Polémica entre los abogados y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad por mantener la actividad judicial en plena alerta roja por la gota fría en la provincia. La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), reunida ayer en una sesión urgente y extraordinaria, ratificó el cierre de las sedes judiciales de Orihuela y Torrevieja a causa del temporal, que fue acordado previamente por los jueces decanos de ambas demarcaciones. Estas medidas se incluyen en el Protocolo de Actuación Judicial en Supuestos de Emergencia aprobado por el alto tribunal valenciano.

Las lluvias torrenciales caídas en Orihuela obligaron ayer por la mañana a clausurar los juzgados de la ciudad, después de que se registraran problemas de acceso y diversas incidencias como goteras, inundaciones, cortes de luz y de teléfono en las instalaciones. Estas incidencias imposibilitan «el desarrollo normal de la actividad jurisdiccional», defendió el acuerdo del juez decano de Orihuela, por lo que «procede acordar el cierre de la sede judicial, así como el desalojo de los edificios, en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan». El cierre de las sedes judiciales de Orihuela se mantiene hasta este domingo, ya que «no existe corriente eléctrica ni teléfono», «los importantes desperfectos ocasionados» en las instalaciones y la «imposibilidad para acceder al edificio».

Esa decisión, sin embargo, no era suficiente para los abogados. El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados exigió la suspensión de todas citaciones y señalamientos judiciales con ciudadanos y profesionales, en todo el territorio de la Comunidad afectado por alerta roja. «El mantenimiento de dichas actividades pone en riesgo a los ciudadanos y profesionales involucrados, a los que se obliga a incumplir los consejos de seguridad dados por las autoridades competentes y a transitar por unas carreteras y calles inseguras, cuando no colapsadas o inundadas», señaló el órgano judicial en un comunicado, en el que consideraban que la «no suspensión de citaciones y señalamientos ha sido un acto de grave imprudencia por parte de las autoridades judiciales».

Esa petición, en cambio, no tuvo la respuesta deseada por los abogados. La Sala de Gobierno del TSJCV declaró que no había motivo para tal solicitud en los términos interesados, «habiendo de estarse a lo establecido en el Protocolo de Actuación Judicial en Supuestos de Emergencia», recordando que el cierre de sedes corresponde a los jueces decanos.