Los municipios de la provincia han asumido la titularidad de 227 kilómetros de viales de los que la Generalitat y al Diputación no quieren hacerse cargo. La pasada primavera entró en vigor el nuevo Catálogo del Sistema Viario de la Comunidad Valenciana, que incluye las carreteras autonómicas y provinciales y recoge el traspaso a los ayuntamientos de cerca de 440 tramos en toda la Comunidad, 150 de ellos en las comarcas alicantinas. A partir de ahora son los consistorios los que tienen que asumir su mantenimiento.
El citado catálogo sustituye al que la Generalitat aprobó en 2013, con el PP en el gobierno, y que fue anulado el año pasado por el Tribunal Supremo al carecer de la memoria económica preceptiva. El proceso judicial fue iniciado por el Ayuntamiento de Benidorm, que no quería asumir el cuidado del acceso a Terra Mítica. En una primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio la razón a la Generalitat, al igual que ocurrió con otros municipios como Benijófar y Guardamar del Segura, que también recurrieron el catálogo viario y que fueron condenados a pagar las costas de los respectivos procesos. Todo esto quedó anulado con el fallo del Supremo.
Sin embargo, subsanado el error de forma e incorporada la memoria económica al documento, la Generalitat y la Diputación transfieren a los ayuntamientos bastantes más tramos de carretera que en 2013. Si entonces eran 88, ahora son 150, de los cuales 79 son cedidos por la institución provincial y 71 por el Consell. Entre ellos vuelve a estar el acceso a Terra Mítica que motivó la reclamación del Ayuntamiento de Benidorm, que en su día cifró el mantenimiento de este vial en 1,7 millones de euros anuales.
La mayoría de los tramos transferidos son travesías urbanas o accesos a las poblaciones, o bien trazados que han quedado en desuso o han perdido tráfico al ser sustituidos. También los hay que comunican dos núcleos urbanos muy próximos entre sí. Ejemplos de esto último son las antiguas carreteras CV-828 y CV-822, que conectaban Alicante con San Vicente del Raspeig y Villafranqueza, respectivamente; ambas han dejado de ser titularidad de la Diputación para convertirse en simples avenidas o viales municipales. Tampoco tiene ya la condición de carretera la antigua CV-911 por el casco urbano de Rafal, al existir la ronda que conecta Callosa de Segura con el Hospital de la Vega Baja, competencia de la Generalitat y que se ha quedado la misma denominación. Asimismo, Castalla y Onil ya no están unidas por la CV-815, sino por una avenida de cuyo mantenimiento se encargan ambos municipios en sus respectivos términos. El acceso sur a Sax desde la A-31 (antigua CV-829) es ahora una calle, mientras que la carretera CV-736 entre Dénia y Xàbia ha sido rebajada a camino, lo mismo que el vial que comunica Agost con su estación (antigua CV-826), o el de Orihuela a la pedanía de Molins (antigua CV-922). Mientras, en Muro se ha cedido al Ayuntamiento el mantenimiento de la travesía de la CV-700.
Algunos ayuntamientos presentaron alegaciones al proyecto de Catálogo del Sistema Viario, pero no se estimaron. Por ejemplo, el de Tibi argumentó que no tenía medios para asumir la conservación de la antigua CV-815 en la zona del Maigmó, un tramo de más de seis kilómetros que ha quedado casi como vía de servicio de la autovía A-7. La Generalitat respondió que el único tráfico que tiene este vial ahora mismo es el de acceso a las fincas colindantes y que, además, el consistorio siempre puede regular o limitar el uso de estos caminos según lo requieran las circunstancias.
Rechazo en algunas localidades a recibir las transferencias
Rechazo Al igual que sucedió hace seis años, hay municipios que han rechazado la transferencia de carreteras porque estiman que no podrán afrontar su mantenimiento. Aparte de Tibi, que presentó una alegación al proyecto, el Ayuntamiento de Novelda ha mostrado su negativa a hacerse cargo del acceso norte a la población y del vial que conduce al castillo de la Mola, así como del tramo inicial de la carretera hacia La Romana, tal y como publicó este periódico hace unas semanas. El equipo de gobierno ha pedido negociar la cesión al Consell y la Diputación.
