03 de octubre de 2019
03.10.2019

La Confederación del Segura cierra los pozos de Calasparra y deja a los agricultores del trasvase sin 10 hm3

El Gobierno amplía a tres meses el plazo para solicitar concesiones del agua de la desaladora de Torrevieja

03.10.2019 | 18:04
La Confederación del Segura cierra los pozos de Calasparra y deja a los agricultores del trasvase sin 10 hm3

El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprovechado el final del decreto de sequía en la cuenca del Segura -caducó el pasado 30 de noviembre y no se ha renovado- para cerrar, vía Confederación Hidrográfica del Segura, los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra, que se traduce en dejar sin cerca de 10 hm?3; de agua a los regantes del Tajo-Segura, que habían reclamado este caudal a principios de junio. Un nuevo golpe para los agricultores que dependen del trasvase de agua el Tajo, que coinciden con las alertas que llegan desde los embalses de la cabecera del Tajo, donde la reserva está en 455 hm?3;, a 55 hm?3; del cierre.

"Si llegamos al 'Trasvase cero' en noviembre, con el jaleo de las concesiones del agua de las plantas desaladoras y sin los pozos de sequía, ¿cómo se va a solucionar en esta cuenca la falta de agua?», se pregunta Lucas Jiménez, presidente del Scrats.

Los regantes esperan que el Ministerio les explique si hay posibilidad de hacer uso de esta batería de sondeos en el caso de que sea necesario sin el paraguas de ese Decreto de Sequía. «El secretario de Estado de Medio Ambiente nos dijo que no iba a faltar agua, ahora veremos qué formula se va a utilizar».

Otra de las cuestiones que preocupan a los regantes es la falta de la tubería que conecte la desaladora de Torrevieja con el azud de Ojós que permita llevar ese agua hasta, por ejemplo, Almería. «¿Cómo vamos a sacar ese agua, a cubos?», apunta Jiménez.

Las reservas de la cuenca del Segura han aumentado en la última semana en seis hectómetros cúbicos y se encuentran al 28,2% de su capacidad, con un total de 321 hm3 acumulados, lejos de la media de los últimos diez años, que es de 466 hm3. La DANA de principios del mes de septiembre ha ayudado a esta leve recuperación.

Por otro lado, Transición Ecológica ha ampliado a tres meses el plazo para que las comunidades de regantes soliciten, vía concesión, ya de manera oficial, los 80 hm3 de agua desalada que está previsto producir en la desaladora de Torrevieja cuando la planta esté a pleno rendimiento. En concreto, la Confederación Hidrográfica del Segura ha abierto el plazo para que cualquier entidad o persona física pueda solicitar la compra, mediante concesión, de agua desalada para uso agrícola.

A esto se une la solicitud de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, tan estatal como la Confederación, que ha reclamado una concesión para recibir 40 hectómetros de agua desalada para abastecer a los municipios de Alicante y Murcia.

Una petición que hará que, a medio plazo, de los 195 hectómetros de agua que requiere todos los años la Mancomunidad para garantizar el abastecimiento, 110 hectómetros serán ya de caudal desalado, lo que reducirá a la mitad la dependencia del trasvase del Tajo (80 hectómetros actuales al año). El resto, 45 hectómetros, proceden del propio río. Obviamente, el aumento de la dependencia del agua desalada repercutirá en el precio a pagar, tanto en el recibo doméstico como en el coste agrícola.

Y todo en un contexto en el que el Gobierno ha comunicado a los regantes que no habrá más renovaciones del decreto de sequía vigente desde hace dos años. La licitación abre un nuevo cisma del ministerio con los regantes, ya que se ha hecho sin contar con el Sindicato Central del Tajo-Segura ni con Riegos de Levante, lo que se interpreta como un nuevo movimiento de Transición Ecológica para dividir a los agricultores, ya que, cualquiera, hasta un particular, puede pedir concesión del agua desalada. Un movimiento más, por lo tanto, para imponer el agua desalada e ir reduciendo los aportes del Tajo al Segura.

El PP pide medidas urgentes


Por otro lado, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha registrado en Les Corts una iniciativa parlamentaria sobre la adopción de medidas urgentes para paliar las consecuencias de la sequía en la cuenca hidrográfica del Segura. El portavoz de Agua del Grupo Popular en las Cortes, José Císcar, ha explicado que la propuesta busca que se reconozca la situación de sequía hidrológica de la cuenca del Segura y que se adopten con carácter urgente, las medidas que resulten necesarias.

Entre ellas figuran la concesión de ayudas para que la adquisición del agua desalada no exceda de 0,30 €/m3, la plena operatividad de las baterías de pozos de sequía mientras dure la situación de sequía hidrológica, o la posibilidad de ejecutar nuevas infraestructuras mediante contratos de emergencia, en caso de ser necesario, así como que se habiliten los mecanismos contemplados en el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, y sus sucesivas prórrogas, para la obtención de los recursos hídricos necesarios para paliar los efectos negativos de la sequía.

Císcar ha recordado que la cuenca hidrográfica del Segura se encuentra en una situación de sequía hidrológica declarada desde el 9 de mayo de 2015, fecha en la que se publicó en el BOE el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara dicha situación y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.

"Este Real Decreto ha tenido varias prórrogas hasta el pasado día 30 de septiembre, fecha en la que el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, puso final mismo. Esta decisión –ha continuado Císcar- ha generado preocupación y descontento entre los regantes de la cuenca del Segura, ya que la situación de sequía no ha desparecido", ha señalado.

Por otra parte, en la iniciativa parlamentaria se recuerda que el pasado día 25 de septiembre el BOE publicó el "Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. de competencia de proyectos de la 2ª concesión de los volúmenes producidos por la desalinizadora de Torrevieja para regadío de las zonas del Trasvase Tajo-Segura en las provincias de Alicante, Murcia y Almería", una nueva fórmula que según Císcar "supone un cambio sustancial en la gestión del día a día del agua desalada que ha generado también temor entre las comunidades de regantes y que además provoca inseguridad jurídica al desconocerse el precio de adquisición del agua desalada y el tiempo de la concesión".

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