Paso a un lado de Luis Barcala (PP) a las puertas del juicio contra Gabriel Echávarri (PSOE) por el "caso Comercio". El actual alcalde ha decidido renunciar ahora a la acusación particular en el "caso Comercio", por el que será juzgado en menos de dos semanas el socialista Gabriel Echávarri por presunta prevaricación administrativa, junto a dos de sus asesores en su etapa como alcalde de Alicante.
Según fuentes judiciales, el dirigente popular presentó ayer un escrito ante la Audiencia para "apartarse del presente procedimiento, dejando de sostener la acusación particular contra los acusados", donde figura Echávarri, junto a su por entonces jefe de Gabinete, Lalo Díez, y el asesor Pedro de Gea. Así, la acusación recaerá en la Fiscalía.
El juicio contra Echávarri y dos asesores por un presunto delito de prevaricación se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre. Así lo decretó la Sección Tercera de la Audiencia Provincial alicantina. Barcala, en calidad de portavoz del PP en la oposición, fue quien interpuso la denuncia en la Fiscalía, en un primer momento, y posteriormente presentó otra ante el juzgado cuando Anticorrupción aún no había cerrado las pesquisas.
La primera sesión (30 de septiembre de 2019) será dedicada a la declaración de Echávarri y sus dos asesores, Pedro de Gea y Lalo Díez. El día 1 de octubre está previsto que acudan los primeros testigos, entre ellos Luis Barcala (a petición de la defensa y de Fiscalía). Los días 2 y 3 declararán el resto de testigos y el 4 será el turno de las conclusiones e informes finales.
En abril de 2018, la instructora decidió abrir juicio oral contra los tres acusados por las presuntas irregularidades en la contratación y facturación de servicios y trabajos desde la Concejalía de Comercio. Las 25 facturas bajo sospecha, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016, sumaban cerca de 180.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Echávarri diez años de inhabilitación. La acusación particular que sostenía Barcala en calidad de portavoz del PP, por su parte, reclamaba una condena mayor: inhabilitación de 12 años y 7 meses para el exalcalde por el presunto delito continuado de prevaricación.
Este caso judicial por el supuesto fraccionamiento de facturas del área de Comercio, junto al vinculado al despido de una trabajadora municipal que a su vez era la cuñada del dirigente popular y que se juzgará el próximo mes de enero, provocó la dimisión de Echávarri en abril de 2018, lo que le abrió las puertas de la Alcaldía a Barcala apenas unas semanas después gracias al voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Podemos). Así, el popular pudo llegar como alcalde a las elecciones municipales del pasado mes de mayo, donde revalidó el cargo gracias al pacto con Cs.
