n La comisión de Medio Ambiente de las Cortes ha aprobado esta semana por una unanimidad una propuesta presentada por el PP en la que se insta al Ministerio para la Transición Ecológica a que condone la «deuda» que exige a los regantes por el sobrecoste de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, cifrada en una cantidad entre los 70 y los 100 millones de euros. El Gobierno mantiene bloqueada desde hace dos años la firma del convenio de explotación del trasvase, y desde finales de 2018 no llega una gota de agua del Júcar a la provincia de Alicante. El Gobierno exige a los agricultores el pago de los sobrecostes del trasvase tras el cambio unilateral del agua de Cortes al Azud de la Marquesa, en la que el agua es, además, de peor calidad. La propuesta consensuada reclama también el arreglo del embalse de San Diego, cerrado desde 2012.

Aguas del Júcar firmó en el 2007 un préstamo que debían pagar los regantes vía tarifa y que con los intereses alcanza hoy un total de 75 millones de euros. Llegaría después, sin embargo, el cambio de toma del agua y la ruptura del proyecto que provocó que el Ministerio se quedara solo, endosando a la Confederación Hidrográfica del Júcar la condición de usuario único de los caudales del Júcar-Vinalopó. Eran los tiempos de la guerra total que derivó, incluso, a situaciones tan surrealistas como que la sociedad estatal intentara, incluso, buscar socios en Jumilla y Yecla. Once años después, nadie ha sido capaz de solucionar el problema.

La falta de agua de calidad y la sobreexplotación de los acuíferos provoca que poblaciones como Elda, Salinas o Monóvar beban agua que se encuentra a 600 metros de profundidad, o que el agua que se capta en Villena para enviar a Alicante tenga un contenido en sal cercado a los 2.000 microsiemens, cantidad límite para la Organización Mundial de la Salud. La situación empieza a ser muy preocupante porque muchos agricultores tienen ya los acuíferos cerrados al confiar en que la llegada del agua del Júcar -tampoco la que ellos querían por la merma de la calidad- comenzaría a tener regularidad ya en 2018.