Los diputados del PP en Las Cortes José Císcar y Eva Ortiz han presentado una proposición no de ley para que se inste al Consell a acometer «con la máxima urgencia todas las actuaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, infraestructuras y medidas contempladas en el Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana para la comarca de la Vega Baja», según la propuesta presentada ya en el registro de entrada en Las Cortes. El Patricova está en vigor desde el año 2003, aunque a principios de esta década se revisó y actualizó hasta que fue aprobado por decreto del Consell en octubre de 2015 (ya bajo el Gobierno del Botànic, aunque el grueso del trabajo de revisión y actualización se ejecutó cuando era la consellera competente Isabel Bonig). Este documento, con normativa urbanística de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos valencianos, identifica las zonas de mayor riesgo de inundación y define las obras para reducir el peligro respecto a la población.
Por ello, el grupo parlamentario popular solicita que «se apruebe con la máxima rapidez posible un calendario de actuaciones para la plena ejecución del Patricova en toda la Comunitat Valenciana, dando prioridad las que deben realizarse en los municipios catalogados con el máximo nivel de riesgo global integrado». Los diputados del PP también piden que el Consell se dirija al Gobierno de España para exgirle toda la implicación que, competencial, financiera y técnicamente, resulte necesaria para la ejecución de las obras, infraestructuras y medidas reseñadas en el Patrivoca».
El Patrivoca en vigor desde octubre de 2015 prevé cinco medidas para la zona de la Vega Baja identificadas en la ficha bautizada como «Plan integral del río Segura». Entre las medidas previstas se incluye un «estudio hidrológico e hidráulico especial de modelación matemática 2D con el detalle suficiente para la simulación de las situaciones actual y futura»; la construcción de tres presas en Arroyo Grande, Tabala y conjunto Ramblas Seca, Salada y Torregorda, que disminuyan la magnitud de las crecidas del río; la protección de los núcleos urbanos con «diferentes posibilidades como un bypass de 3 kilómetros del río a su paso por Orihuela, colectores de la rambla Abanilla, San Cayetano-Amorós-Hondo y el del Convenio, además de diques vegetados alejados del cauce del río para núcleos urbanos en los laterales del valle».
El Patricova también aconseja para el entorno del río Segura diseñar «zonas de sacrificio interiores para laminación de la inundación» que actuarían como «vías preferentes de flujo desbordado hacia la desembocadura del Segura». Como «alternativa» también se preveía la construcción de «un nuevo encauzamiento de mayor capacidad con trazado por el fondo del valle y un coste estimado de 90 millones». Ninguna de estas actuaciones «se ha ejecutado, a pesar de estar previstas desde 2003, cuando se aprobó por primera vez el Patricova», critica el diputado José Císcar.
