El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante desestimó este martes por unanimidad -el concejal de Compromís, Natxo Bellido, se ausentó de la votación tras mostrar su postura contraria al proceso- los 14 recursos de reposición presentados contra la modificación de la concesión de los muelles 19 y 21 para posibilitar la construcción de seis macrodepósitos de combustible.

El paso adelante dado por el consejo certifica la aprobación del pasado 25 de julio abriendo la puerta al proyecto de XC Bussines 90, y vuelve a dejar la pelota en el tejado del Ayuntamiento y la Generalitat. El Puerto reitera que desde el punto de vista de la normativa ya ha terminado su camino, porque las competencias en medio y ambiente y seguridad son municipales y autonómicas. Como sucedió en el consejo del 25 de julio, el Puerto volvió este martes a refugiarse en la normativa y se quitó de en medio. El alcalde, Luis Barcala, consejero del Puerto, no asistió a la reunión por estar prestando declaración como testigo en el juicio sobre el presunto fraccionamiento de contratos en el Comercio por parte del exalcalde Gabriel Echávarri. En julio no asistió a la reunión del consejo porque coincidía con el pleno ordinario que se celebra el último jueves de cada mes.

Barcala y la consellera Mireia Mollà, se comprometieron la semana pasada a intentar parar los depósitos por la vía administrativa (revisión de todo el proceso) y por la ambiental y de seguridad, con base en el informe reclamado al Consell por el edil de Urbanismo, Adrián Santos. Según el Puerto, «los recursos presentados por algunas asociaciones vecinales y ecologistas (13 de ellos en idénticos términos), reflejan, en líneas generales, una reiteración de las alegaciones ya presentadas durante el periodo de exposición pública», apuntó en un comunicado.

Los recursos cuestionaban la legalidad del procedimiento administrativo y mostraban la preocupación por la seguridad de los ciudadanos, y la conservación del medioambiente. Sin embargo, el consejo subrayó este martes que en el trámite de la solicitud de modificación de la concesión se siguió con rigurosidad las previsiones de la legislación aplicable.

En cuanto a las alegaciones relativas a la seguridad de las personas y el impacto medioambientales, los recurrentes exigían, según el Puerto, determinados aspectos técnicos que, «sin duda, han de ser observados, en otra fase de desarrollo del proyecto». No obstante, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante no exige al trámite en la modificación de la concesión aprobada en julio y ratifica este martes. «Solamente se autoriza que la empresa concesionaria pueda ceder unos terrenos para que otra los explote con un proyecto determinado, cuya autorización no corresponde a la Autoridad Portuaria», subrayó el Puerto en una nota.

La Autoridad Portuaria insistió en su comunicado que no ostenta las competencias en materia de seguridad y medio ambiente que afectan al proyecto, por lo que XC Bussines 90 S.L., está obligada a obtener los certificados y licencias necesarias, en materia urbanística, medioambientales y de seguridad, que exija la legislación.

En el consejo se comunicó que el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera, pasa a ser vicepresidente de la Autoridad Portuaria en sustitución del fallecido empresario Enrique Garrigós.

Rehabilitación de la zona de ocio frente al Meliá

El Consejo de Administración aprobó la modificación sustancial de la concesión otorgada a Comercial Marina, por la que se prorroga el plazo de la misma, inicialmente previsto para 2023, por 15 años, hasta 2038. Comercial Marina ha presentado un proyecto de inversión por importe de 6,5 millones de euros, que deberá ejecutar en un plazo de 12 meses para rehabilitar toda la zona de ocio. Las actuaciones contempladas en el proyecto de inversión tienen por objeto mejorar las propias instalaciones, así como zonas comunes del entorno portuario, mejorar la eficiencia energética y la calidad ambiental.