De solicitar una pena de 12 años y 7 meses de inhabilitación contra el socialista Gabriel Echávarri por supuesta prevaricación a dar un paso al lado y salirse del proceso judicial a menos de dos semanas de que arranque el juicio por el «caso Comercio». El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha decidido renunciar ahora a la acusación particular en el caso por el que será juzgado el socialista Echávarri, junto a dos de sus asesores en su etapa como alcalde de Alicante. Según confirmaron ayer fuentes judiciales, el dirigente popular presentó el pasado martes un escrito ante la Audiencia para «apartarse del presente procedimiento, dejando de sostener la acusación particular contra los acusados», donde figura Echávarri, junto a su por entonces jefe de Gabinete, Lalo Díez, y el asesor Pedro de Gea. Así, la acusación recaerá en exclusiva en la Fiscalía.

El juicio contra Echávarri y dos asesores se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre. Barcala, en calidad de portavoz del PP en la oposición, fue quien interpuso la denuncia en la Fiscalía, en un primer momento, y posteriormente presentó otra ante el juzgado cuando Anticorrupción aún no había cerrado las pesquisas. La primera sesión (30 de septiembre) será para la declaración de Echávarri y de sus dos personas de confianza en su etapa como alcalde. El día 1 de octubre está previsto que acudan los primeros testigos a la Audiencia, entre ellos Barcala (a petición de la defensa y de Fiscalía). Los días 2 y 3 declararán el resto de testigos y el 4 será el turno de las conclusiones.

En abril de 2018, la instructora decidió abrir juicio oral contra los tres acusados por las presuntas irregularidades en la contratación y facturación de servicios y trabajos desde la Concejalía de Comercio. Las facturas bajo sospecha, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016, sumaban cerca de 180.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Echávarri diez años de inhabilitación. Mientras, la acusación particular que hasta ahora sostenía el popular Barcala reclamaba una condena mayor: una pena de inhabilitación de 12 años y 7 meses para el exalcalde por el presunto delito de prevaricación.

Este caso judicial por el supuesto fraccionamiento de facturas del área de Comercio, junto al vinculado al despido de una trabajadora municipal que a su vez era la cuñada de Barcala y que se juzgará el próximo mes de enero, provocó la dimisión de Echávarri a principios de abril 2018, lo que le abrió las puertas de la Alcaldía a Barcala apenas unas semanas después gracias al voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Podemos). Así, el popular pudo llegar como alcalde a las elecciones municipales del pasado mes de mayo, donde revalidó el cargo gracias al pacto con Cs.

Barcala justificó ayer su decisión de renunciar al caso en que la pena que solicita Fiscalía para Echávarri era similar a la que él reclamaba como acusación, además de subrayar que, siendo ahora alcalde, no es procedente que lidere una acusación contra su antecesor. Echávarri, por su parte, prefirió no valorar ayer la decisión del popular. Desde el PSOE, su secretario local, Miguel Millana, calificó como «buen gesto» el paso atrás de Barcala, al que asegura sin embargo que siempre le «perseguirá su forma oscura de acceder a la Alcaldía». En cambio, desde la Ejecutiva del PSOE señalaron con más dureza que el paso atrás del popular «demuestra que utilizó la justicia políticamente», buscando «que el socialista dimitiera para sus ambiciones personales», en alusión a la Alcaldía.