La Fiscalía mantiene la acusación contra Echávarri y sus dos exasesores en el "caso Comercio"

La jornada de hoy, la cuarta del juicio por el "caso Comercio", ha arrancado con los interrogatorios a los proveedores de los servicios. En total, nueve responsables de los contratos relativos a la Gala del Comercio, los mercados municipales y campañas en medios de comunicación. Tras las preguntas del Ministerio Público y de las defensas a los últimos testigos, el fiscal ha planteado que finalizase hoy el juicio con la lectura de las conclusiones, pese a que ayer defendió que ese último paso se mantuviera para este viernes. Finalmente, el tribunal ha decidido mantener las fechas previstas, así que el juicio finalizará mañana.

Los testigos han explicado la forma de contactar con el Ayuntamiento para realizar los trabajos que se tramitaron como contratos menores. Algunos hablaron con Pedro de Gea, al ser trabajos relativos a Comercio, otros con Lalo Díez, en su condición de jefe de Gabinete, al tratarse de cuestiones de publicidad en medios. Otros también han ratificado que se comunicaron con la administración local a través de técnicos de la Concejalía de Comercio, en alusión a los también testigos Rosa de la Iglesia y Diego Agulló (que junto al interventor fue quien alertó de un posible fraccionamiento, aunque no lo logró confirmar en su comparecencia del miércoles). Ningún proveedor ha reconocido tener contacto personal con algunos de los acusados, al margen de la relación profesional por el cargo que ocupaban en el Ayuntamiento. También han mantenido que la tramitación de los contratos fue el habitual, rechazando que se fraccionasen las facturas. Ningún testigo ha señalado haber tenido algún contacto con el exalcalde Echávarri.

Entre los momentos relevantes de las intervenciones de hoy, destacan cuando el gerente de Gráficas Juárez ha deslizado que Pedro de Gea actuaba como "concejal" cuando acudía a entrevistas en televisión y cuando el fiscal se ha alterado con el administrador de Makroprint por, a una pregunta suya sobre si los contratos se tramitaron por separado, añadir que los trabajos eran "independientes".

Una semana de declaraciones

La tercera sesión del juicio contra el exalcalde socialista Gabriel Echávarri y dos de sus asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, se inició el miércoles con las declaraciones de los representantes del área de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante. A continuación, fueron citados dos cargos políticos, Yaneth Giraldo (Cs) y Natxo Bellido (Compromís).

Tanto el jefe de los Servicios Jurídicos, Manuel Cordón, como el letrado asesor Pablo Núñez de Cela aseguraron que, según su criterio personal y profesional, no existió fraccionamiento de contratos en la tramitación de los 25 contratos de Comercio.

Cordón, el primer testigo de la jornada, reprochó al interventor municipal, que junto al técnico de Comercio pusieron la alerta sobre el posible troceo de los 25 contratos, que no hiciera "reparos" oficiales a la contratación en Comercio. "Hubiera sido el procedimiento adecuado si entendía que había fraccionamiento. No hizo reparos, hizo un informe y no un dictamen", apuntó el abogado, quien insistió en que su área "no es competente" en materia económica. "En el informe sólo entramos en el marco normativo porque es una cuestión de Intervención", prosiguió Cordón.

Por su parte, el letrado Núñez de Cela confirmó que el informe que realizó sobre los contratos ante la sospecha de un posible fraccionamiento lo pidió el interventor y matizó que aceptó el encargo para "evitar obstáculos", ya que señaló que el cauce correcto habría sido que el documento lo solicitase Alcaldía. "Siempre le dije al interventor que no podía determinar sus informes. Es su materia, no mi competencia. Aunque pidiera el alcalde el informe, Asesoría Jurídica no puede entrar a decir si hay fraccionamiento", apuntó el abogado municipal, quien admitió que le transmitió al alcalde y al interventor que, bajo su criterio, "no había fraccionamiento".

En la fase final de la sesión del miércoles fue el turno para técnicos del Ayuntamiento. Ignacio Mas, jefe de dinamización comercial, explicó que lo habitual es pedir tres presupuestos cuando el encargo supera los 500 euros, a la vez que insistió en que él rechaza cualquier factura que no haya tramitado él. A la vez, señaló que si un técnico rechaza una factura no puede entrar al sistema (donde sí estaban las 25 facturas en cuestión). Por su parte, Rosa de la Iglesia, también de la Concejalía de Comercio, detalló su participación en tres de las cuatro facturas relativas a la Gala de Comercio. Respecto a la tramitación de los contratos, la técnico dijo que compartía "la finalidad" de los contratos, pero subrayó que ella lo habría hecho "de otra forma". Al mismo tiempo, señaló que el dinero (más de 200.000 euros) que llegó a la concejalía a finales de 2016 con motivo de una modificación de créditos que rondaba los dos millones de euros fue un "dinero envenenado" por la premura de tiempo, ya que los contratos deberían tramitarse antes del 1 de enero de 2017. "Alertamos a De Gea que no había tiempo de hacer las cosas bien", apuntó.

El jefe de Mercados del Ayuntamiento, Diego Zaragoza, mantuvo la versión mantenida previamente por el jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló, de que "ningún técnico quería firmar las facturas" por haber sido contratadas supuestamente sin contar con los funcionarios: "Los trabajos no eran urgentes, aunque previamente se había dicho que era conveniente cambiar la señalética porque estaba desgastada". Zaragoza, según explicó, no estuvo presente en la concejalía durante la tramitación de las facturas al encontrarse de vacaciones. Por último, el funcionario Bruno Radermecker subrayó que participó en parte de la contratación de los vinilos en el mercado de Babel, además de señalar que informó de los trabajos a su superior Diego Agulló al ser trasladado al mercado de Benalúa.Principales testigos de la acusación

En la sesión del martes, los técnicos que alertaron de las presuntas irregularidades en las facturas de Comercio no pudieron concluir el miércoles si hubo un fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante.

Los dos funcionarios empezaron la declaración de manera contundente al asegurar que cuando se encontraron con las facturas les generaron muchas dudas y que, a su juicio, no se deberían haber tramitado como contratos menores. Sin embargo, a la hora de descender a los detalles del interrogatorio, reconocieron que no había más que "dudas" y que aún hoy siguen sin saber cuál debería haber sido la tramitación correcta.

El primero en declarar en la tercera sesión fue el actual alcalde de Alicante, Luis Barcala, que presentó la denuncia tanto en la Fiscalía como en el juzgado que puso en marcha este procedimiento aseguró que puso en conocimiento de la Justicia las irregularidades que habían detectado tanto el interventor, como el jefe de servicio de Comercio cuando les llegaron las facturas. "La Junta de Gobierno había anulado estos contratos el 4 de abril de 2017 y cuando pedimos el expediente, nos encontramos que no había nada de documentación que la respaldara. No existía ningún expediente de las 25 facturas, solo la firma en exclusiva del alcalde", explicó. Los reparos de estos dos técnicos fueron lo que les motivó a interponer la denuncia en su día.

Por su parte, el interventor municipal aseguró que tuvo conocimiento de estas facturas después de que el jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló, se las presentara en su despacho y manifestara que estaba "incómodo por las dudas que le suscitaba el modo legal para tramitarlos" y que "se intentó buscar una solución administrativa al problema", motivo por el que se solicitó un informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento sobre su legalidad. El interventor sostuvo que dicho informe no llegó a entrar en el fondo de la cuestión pero que mientras esperaban el dictamen él mismo procedía al análisis de la documentación para "obtener mis propias conclusiones". En esta línea, señaló que "todo era indiciario" y no había documentación que reflejara cuál era el objeto de los contratos. "Ordené las facturas por fechas y por proveedores y resultaron coincidentes", explicó, añadiendo que el importe sumado de estos grupos coincidentes "excedía el límite de 18.000 euros como contrato menor".

El interventor señaló que la fórmula elegida de anular los contratos y forzar a que se apruebe un expediente de modificación de créditos para su pago perseguía evitar el daño a los contratistas y que pudieran cobrarlas. Durante el interrogatorio, el interventor señaló que se limitó a hacer la agrupación, aunque desconocía cuáles eran los conceptos a los que se correspondían estas facturas. La defensa le preguntó por las distintas actuaciones en los mercados municipales y el interventor acabó admitiendo que parecían actuaciones diferentes, pero la sala cortó las preguntas en esta línea.

Por su parte, el jefe de servicio en Comercio que alertó de las presuntas irregularidades, Diego Agulló, explicó que ese año la concejalía había recibido 200.000 euros más en virtud de un expediente de modificación de créditos, un dinero con el que se pagaron las facturas ahora cuestionadas y otros servicios, y que se tenía que gastar antes de final de año. Agulló aseguró que los plazos estaban muy ajustados para poder sacar esos trabajos a concurso antes de que terminara el año, "ya que es un procedimiento que suele tardar unos cuatro meses". "Nosotros solemos tener un presupuesto de 164.000 euros por lo que ese año contamos con más recursos ordinarios", explicó.

El técnico recalcó que reunió las facturas que le resultaban sospechosas y las presentó ante el interventor. El testigo aseguró que había tres o cuatro lotes que no se deberían haber tramitado como contratos menores y que por este motivo hizo una agrupación por conceptos, aunque matizó que dicha clasificación fue "a título informativo". En dicha tabla comprobó que había una coincidencia entre las fechas y los proveedores, aunque también desconocía los servicios que correspondían a cada factura.

Agulló aseguró que ningún técnico quería firmar esas facturas, ni responsabilizarse. Agulló aseguró que aún hoy sigue sin saber si hubo o no hubo fraccionamiento y cuál debería haber sido la manera correcta de tramitar estas facturas. «Si a mi me lo explican, no habría puesto ningún reparo», explicó. Agulló ha estado acusado en otros procedimientos judiciales por presuntas irregularidades en sus informes de los que ha salido absuelto. Las defensas subrayaron que su situación por las imputaciones pudo influirle.

El juicio arrancó el lunes con los interrogatorios a los acusados. Ni el exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri, ni el que fuera su jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, ni el exasesor de Comercio Pedro de Gea quisieron responder a las preguntas de la Fiscalía durante el juicio que les ha llevado al banquillo por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. Los tres únicamente respondieron a las preguntas de sus respectivos abogados para defender su gestión y negar que se hubieran troceado contratos.

La declaración del que fuera la primera autoridad municipal durante el periodo investigado apenas llegó a los cinco minutos en los que negó tener vinculación alguna en la tramitación de los pagos investigados. Una brevedad que contrastó con la más de una hora de declaración que prestó en su día el exregidor en el juzgado de Instrucción en octubre de 2017, por lo que su decisión dejó descolocados a los dos fiscales Anticorrupción, Felipe Briones y Pablo Romero, presentes en el juicio. En el proceso estaba personado el ahora alcalde y entonces portavoz municipal del PP, Luis Barcala, como acusación particular, pero dos semanas antes del juicio se retiraron.

Aunque las defensas comparten despacho, el exalcalde y los exasesores tenían abogados diferentes, al igual que ya ocurrió durante la instrucción judicial. Mientras que a Echávarri le representa el letrado José Díaz, a los dos excargos de confianza les asiste Fernando Cazorla. Los exasesores coincidieron en señalar que se trataba de facturas por servicios diferentes y que no formaban parte de la misma "unidad funcional", mientras que el exalcalde aseguró que ni conoció los hechos hasta que algunos técnicos empezaron a poner reparos. Echávarri aseguró a preguntas de su abogado que "era rotundamente falso" que eligiera o contratara a las empresas que prestaron esos servicios.

"No tuve ninguna intervención hasta que en febrero de 2017, el jefe de gabinete me dijo que el jefe de servicio de Comercio le comentó que había unos problemas en esas facturas. Les dije que me las mandara, porque ni las tenía, y me puse a disposición de los técnicos y los servicios jurídicos, haciendo lo que me dijeron", aseguró. Según su versión, no tenía ninguna relación previa con las empresas contratadas para esos servicios, "ni sabía cuáles eran".

Ante la brevedad del interrogatorio, el fiscal pidió que se reprodujeran las declaraciones que Echávarri prestó en el juzgado de Instrucción subrayando que existían contradicciones entre lo que dijo en su día y lo que declaró ayer. Tras escuchar la grabación, mientras que desde el entorno del exalcalde se incidía que no había contradicción alguna; desde el Ministerio Público se subrayaba que en ellas sí se traslucía que aunque el político no conocía los pormenores de las operaciones, sí tenía un conocimiento general sobre las partidas y sobre el método en el que se iban a pagar los trabajos.