El Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por los socialistas para decretar las comarcas afectadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil. Esta iniciativa,explicó el presidente del grupo de los socialistas valencianos en la Cámara Baja, Alejandro Soler, supone «ayudas directas e indirectas para ayudar a las víctimas de la catástrofe que hemos sufrido en los últimos días en la Comunidad Valenciana y que se ha cobrado la vida de tres personas en la Vega Baja».

Soler celebró que la medida haya contado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Soler aseguró que «tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el Consell de Ximo Puig ya han puesto todos los mecanismos en marcha para garantizar la recuperación de dos comarcas clave no solo para la Comunidad Valenciana, sino para todo el arco mediterráneo».

El texto, que defendió el diputado socialista José Manuel Franco, contempla el estudio de los daños producidos por los «incidentes climatológicos y otros siniestros ocurridos» en los meses de junio, julio, agosto así como los del último fin de semana en la Comunidad Valenciana. La iniciativa insta al Gobierno a la elaboración de un informe que estime los daños y «determine y cuantifique el alcance de los hechos». La propuesta reclama que se proceda a «la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil de los municipios afectados», así como a «aplicar las que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las incidencias climáticas». En concreto, «ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas, en las administraciones, y por los gastos ocasionados». Las ayudas contemplarían indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas; beneficios fiscales; bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social; líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles y automóviles dañados; y la concesión de anticipos o créditos extraordinarios por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones.

Los ayuntamientos de Rojales y Rafal aprobaron ayer sumarse a la petición para que el Gobierno declare como zona catastrófica a la Vega Baja como ya han hecho Orihuela, Redován y tienen previsto hacer otras localidades. La Diputación también ha realizado esta petición.