El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado una moción en la que propone al pleno la creación, de manera urgente, de una comisión no permanente que se encargue del estudio y evaluación del cumplimiento de la contrata de limpieza de los centros escolares y dependencias municipales, ante las deficiencias y presuntas irregularidades del servicio que, según afirmaron ayer fuentes socialistas a través de un comunicado, se vienen denunciando desde verano de 2018. A ello se une la opacidad que, según criticaron las mismas fuentes, ha mantenido durante todo este tiempo el equipo de gobierno del PP a pesar de las reiteradas peticiones de los socialistas para fiscalizar el servicio, el cual aseguraron que está bajo sospecha.

El portavoz municipal socialista, Paco Sanguino, manifestó que esta iniciativa que se llevará al pleno viene como consecuencia de las numerosas quejas de los centros escolares y de los trabajadores de la empresa, algo que motivó -al menos en teoría, porque según denunció, no se ha podido comprobar-, la apertura de un expediente de investigación interno que estaba en manos de los técnicos municipales. Al respecto, Sanguino recordó que el exedil Israel Cortés aseguró que, en caso de detectarse alguna irregularidad en el servicio, se aplicarían las deducciones procedentes según el contrato y las medidas oportunas.

Acerca de esta cuestión, la concejal socialista Llanos Cano denunció que no se ha dado traslado de ninguna documentación ni se ha informado debidamente a este grupo político de las investigaciones llevadas a cabo, tal y como solicitó en su día. En este sentido, afirmó que «ante la ausencia total de información sobre este caso, que preocupa y afecta a un importante colectivo, cosa que es inadmisible porque hablamos que en juego está la salud de los niños, por poner un ejemplo, se pidió por registro el 5 y 12 de agosto documentación al objeto de conocer la situación de los centros». Sin embargo, pese a recurrir a esa vía «no ha habido tampoco contestación».

La empresa que lleva a cabo en la actualidad estos servicios es la UTE Limpial, compuesta por las mercantiles Clece SA y Fissa Finalidad Social. El contrato, según recordaron fuentes socialistas ayer, se firmó en 2018 por una duración de dos años y posibilidad de prórroga de otros dos.