La tercera sesión del juicio contra el exalcalde socialista Gabriel Echávarri y dos de sus asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, se ha iniciado con las declaraciones de los representantes del área de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante. A continuación, han sido citados los dos cargos políticos, Yaneth Giraldo y Natxo Bellido. En total, estaba previsto que a la Audiencia Provincial acudiesen una decena de testigos, aunque la Fiscalía y la defensa han renunciado a dos testigos, dos técnicos municipales. El juicio por supuesta prevaricación administrativa se prolongará hasta este viernes.
Tanto el jefe de los Servicios Jurídicos, Manuel Cordón, como el letrado asesor Pablo Núñez de Cela han asegurado que, según su criterio personal y profesional, no existió fraccionamiento de contratos en la tramitación de los 25 contratos de Comercio.
Cordón, el primer testigo de la jornada, ha reprochado al interventor municipal, que junto al técnico de Comercio pusieron la alerta sobre el posible troceo de los 25 contratos, que no pusiera "reparos" oficiales a la contratación en Comercio. "Hubiera sido el procedimiento adecuado si entendía que había fraccionamiento. No hizo reparos, hizo un informe y no un dictamen", ha apuntado el abogado, quien ha insistido en que su área "no es competente" en materia económica. "En el informe sólo entramos en el marco normativo porque es una cuestión de Intervención", ha proseguido Cordón, quien ha venido a confirmar las tensas relaciones entre ambos departamentos que se evidenciaron durante la comparecencia de ayer de Francisco Guardiola: "Le he dicho varias veces al interventor que no es mi jefe. No soy el asesor personal de Intervención".
Por su parte, el letrado Núñez de Cela ha confirmado que el informe que realizó sobre los contratos ante la sospecha de un posible fraccionamiento lo pidió el interventor y ha matizado que aceptó el encargo para "evitar obstáculos", ya que ha señalado que el cauce correcto habría sido que el documento lo solicitase Alcaldía. "Siempre le dije al interventor que no podía determinar sus informes. Es su materia, no mi competencia. Aunque pidiera el alcalde el informe, Asesoría Jurídica no puede entrar a decir si hay fraccionamiento", ha apuntado el abogado municipal, quien ha admitido que le transmitió al alcalde y al interventor que, bajo su criterio, "no había fraccionamiento". Núñez de Cela ha explicado que no analizó "pormenorizadamente" las facturas, al igual que vino a reconocer ayer el interventor en su intervención ante el tribunal. "Veo el objeto de cada una de ellas", ha concretado el abogado.
A continuación ha sido el turno de la exportavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, que presentó de manera conjunta con Echávarri la denuncia en el juzgado, aunque finalmente no se presentó como acusación particular. El interrogatorio de la hoy diputada ha sido muy breve, apenas se han limitado a preguntarle cuándo se enteró del caso y qué elementos había en el expediente que solicitó para conocer en detalle las polémicas facturas. El tramo político del día se ha completado con el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, que ha sido llamado como testigo en su calidad de portavoz del tripartito. Bellido ha explicado que el alcalde les informó del caso poco antes de elevarse el asunto a Junta de Gobierno, en una reunión en la que también participó el vicealcalde y portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón. El concejal ha explicado que durante sus años con competencias de gobierno se encargaba personalmente de firmar las facturas, a la vez que ha recordado que fue el tripartito quien restituyó en el puesto de interventor a Francisco Guardiola, que fue relegado del puesto en la etapa de Sonia Castedo.
En la fase final de la sesión de hoy ha sido el turno para técnicos del Ayuntamiento. Ignacio Mas, jefe de dinamización comercial, ha explicado que lo habitual es pedir tres presupuestos cuando el encargo supera los 500 euros, a la vez que ha insistido en que él rechaza cualquier factura que no haya tramitado él. A la vez, ha señalado que si un técnico rechaza una factura no puede entrar al sistema (donde sí estaban las 25 facturas en cuestión). Por su parte, Rosa de la Iglesia, también de la Concejalía de Comercio, ha detallado su participación en tres de las cuatro facturas relativas a la Gala de Comercio. Respecto a la tramitación de los contratos, la técnico ha dicho que compartía "la finalidad" de los contratos, pero ha subrayado que ella lo habría hecho "de otra forma". Al mismo tiempo, ha señalado que el dinero (más de 200.000 euros) que llegó a la concejalía a finales de 2016 con motivo de una modificación de créditos que rondaba los dos millones de euros fue un "dinero envenenado" por la premura de tiempo, ya que los contratos deberían tramitarse antes del 1 de enero de 2017. "Alertamos a De Gea que no había tiempo de hacer las cosas bien", ha subrayado.
El jefe de Mercados del Ayuntamiento, Diego Zaragoza, ha mantenido la versión mantenida ayer por el jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló, de que "ningún técnico quería firmar las facturas" por haber sido contratadas sin contar con los funcionarios. "Los trabajos no eran urgentes, aunque previamente se había dicho que era conveniente cambiar la señalética porque estaba desgastada". Zaragoza, según ha explicado, no estuvo presente en la concejalía durante la tramitación de las facturas al encontrarse de vacaciones. Por último, el funcionario Bruno Radermecker ha subrayado que participó en parte de la contratación de los vinilos en el mercado de Babel, además de señalar que informó de los trabajos a su superior Diego Agulló al ser trasladado al mercado de Benalúa.
Mañana, último día de las declaraciones de los testigos, una jornada reservada para los representantes de los proveedores.
