19 de septiembre de 2019
19.09.2019
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Puig cifra en 1.500 millones de euros la primera valoración de pérdidas por la gota fría

Puig cifra en 1.500 millones de euros la primera valoración de pérdidas por la gota fría

Empresarios se acogerán a los ERE por fuerza mayor para enviar a trabajadores al paro - La situación del campo es dramática, ya que el 90% de los cultivos no están asegurados

18.09.2019 | 21:56 Un artículo de

El presidente de la Generalitat cuantificó ayer en más de 1.500 millones de euros los daños que ha generado la gota fría, destacando que el mayor perjuicio se ha producido en la agricultura. «Es una primera aproximación, pero ya sabemos que no bajará de los 1.500 millones de euros», aseguró Ximo Puig, quien subrayó que el Consell aprobará mañana ayudas de emergencia. «Unas dirigidas a las personas para dar solución a las pérdidas de las viviendas y de los enseres y otras para los ayuntamientos, para que puedan acometer infraestructuras».



Puig calificó de «gran castástrofe» la situación en la que se encuentra la Vega Baja tras la riada, por lo que apeló «al concurso de todas las administraciones. Debe haber recursos del Estado y de la Unión Europea». Para conseguirlos, el presidente del Consell apeló a la necesidad de realizar los informes y evaluaciones de daños «con el máximo rigor».

La peor parte de la última gota fría se la ha llevado la agricultura, «que es el motor económico de la Vega Baja. Se han dañado las infraestructuras agrarias de regadío y hay que tener en cuenta que el lucro cesante por las cosechas perdidas es impactante y tendrá su efecto en todos los sectores. Puede producirse una pérdida muy grande de puestos de trabajo», dijo Puig, quien se comprometió a que a partir de mañana «la Generalitat se pondrá al servicio de los que han perdido más. Recibirán todo el apoyo de la Generalitat».

En la Vega Baja, al miedo a morir -tres personas han perdido la vida- o que el agua arrastrara las pertenencias que han sido el fruto de una vida de trabajo, se suma ahora la pérdida de empleos porque las empresas que están cerradas o que no tienen trabajadores porque estos están intentando limpiar sus viviendas han comenzado a interesarse por cómo gestionar ante la Conselleria de Trabajo la EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) por fuerza mayor, una modalidad regulada para casos imprevistos y que permite mandar a los trabajadores al paro hasta que se resuelvan la contingencia.

Desde la fecha que comenzó este episodio de la gota fría hasta que la actividad se pueda reanudar, las empresas pueden tramitar una exección en el pago a los trabajadores y, consecuentemente, de las correspondientes cuotas de la Seguridad Social dentro de un procedimiento que requiere del acuerdo con los trabajadores o, en caso de discrepancia, del visto bueno de la Inspección de Trabajo, lo cual retrasaría las autorizaciones que tendrían, en cualquier caso, carácter retroactivo. De este modo, quien no puede producir no se ve en la obligación de tener más gastos. Las peticiones de información sobre cómo se tiene que hacer estos expedientes han comenzado a realizarse y, a buen seguro, afectarán a cientos de empleados. El polígono Puente Alto, de Orihuela, uno de los más afectados, es el vivo ejemplo de un lugar donde no hay actividad.

En Orihuela, muchos trabajadores aseguraban estos días que están recibiendo llamadas de sus empresas, pero no para que vayan a trabajar sino a limpiar el barro que lo inunda todo pero no lo han hecho. «Tengo mi casa con un palmo de agua, mi familia lleva días sin poder dormir y necesito tener una tranquilidad mínima para volver al trabajo. Espero que lo entiendan. Si la empresa está mal, yo estoy peor», explicaba en la pedanía de Desamparados, el empleado de un centro de logística del citado polígono. Las grandes empresas son las que más interés tienen en poder reanudar la actividad cuanto antes y no pararse a gestionar un expediente pero a lo que no están dispuestas es a tener que pagar cuando la legislación les ampara para casos como éste.



El sector agrícola es el gran damnificado por la gota fría. La Asociación de Jóvenes Agricultores Asaja Alicante cuantificó ayer las pérdidas en 550 millones de euros en la provincia. Según desglosan hay 56.060 hectáreas de cultivo en las que se perderá el 100% de la producción, lo que provocará daños directos en cosecha de 304,9 millones de euros, mientras que el impacto en exportaciones alcanzará 245,28 millones de euros. A estas cifras, hay que sumar los inmensos daños ocasionados en infraestructuras agrarias.


La cifra de pérdidas en el campo, 304,9 millones de euros, supone el 44% del valor total del patrimonio agrícola de la provincia de Alicante, estimado en 690,85 millones de euros, teniendo solo en cuenta el valor de las cosechas.

La peor parte de las consecuencias de la DANA se la llevan las hortalizas, donde se contabilizan 138,8 millones de euros de pérdidas, seguida de los cítricos, con 78,14 millones estimados. En el caso de las hortalizas la situación es dramática para la inmensa mayoría de los agricultores porque sólo han asegurado su cosecha entre el 7 y el 10%. En el caso de los cítricos el nivel de cobertura asciende a entre el 50 y el 60%.



¿Cuál es el motivo por el que los agricultores no han asegurado sus alcachofas, brócolis o coliflores, que son los principales cultivos en la Vega Baja? Desde Asaja responden a esta pregunta cargando contra Agroseguro, el pull de aseguradoras que controlan los seguros agrarios. El Gobierno aporta 211 millones al sistema nacional de seguros agrarios y el resto sale de las primas de los seguros en caso de catástrofe como la sufrida. «En los últimos años se ha producido una mercantilización por parte de las aseguradoras y las líneas que ofrecen para las hortalizas no son nada atractivas para los agricultores, con franquicias cada vez más altas y menos garantías. Así que no se contratan», explican desde Asaja. Como ejemplo, se puede decir que para una explotación de alcachofas que produzca 250.000 kilos al año el seguro les sale por cerca de 30.000 euros. «Hablamos de unos 5.000 agricultores y de que las hortalizas de la Vega Baja representan la mitad de la agricultura de la provincia», alertan desde el sindicato agrario.

Por eso exigen al Gobierno que en el decreto que previsiblemente aprobará mañana para declarar zona catastrófica a la comarca ponga en marcha una línea adicional para ayudar a los productores de hortalizas. La idea es que los asegurados cobren el 100% y los que no lo están, en este caso el 90%, pueda cobrar al menos el 40% de las pérdidas para evitar el abandono de cultivos. «Las medidas que apruebe la Administración deben ir dirigidas a inyectar liquidez directamente a los titulares de explotaciones para hacer frente a los inmensos daños. Muchos lo han perdido todo y en el caso de las hortalizas hay numerosos agricultores jóvenes que sin ayuda van a abandonar con lo que eso supone para el tejido productivo de la zona», advierte el presidente de Asaja, Eladio Aniorte. «Vamos a permanecer vigilantes y que no quede todo en papel mojado. La Administración debe estar a la altura e inyectar liquidez antes de que acabe el año», añade el portavoz de Asaja.