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Los tribunales tendrán la última palabra en el proyecto de los macrodepósitos

Vecinos, ecologistas y EU irán a la Justicia para bloquear la iniciativa

Los tribunales tendrán la última palabra en el proyecto de los macrodepósitos

Colectivos vecinales, ecologistas y EU, contrarios a la instalación de los macrodepósitos de combustible en el puerto, se preparan para la batalla judicial, y recurrirán al Tribunal Superior de Justicia el cambio de concesión para acoger la terminal para mover combustible, una vez que la Autoridad Portuaria de Alicante ha cerrado la vía administrativa al rechazar los 14 recursos de reposición interpuestos contra la aprobación de la modificación de la concesión.

El Consejo de Administración del Puerto desestimó los recursos en su reunión del miércoles, y la resolución se ha publicado ya en el Boletín Oficial de la Provincia, con lo cual ahora el asunto deberá seguir un camino judicial, el mismo que inició Esquerra Unida con una denuncia por la vía de lo Contencioso Administrativo en 2007 para impedir la construcción de una planta para la fabricación de biodiésel, según apuntó ayer Miguel Ángel Pavón, portavoz de la Asociación de Humedales del Sur de Alicante y miembro de Esquerra Unida, partido que lideró la denuncia hace ahora doce años.

El camino fue largo, el Ayuntamiento había denegado la licencia y la promotora exigió una indemnización de 800.000 euros que acabaría desestimándose por un fallo del Tribunal Supremo en 2012, tras unas primeras sentencias a favor de la planta en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

«Si la modificación sustancial de la concesión se hace firme en vía administrativa queda una puerta abierta a que una planta de este tipo se instale en el puerto, ya sea con este proyecto o con otro distinto. Anular la modificación puede ser relevante para evitar indemnizaciones que pudiera pedir XC Bussines 90 por la posible denegación municipal de la licencia», señaló ayer Miguel Ángel Pavón, exedil de Urbanismo. «Lamentablemente, estamos ante otro conflicto entre puerto y ciudad que va a acabar judicializado ante la obstinación de la Autoridad Portuaria de atender los intereses generales de la ciudad y priorizar únicamente sus propios intereses económicos, quitándose de en medio del conflicto de forma irresponsable e interesada», subrayó Pavón.

Los colectivos que han visto cerrada la vía administrativa en el puerto -falta por ver en qué terminará el proceso abierto por el Ayuntamiento y el Consell para revisar al milímetro la tramitación del proyecto y el resultado del informe sobre seguridad pedido al Consell- son Controversia Alicante, Democracia en Verde, Ecologistas en Acción, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Gran Vía Sur-Puerto, Benalúa-Templete, Voz de la Florida, Barrio de San Gabriel, Cavecova y EU.

La promotora XC Bussines 90 tiene solicitada la licencia desde 2012 en el Ayuntamiento y, en principio, cuenta con los parabienes legales. El último espaldarazo lo ha recibido con el rechazo a los recursos de reposición interpuestos contra la modificación sustancial de los muelles 19 y 21 de los seis macrodepósitos de 26 metros de altura (cuestión arquitectónica) porque en el puerto se puede mover combustible desde 2015.

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