana Toñi y su primogénito y el que conformaban las otras tres hijas de la víctima. El detonante fue la acción de oro que el expresidente de la CAM Vicente Sala legó a su mujer para que ésta se la traspasara a su hijo (lo que le daba el control de la empresa), algo que las tres mujeres no aceptaban. Tras el crimen y después de más de un año de duras negociaciones salpicadas de demandas y querellas cruzadas, los cuatros hermanos alcanzaron un acuerdo para separar su patrimonio. Un pacto por el que el hijo compró a sus hermanas sus participaciones en Samar. ¿El precio? 48 millones al contado, otros seis en cuatro años y su parte de la sociedad patrimonial (la que agrupa los inmuebles que posee la familia), que ahora es enteramente de las tres mujeres.

El jurado: siete para condenar y cinco para absolver

La presidenta del tribunal del jurado ya ha comunicado a 36 personas censadas en la provincia que han sido elegidas para conformar el jurado de este caso, del que al final formarán parte nueve una vez se resuelvan las renuncias (ya se han excusado diez) y las recusaciones (cada parte puede vetar a cuatro sin justificación alguna y a todos los que estimen siempre que se esgriman los motivos que después tendrá que valorar la juez). Para llegar a un fallo condenatorio es preciso que así lo vean siete de los nueve miembros mientras que basta con cinco para absolución.

La vía no se agota aquí: recursos al TSJ y al Supremo

Ocurra lo que ocurra, tanto si el veredicto es de culpabilidad como si lo fuera de inocencia, para la última palabra judicial en este caso quedan otras dos instancias (el Tribunal Superior de la Comunidad y el Supremo) a los que casi con toda seguridad recurrirá la parte cuyos argumentos no hayan sido estimados. Más del 94% de los juicios con jurado celebrados en Alicante concluyeron con un veredicto de culpabilidad, según la estadística que baraja el CGPJ.

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