Esperas de hasta un año para cobrar, desconocimiento y muchas trabas burocráticas. Es lo que sufren decenas de familias que vieron con esperanza como la Conselleria de Igualdad anunciaba hace año y medio la entrada en vigor de la nueva renta valenciana de inclusión. La esperanza con la que solicitaron estas ayudas se fue tornando con el paso de los meses en desesperación, ya que muchas de ellas carecen de ingresos para poder vivir.
Según ha podido comprobar este diario a través de trabajadores sociales y plataformas de afectados, los mayores retrasos en el cobro de estas ayudas se dan en las grandes ciudades, especialmente en Alicante y en menor medida en Elche. Los afectados, como Alexander, critican que nadie les informa del estado en el que se encuentran sus expedientes «y cuando te quejas, se echan la pelota entre el ayuntamiento y la Generalitat». Este inmigrante de origen rumano vive en la ciudad de Alicante y presentó la solicitud para cobrar las ayudas de la renta en julio del año pasado. Todavía está esperando. Lamenta que nadie le explica el porqué de este retraso, pese a que ya ha puesto tres quejas en el Síndic de Greuges. «Me dicen que todo está correcto, que tengo derecho a percibirla, pero pasan los meses y el dinero no llega». Pero el tiempo también pasa para los recibos y las facturas. «Vivo en un piso compartido en el casco antiguo y ya debo tres meses de alquiler».
Los centros sociales son los encargados en primer término de recabar toda la documentación que se exige para poder percibir la renta. Ahí se encuentra el primer tapón, a juicio de la plataforma Marea Roja. «Los servicios sociales de la ciudad de Alicante están saturados y tardan meses en dar cita a las familias que más lo necesitan. Los trabajadores sociales no dan abasto para revisar toda la documentación que se exige», lamenta Fernando Patón, portavoz de Marea Roja.
Fuentes del equipo de Gobierno municipal sostienen que desde mayo hay una veintena de personas trabajando en la tramitación de los expedientes a través de una subvención de la Conselleria de Igualdad. «El problema es que en lugar de incorporarse en enero lo hacen en mayo, de ahí los retrasos». Con todo, desde el Ayuntamiento afirman que el retraso en la tramitación de los expedientes es de dos meses y medio, algo que desde las plataformas niegan. Por la sede que Marea Roja tiene en el barrio de Carolinas Bajas han pasado más de 250 personas para informarse sobre cómo cobrar la renta. «Calculamos que en un 20% de los casos hay retrasos superiores a los 9 meses».
Falta liquidez
Una vez que los servicios sociales de los ayuntamientos han hecho su trabajo, el expediente pasa a la Conselleria de Igualdad, que es quien finalmente resuelve y paga a las familias. Ahí llega otra de las dificultades con las que, a juicio de Patón, nació la ley. «Los cien millones que se anunciaron en un principio son claramente insuficientes».
De hecho, semanas atrás, la Conselleria de Hacienda autorizó un incremento de 16 millones de euros para hacer frente al pago de las rentas. «No esperaban tal avalancha de solicitudes». A los nueve meses de haber iniciado el procedimiento, y si no hay respuesta por parte de la Administración, la renta se da por concedida por silencio administrativo, algo que las administraciones estarían tratando de sortear, según critica el portavoz de Marea Roja. «Hemos detectado casos en los que, cuando están a punto de cumplirse esos nueve meses, los trabajadores sociales llaman a las familias para que aporten nuevos documentos y así paralizar el proceso y dilatar aún más en el tiempo».
Por su parte, trabajadores sociales de la provincia denuncian además las trabas que están teniendo las personas en situación irregular para poder acceder a las ayudas. «El requisito para poder cobrar es tener una cuenta bancaria, y los bancos no abren cuentas bancarias a quienes carecen de permiso de residencia, por lo que hay decenas de personas atascadas en esta maraña», lamentaba días atrás una trabajadora social.
«Mi hija de 11 años y yo vivimos gracias a la ayuda de mi madre y mi hermana»
Yagües solicitó la renta en noviembre y ahora le han pedido que aporte nuevos documentos
El 6 de noviembre hará un año que Mati Yagües solicitó cobrar la renta valenciana de inclusión. El 6 de agosto se cumplieron 9 meses sin saber nada de su expedientes. La norma recoge que entonces la prestación está estimada por silencio administrativo. Pero el día antes de cumplirse esta fecha, Yagües asegura que la trabajadora social se puso en contacto con ella «para pedirme nuevos recibos y documentos». Marea Roja denuncia que se trata de una estrategia para dilatar aún más en el tiempo el procedimiento.
Mientras, esta vecina de Alicante ya no sabe a qué puerta llamar para que aceleren su expediente y poder empezar a cobrar las ayudas que tanto necesita. «Me puse en contacto con la Concejalía de Acción Social y me dijeron que el expediente está en el centro social. Cada vez que llamo a la trabajadora social me da largas. Incluso me dice que hay fallos en el sistema informático que le impiden ver en qué situación está mi expediente».
Con 52 años, Mati Yagüe no percibe ningún tipo de ingresos. «No trabajo. Ahora vive con su hija en un piso que le dejó su madre y subsiste a base de la ayuda que ésta le presta, además de su hermana.
En su caso le está ayudando la plataforma Marea Roja. Esta entidad ya ha protagonizado protestas ante el edificio Prop en Alicante, el pasado mes de julio, y ha llevado varios casos al Síndic de Greuges, acciones que, advierten, seguirán desarrollando como medida de presión hasta que se normalice la situación de cobro de la renta valenciana de inclusión.
