Más casos de discriminación lingüística en la provincia. Las denuncias presentadas por ciudadanos particulares en la administración valenciana, en concreto ante el Síndic de Greuges, sobre derechos lingüísticos en lo que va de año casi duplican a las registradas durante todo el 2018. Al respecto, según los datos consultados por este diario, el total de quejas pasan de nueve a diecisiete hasta agosto de 2019, lo que indica que los números duplican prácticamente a las recibidas el año anterior. Esto supone además que el total de denuncias cosechadas en el territorio alicantino suponen prácticamente el 40% del total recibidas en la Comunidad Valenciana. A nivel regional, se han presentado 47 en ocho meses, mientras que el año pasado la cifra se elevó hasta las 103 en total.
Este escenario ha provocado reacciones de los sindicatos, en concreto de Escola Valenciana, quienes han reconocido que los casos de discriminación lingüística copan «cada vez más titulares de noticias», pero señalan que la mayoría de casos caen en saco roto y no pasan del «toque de atención». Por ello instan a la Generalitat a que apueste por «una política igualitaria» y que otorgue a la Dirección General del ramo «independencia» para que la administración pueda tener «capacidad sancionadora».
Exponen desde la Federación de Asociaciones por la Lengua que los casos que llegan a la oficina de Derechos Lingüísticos, cuyo filtro engloba tanto denuncias del ámbito público como privado, pasan únicamente por un proceso «conciliador», puesto que no existe una base legislativa que «actúe» sobre los acusados de discriminar a usuarios por el uso de una de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. En su mayoría, son quejas de particulares que alertan que han sufrido un situación de exclusión por parte de trabajadores por hablar valenciano.
El procedimiento consiste, en cualquier caso, en que la administración interviene para revisar la queja y deriva la situación a la Conselleria pertinente si se trata de un trabajador público para que la Generalitat adopte las medidas oportunas; mientras que si la denuncia viene del sector privado, desde la oficina de Derechos Lingüísticos se ponen en contacto con la empresa, desde dónde llegan las disculpas de la misma. Pero en definitiva, sin efectos sancionadores ni expedientes de por medio, aseguran desde los sindicatos.
Los datos conocidos que residen en la administración valenciana son los consultados en el Síndic de Greuges, mientras que desde la oficina de Derechos Lingüísticos no han facilitado las cifras porque se harán públicas a finales de este mes en un informe editado por el Consell que será de carácter anual.
El mismo director general del ramo, Rubén Trenzano, confirmó que el día 26 de septiembre será la fecha elegida para la emisión del informe que recogerá la hoja de ruta del gobierno valenciano para actuar sobre este tipo de casos; así como los datos sobre denuncias de discriminación lingüística globales que maneja la Generalitat. «No queremos generar alarma social y aseguramos que el objetivo con el que se creó esta oficina es para ofrecer amparo a todas aquellas personas que se sienten atacadas por el uso, totalmente lícito, de una de las lenguas oficiales», manifestó Trenzano.
Desde la propia oficina indicaron, además, que las quejas originadas en el sector público suelen ocurrir en ámbito sanitario, como fue la vivida en el Hospital de San Vicente del Raspeig, cuando un trabajador de urgencias contestó con un «¡Viva España!» a una mujer que le habló en valenciano tras pedir una ambulancia.
Asimismo, otra de las experiencias que tuvo constancia este periódico es de la de un vecino de Mutxamel, quién contó que la secretaria del Registro Civil de la localidad le «invitó» a hablar en castellano para poder atenderle.
Este verano en la provincia de Alicante se han dado varios casos como el expuesto en El Campello, cuando el equipo de gobierno de PP, Cs y Vox decidió suprimir el uso del valenciano de las comunicaciones oficiales; o un escenario radicalmente opuesto, cuando el PSOE de Dénia aprobó en pleno por mayoría absoluta «la obligatoriedad» del valenciano para trabajar en el Ayuntamiento.
