El Consejo de Ministros acordó ayer declarar como «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» -conocido popularmente como zona catastrófica- aquellos territorios que sufrieron los devastadores efectos de la gota fría entre el 11 y el 14 de septiembre. Se trata de una medida que venía reclamando especialmente la Vega Baja, la comarca alicantina más damnificada por el temporal. Ahora bien, por el momento se desconoce la cuantía que se podrá recibir para indemnizar a las personas perjudicadas y reponer infraestructuras.
El ejecutivo del socialista Pedro Sánchez ha incluido en un mismo real decreto ley a una veintena de provincias que han sufrido incendios, inundaciones, temporales y otras catástrofes naturales desde el pasado 1 de abril. La cantidad a repartir entre todo el territorio será de solo 774 millones de euros cuando, según estima la Generalitat Valenciana, la Vega Baja ha sufrido daños que en una primera valoración se cifran en 1.500 millones.
La aprobación de esta medida extraordinaria venía siendo reclamada en los últimos días por agrupaciones sociales de la Vega Baja así como por el sector empresarial, agrario, ayuntamientos, la Diputación de Alicante y también el gobierno valenciano. Todos cerraron filas en torno a una reivindicación común: que el sur de la provincia recupere el pulso.
Hay afectados todavía que siguen sacando barro de sus casas y negocios y quedan territorios que se encuentran inundados. Cerca de 3.000 escolares de la comarca no pueden ir aún a clase y quedan nueve carreteras cortadas, seis de ellas en la Vega Baja. Ayer se conoció que los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán Orihuela durante la primera semana de octubre.
La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, fue la encargada de anunciar ayer esta declaración que permite que nueve ministerios adopten un conjunto de medidas urgentes para paliar los daños personales y materiales causados por esos siniestros en una veintena de provincias y en las comunidades de Andalucía, Murcia, Baleares y Madrid.
Burocracia
Ayer, en la Vega Baja, eran muchos los que se preguntaban qué arreglos se podrán acometer con la cantidad que llegue a la comarca, algo imposible de precisar por ahora y, lo más importante, cómo de farragoso será el trámite burocrático hasta conseguir que las transferencias sean ingresadas en las cuentas de los beneficiarios.
La declaración acordada por el Gobierno generó ayer las primeras reacciones. A nadie se le escapa, además, que estamos prácticamente en campaña electoral. Los hubo optimistas, como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSOE), que estimó que se «ha atendido la petición del Consell» y se ha declarado zona catastrófica destacando que «las ayudas del Gobierno y Consell son una respuesta rápida a la altura del drama humano». En la misma línea se pronunció el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, que dijo que «el Ejecutivo cumple con sus funciones al dar respuesta a la situación gravísima vivida por algunas comarcas de la Comunitat Valenciana durante el último episodio de lluvias», y subrayó «la premura» con la que se ha aprobado esta medida.
Otros, en cambio, dibujaron un escenario mucho menos optimista. El portavoz de la Diputación, Adrián Ballester (PP), valoró que la cantidad consignada es «muy poca» teniendo en cuenta todos los territorios que comprende y la comparó con los 1.500 millones de euros que, según Puig, hacen falta para la reconstrucción de la comarca. Enfatizó igualmente que «lo importante ahora es la agilidad en la entrega de las ayudas».
Rapidez
«Esta semana se han publicado las convocatorias de ayudas de la riada que hubo en Mallorca hace un año. Aquí cientos de personas lo han perdido todo y necesitan ayudas inmediatas no esperar todo un año», apostilló Ballester.
Para la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja, esas medidas urgentes son «decepcionantes». El secretario técnico, Ramón Espinosa, explicó que en el decreto cualquier tipo de ayuda, tanto para los daños en cosechas como para los elementos anexos a la explotación que se hayan podido ver afectados las vincula a tener una póliza de seguro agrario, informa Sol Giménez.
«Hemos dicho por activa y por pasiva que el cultivo más afectado son las hortalizas, con unas pérdidas que ascienden a 138,8 millones de euros, y que el porcentaje de contratación para este cultivo no llega al 7%, es decir, que con este acuerdo el 93% de los agricultores se quedan fuera de las ayudas», lamentó Espinosa. «Esto es una tomadura de pelo», criticó. En cualquier caso, avanzó que «vamos a trabajar con la conselleria de Agricultura y con el gobierno valenciano para que esto no quede así y que se pueda aprobar una línea específica adicional para el cultivo de hortalizas». «Si hay una catástrofe que pueda justificar una ayuda excepcional es esta y nosotros esperábamos que la naturaleza de esta situación catastrófica requería de una respuesta más firme y comprometida por parte del Gobierno, pero no ha sido así», concluyó.
Borrador reparto inicial de fondos a distribuir entre los 22 territorios
664,7 millones: dominio público e infraestructuras
Se prevén 62,3 millones de euros para restaurar el dominio público marítimo terrestre en el litoral así como el dominio público hidráulico; 60,7 millones de euros para infraestructuras ligadas al Ministerio de Fomento y 541,7 millones de euros para infraestructuras municipales y red viaria de diputaciones y comunidades autónomas.
58,4 millones: exenciones en Seguridad Social
Bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social. Hacienda concretará las exenciones en la cuota del IBI y las reducciones en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Estarán exentas de IRPF las ayudas por daños personales.
13 millones: producciones agrícolas y ganaderas
Ayudas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tengan contratada la póliza del seguro cuando hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y en esta campaña no se hubiera contratado aún porque todavía les quedaba plazo.
10 millones: ayudas para daños personales y materiales
Compensaciones para daños sufridos por las familias en su vivienda habitual o en sus enseres de primera
necesidad y por las comunidades de propietarios, así como los causados en establecimientos mercantiles, industriales o de servicios.
6,8 millones: restauraciones forestales
El Gobierno prevé prevé destinar dos millones de euros a la restauración forestal de las zonas afectadas por los incendios y 4,8 millones a actuaciones relacionadas con la financiación de avales.
