El alcalde de Alicante Luis Barcala ha defendido esta mañana en el juicio por el fraccionamiento de contratos en la concejala de Comercio la denuncia que presentó en su día por estos hechos y que motivaron la apertura del procedimiento. Barcala ha asegurado que los informes tanto del interventor como del jefe de servicio de Comercio Diego Agulló reflejaban dudas sobre la legalidad de los contratos denunciados y que se podía estar usando la figura del contrato menor para eludir el procedimiento administrativo.
En el banquillo se sientan el exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri y dos de sus asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, acusados de haber troceado contratos en 25 facturas por importe de más de 180.000 euros. Barcala estaba personado como acusación particular por el PP en esta causa pero se retiró dos semanas antes del juicio.
El actual alcalde aseguró que tuvieron conocimiento de los hechos en abril de 2017 a raíz de la anulación por parte de la Junta de Gobierno de esas facturas. Al pedir copia del expediente se encontraron con que éste no existía y no había ningún informe previo de los técnicos para encargar estos trabajos.
Por su parte, el interventor aseguró que fue el técnico Diego Agulló quien le alertó de sus reparos sobre estas facturas y ante las dudas solicitó un informe a los servicios jurídicos, aunque él inició sus propias comprobaciones. De ese estudio se determinó que había coincidencias entre la fecha de las facturas y los proveedores, motivo por el que se suscitaron las dudas sobre el fraccionamiento. Sin embargo, a preguntas de las defensas señaló que no se pararon a examinar la naturaleza de los trabajos y si correspondían a conceptos distintos como plantean las defensas.
El técnico Diego Agulló ha asegurado que aún hoy nadie le ha aclarado cómo tendrían que haberse tramitado esas facturas y que a él desde el principio le generaron muchas dudas. "Ningún técnico quería firmarlas", ha sostenido.
Escucha en el siguiente vídeo la declaración de Barcala.
Las intervenciones de los tres testigos se producen un día después de que el exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri y dos de sus entonces asesores municipales, Lalo Díez y Pedro de Gea, negasen la existencia de un supuesto delito de fraccionamiento de contratos cometido desde la Concejalía de Comercio.
Los tres se enfrentan a una posible pena de 10 años de inhabilitación, a petición del Ministerio Fiscal, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por la adjudicación directa de hasta 25 contratos menores.
