Empresas tecnológicas en vez de depósitos de combustible. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Alicante acordó ayer apoyar por unanimidad -el tema ha suscitado, de momento, la unión de equipo de gobierno y oposición-, las actuaciones a desarrollar para tratar de impedir que la promotora XC Business 90 logre construir en el Puerto de Alicante la planta con seis macrodepósitos para mover más de cien millones de litros de carburante todos los años, destinado a las gasolineras «low cost» de Murcia, Albacete y Alicante.
El frente común se forma tras conocerse esta semana que la Concejalía de Urbanismo ha denegado la licencia para las obras en los muelles 19 y 21, tras rechazar que el Consistorio haya incurrido en silencio administrativo, tal y como sostiene la mercantil. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Ciudadanos), informó de todos los pasos a seguir y comunicó, interpelado por el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, que tampoco se puede dar por caducada la petición de licencia de 2013 e instar a la empresa a volver a solicitarla.
En la reunión de ayer quedaron claras las dos vías por las que se va a intentar parar el proyecto: que los técnicos de la Generalitat encuentren algún resquicio legal declarando la actividad peligrosa o convencer a la concesionaria de los muelles, Terminales Marítimas el Sureste, para que, a su vez, disuada a Business de que se olvide del proyecto. Para ello, el Ayuntamiento propondría alternativas como las industrias tecnológicas. Algo complicado debido a que el Puerto tiene reservado para esto (Distrito Digital), el muelle 5. TMS considera, por su parte, que la parcela donde van los depósitos está diseñada por espacio solo para una terminal de ese tipo. El Consell tiene seis meses para realizar el informe tras la petición del Ayuntamiento.
El consejo de administración del Puerto de Alicante aprobó el 25 de julio, tras más de un año de tramitación, la modificación sustancial de la concesión de Terminales Marítimas del Sureste en los muelles 19 y 21 para permitir la construcción de una terminal para el movimiento de combustible en un complejo con seis depósitos de 26 metros de altura en el que gestionar 111.699 m³ de gasoil todos los años. El puerto justificó su decisión en un informe de la Abogacía del Estado, que certifica que la petición de TMS se ajusta a derecho para una actividad ya permitida por el puerto.
Los abogados aseguran, además, que el protocolo de intenciones firmado en 1995 para no mover más combustible tras la retirada de los depósitos de CLH quedó en papel mojado en 2015, al entrar en vigor la nueva ley jurídica del sector público. Además, sostienen que la actividad no será peligrosa si se toman las correspondientes medidas de seguridad como sucede con las gasolineras de la ciudad.
La responsabilidad está, desde entonces, en manos del Ayuntamiento -competente para conceder la licencia urbanística y ambiental-, y de la Generalitat. Situación complicada porque la empresa promotora tiene hasta un informe ambiental favorable del Consistorio desde julio de 2016.
La Autoridad Portuaria de Alicante recibió el espaldarazo legal a la modificación sustancial de la concesión en los muelles 19 y 21 del puerto para la construcción de una terminal para el movimiento de combustible el 9 de julio en forma de un informe de la Abogacía del Estado en el que se certifica que la petición de la empresa concesionaria, la mercantil Terminales Marítimas del Sureste, se ajusta a derecho y cumple con todos los requisitos legales exigidos por el puerto desde que ésta asumió la concesión el 26 de febrero de 2012.
En 2013, la empresa que quiere construir los depósitos, XC Business 90, comenzó su periplo administrativo en el Ayuntamiento, donde, paradójicamente, se resolvieron todos los trámites hasta que desde el Consistorio comunicaron a la empresa que pidiera a TMS que solicitara al puerto la modificación sustancial de la concesión, pero solo porque aumenta un 10% el volumen edificable.
La Abogacía del Estado subraya que el proyecto contempla instalar los depósitos en la zona del puerto más alejada de la ciudad, reservada para la ubicación de instalaciones especiales que permitan acoger graneles, y la solicitud planteada no supone ninguna variación en cuanto al aumento de superficie, puesto que la instalación está dentro del ámbito de la concesión.
