Los técnicos que alertaron de las presuntas irregularidades en las facturas de Comercio no pudieron concluir ayer si hubo un fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante. En la segunda jornada del juicio que sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial al exalcalde socialista Gabriel Echávarri y a dos de sus asesores, estaban citados además del primer edil actual Luis Barcala, el interventor municipal Francisco Guardiola y el jefe de servicio de Comercio Diego Agulló. Las acusaciones se apoyaron en los informes de ambos para poner en marcha esta causa judicial.

Los dos funcionarios empezaron la declaración de manera contundente al asegurar que cuando se encontraron con las facturas les generaron muchas dudas y que, a su juicio, no se deberían haber tramitado como contratos menores. Sin embargo, a la hora de descender a los detalles del interrogatorio, reconocieron que no había más que «dudas» y que aún hoy siguen sin saber cuál debería haber sido la tramitación correcta.

La Fiscalía Anticorrupción pide diez años de inhabilitación para Echávarri, así como para el que fuera su jefe de gabinete de Alcaldía Lalo Díez y el asesor que llevaba el día de la concejalía de Comercio Pedro de Gea. Se les acusa de haber troceado a finales de 2016 un total de 25 facturas por importe de 180.000 euros para poder adjudicarlas mediante contratos menores, eludiendo la obligación de sacar esos trabajos a concurso. Los técnicos dividieron estas facturas investigadas en tres bloques: la gala de Comercio; la campaña publicitaria de Navidad y la renovación de la imagen de los mercados municipales.

Unidad funcional

Las defensas sostienen que todos estos lotes eran por conceptos diferentes y que no existía una «unidad funcional» entre estos conceptos. De todas maneras, la sala cortó cualquier intento de que se preguntara en detalle a los testigos sobre las facturas para que se pronunciaran sobre si se trataba de los mismos conceptos. «Si hay unidad funcional o no, es una valoración jurídica que haremos nosotros», advirtió el presidente del tribunal, José Daniel Mira-Perceval, a los abogados de la defensa. No obstante los técnicos reconocieron que la «unidad funcional» era algo «interpretable».

El primero en declarar ayer fue el actual alcalde de Alicante, Luis Barcala, que presentó la denuncia tanto en la Fiscalía como en el juzgado que puso en marcha este procedimiento aseguró que puso en conocimiento de la Justicia las irregularidades que habían detectado tanto el interventor, como el jefe de servicio de Comercio cuando les llegaron las facturas. «La Junta de Gobierno había anulado estos contratos el 4 de abril de 2017 y cuando pedimos el expediente, nos encontramos que no había nada de documentación que la respaldara. No existía ningún expediente de las 25 facturas, solo la firma en exclusiva del alcalde», explicó. Los reparos de estos dos técnicos fueron lo que les motivó a interponer la denuncia en su día.

Por su parte, el interventor municipal aseguró que tuvo conocimiento de estas facturas después de que el jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló, se las presentara en su despacho y manifestara que estaba «incómodo por las dudas que le suscitaba el modo legal para tramitarlos» y que «se intentó buscar una solución administrativa al problema», motivo por el que se solicitó un informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento sobre su legalidad. El interventor sostuvo que dicho informe no llegó a entrar en el fondo de la cuestión pero que mientras esperaban el dictamen él mismo procedía al análisis de la documentación para «obtener mis propias conclusiones». En esta línea, señaló que «todo era indiciario» y no había documentación que reflejara cuál era el objeto de los contratos. «Ordené las facturas por fechas y por proveedores y resultaron coincidentes», explicó, añadiendo que el importe sumado de estos grupos coincidentes «excedía el límite de 18.000 euros como contrato menor».

El interventor señaló que la fórmula elegida de anular los contratos y forzar a que se apruebe un expediente de modificación de créditos para su pago perseguía evitar el daño a los contratistas y que pudieran cobrarlas. Durante el interrogatorio, el interventor señaló que se limitó a hacer la agrupación, aunque desconocía cuáles eran los conceptos a los que se correspondían estas facturas. La defensa le preguntó por las distintas actuaciones en los mercados municipales y el interventor acabó admitiendo que parecían actuaciones diferentes, pero la sala cortó las preguntas en esta línea. Para el interventor con una memoria explicativa de estas actuaciones se podían haber evitado estas sospechas.

Dinero extra

Por su parte, el jefe de servicio en Comercio que alertó de las presuntas irregularidades, Diego Agulló, explicó que ese año la concejalía había recibido 200.000 euros más en virtud de un expediente de modificación de créditos, un dinero con el que se pagaron las facturas ahora cuestionadas y otros servicios, y que se tenía que gastar antes de final de año. Agulló aseguró que los plazos estaban muy ajustados para poder sacar esos trabajos a concurso antes de que terminara el año, «ya que es un procedimiento que suele tardar unos cuatro meses». «Nosotros solemos tener un presupuesto de 164.000 euros por lo que ese año contamos con más recursos ordinarios», explicó.

«De repente empezaron a entrar facturas en la concejalía que no había encargado ninguno de los técnicos», aseguró y estimó que creía que todos esos trabajos debían de haber sido encargados directamente por Pedro de Gea, quien como asesor en Comercio, era quien llevaba el día a día de esta concejalía. «Nadie comprobó técnicamente la realidad de estos trabajos, pero era obvio que se habían realizado», aseguró.

El técnico recalcó que reunió las facturas que le resultaban sospechosas y las presentó ante el interventor. El testigo aseguró que había tres o cuatro lotes que no se deberían haber tramitado como contratos menores y que por este motivo hizo una agrupación por conceptos, aunque matizó que dicha clasificación fue «a título informativo». En dicha tabla comprobó que había una coincidencia entre las fechas y los proveedores, aunque también desconocía los servicios que correspondían a cada factura.

Agulló aseguró que ningún técnico quería firmar esas facturas, ni responsabilizarse. Agulló aseguró que aún hoy sigue sin saber si hubo o no hubo fraccionamiento y cuál debería haber sido la manera correcta de tramitar estas facturas. «Si a mi me lo explican, no habría puesto ningún reparo», explicó. Agulló ha estado acusado en otros procedimientos judiciales por presuntas irregularidades en sus informes de los que ha salido absuelto. Las defensas subrayaron que su situación por las imputaciones pudo influirle.