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Segunda jornada del juicio

Barcala intenta pasar página de su denuncia: «Soy testigo»

El alcalde del PP y el acusado Gabriel Echávarri se saludan fríamente en los pasillos de la Audiencia y ni se miran en la sala

Imagen de la señal de cámaras ofrecida a los medios de la sala. pilar cortés

El alcalde, Luis Barcala (PP), llegó primero a la Audiencia Provincial. Lo hizo recorriendo la plaza del Ayuntamiento por un lateral, junto a su jefe de Gabinete y en calidad de testigo, después de su reciente renuncia a continuar con la acusación particular en el «caso Comercio», pese a que él fue quien judicializó el asunto municipal, al llevarlo de inicio a Fiscalía y poco después al juzgado. Apenas unos minutos después, hizo acto de presencia su antecesor, Gabriel Echávarri (PSOE), que como el primer día del juicio fue el último de los protagonistas en acceder a las dependencias judiciales.

Dentro, el popular y el socialista, el actual y el anterior alcalde de Alicante, el testigo y el acusado, se dieron la mano. Ése fue el único contacto entre ambos. Correcto, sin más. Sin palabras de por medio. Ya dentro de la sala del juicio, ni se miraron a la cara. Barcala llegó calmado, y así se mostró durante el interrogatorio a cargo de la Fiscalía, aunque a preguntas de la defensa evidenció cierto nerviosismo. De hecho, fue él, abogado de profesión, quien recordó su condición en el proceso, tras ser cuestionado por otros procedimientos administrativos análogos en su etapa anterior como concejal del equipo de gobierno, en el periodo de Sonia Castedo como alcaldesa. «Yo soy testigo», enfatizó el regidor, quien también elevó el tono al ser acusado, de nuevo por la defensa de Echávarri, de haber presentado una denuncia de carácter político: «Yo no le exigí [a Echávarri] que dimitiera, solo le pedí coherencia». El socialista renunció oficialmente al cargo en abril de 2018. Días después, Barcala accedió a la Alcaldía en un polémico pleno marcado por el voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Podemos).

Tras su intervención, la declaración más breve de la mañana, Barcala se marchó de la Audiencia Provincial. Sin hacer declaraciones, ni a la entrada ni a la salida. Se fue camino al entorno del Teatro Principal, donde se tomó un café con la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís). Ahí, en dependencias judiciales, dejó al socialista Echávarri y al resto de acusados, los dos exasesores Lalo Díez y Pedro de Gea.

Con Barcala fuera de los focos, llegó el turno para los otros dos testigos de la jornada (la segunda de un juicio que se prolongará hasta el viernes). El interventor municipal, Francisco Guardiola, y el que fuera jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló, fueron los primeros en dejarse ver ayer por la Audiencia. Llegaron juntos, también por el lateral de la plaza. Juntos también se tomaron un café, en un receso concedido por el tribunal a media mañana, tras la comparecencia de Guardiola y a la espera de la intervención de Agulló. Ambos también coincidieron a la hora de solicitar a los magistrados que su imagen no se emitiera en la señal facilitada a los medios, que solo pudieron grabar el sonido.

Tensión

En sus intervenciones en calidad de testigos, sobre todo a preguntas de la defensa de los exasesores, se evidenciaron las sempiternas guerras internas en el Ayuntamiento. Las tensas relaciones, por ejemplo, entre Intervención y Servicios Jurídicos (los dos abogados que participaron en el proceso declaran hoy). Al respecto, el interventor reveló ayer una supuesta conversación con los letrados del Ayuntamiento. «Tú no eres mi jefe», le espetaron, según Guardiola, desde Servicios Jurídicos al solicitar la realización de un informe que, a priori, debería esclarecer si había, o no, fraccionamiento de contratos en Comercio. Hubo informe, pero no se aclaró nada.

Esas difíciles relaciones no solo se han constatado en este caso, aunque en esta ocasión se han llevado ante la sede judicial. No hace tanto, a finales del pasado año, también quedó patente esa animadversión entre áreas por unos contratos del Patronato de Vivienda, que enfrentaron al interventor del Ayuntamiento y al gerente del ente autónomo, Gaspar Mayor. El asunto provocó la convocatoria de una comisión de investigación a nivel municipal, al igual que pasó en Comercio. En este caso, en el que se señalaba a concejales del PP, del PSOE y de Guanyar (por afectar a varios gobiernos del convulso pasado mandato), nadie lo llevó al juzgado ni a Fiscalía.

Por la Audiencia, siguiendo la extensa citación de testigos, hoy pasarán, entre otros, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido (en calidad de exportavoz del tripartito que gobernó Alicante entre 2015 y 2017), y la ahora diputada autonómica de Ciudadanos Yaneth Giraldo (que interpuso conjuntamente con el PP la denuncia en el juzgado, aunque no dio el paso de ejercer como acusación).

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