El juicio por el "caso Comercio" ya ha quedado visto para sentencia. La quinta y última jornada de la vista oral ha servido para que las partes (la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de Gabriel Echávarri y la compartida por los exasesores Lalo Díez y Pedro de Gea) defiendan los informes de las conclusiones. Tanto el fiscal como los abogados han mantenido la tesis defendida en las cuatro jornadas previas.

El fiscal Felipe Briones ha señalado a Echávarri por ser el "responsable" de la distribución en el área de Comercio, en alusión a la figura de Pedro de Gea como asesor de la concejalía. "Echávarri debe ser el autor material porque es la personal que diseñó la concejalía y quien procedía, de manera directa o indirecta, a firmar los contratos", ha apuntado, para a continuación señalar a los dos exasesores como "cooperantes necesarios". Además, el fiscal ha insistido en la modificación de créditos que dio pie a la llegada de unos 200.000 euros a la concejalía a finales del año 2016. También ha puesto el foco en los contratos menores: "El abuso de los contratos menores se puede hacer de manera sutil o tosca. Desmenuzar en contratos menores es favorecer la burla de los procesos de contratación", ha señalado Briones, quien ha lamentado que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento dejaran "solo" al Interventor. En conclusión del fiscal "todo lo que se podía hacer mal, se hizo mal", ha añadido antes de concluir afeando a Echávarri que no respondiera a las preguntas de la Fiscalía durante su interrogatorio del primer día: "Me generó tristeza".

Por su parte, José Díaz, el abogado del exalcalde socialista Echávarri, ha insistido en que su defendido ya asumió las consecuencias políticas, dimitiendo a mediados del pasado año, a la vez que ha subrayado la inexistencia de fraccionamiento en las 25 facturas en cuestión. "No se pueden agrupar artificialmente los contratos. Lo dice la doctrina del órgano competente", ha apuntado, a la vez que ha añadido que "los técnicos sí gestionaron algunos de los contratos". Además, ha recordado que los proveedores confirmaron que se trataban de "objetos distintos". Para concluir, el letrado ha apuntado a la Fiscalía: "A la acusación se le ha olvidado probar que haya habido fraccionamiento".

Por último, el abogado de los exasesores ha señalado que el Interventor reconoció que no había entrado en el fondo a la hora de analizar las facturas. "Se ha hecho una agrupación artificial. ¿Que no ha habido intervención de técnicos? Eso es falso, hay pruebas", ha añadido el letrado de Díez y De Gea, quien se ha dedicado a demostrar, a su juicio, que no existía una agrupación de las facturas por "unidad funcional". Ahí ha recordado que una técnico de Comercio admitió tramitar tres de las cuatro facturas de la Gala del Comercio, y que el propio jefe de servicio de Comercio, quien junto al Interventor advirtió el supuesto fraccionamiento en el inicio del caso, también fue responsable de otra factura, ésta relativa al bloque de "Mercados".

Así, el juicio ha quedado visto para sentencia. Sólo el exasesor Lalo Díez ha aprovechado el turno de última palabra para pedir la absolución, además de para recordar que han sido dos años de un proceso "nada agradable". La Fiscalía sigue firme en pedir para los tres acusados diez años de inhabilitación para cargo público por el presunto delito de prevaricación administrativa por el fraccionamiento de 25 contratos en la Concejalía de Comercio. Se espera que la sentencia se conozca en un plazo aproximado de un mes.