Reducir la «emergencia habitacional» se ha destapado como uno de los principales objetivos del nuevo conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, quien ha prometido medidas drásticas como aumentar el parque público de vivienda entre un 20 y un 30 por ciento esta legislatura. No es casualidad, por tanto, que la Conselleria se centre en ampliar el número de inmuebles protegidos en la Comunidad Valenciana, ya que, según los datos proporcionados por Vivienda, el parque de pisos públicos está muy lejos de atender a las demandas de los solicitantes de vivienda social o ayudas de acceso. En concreto, 14.000 personas continúan en lista de espera para acceder a una vivienda social, una cifra similar al número de pisos de la Generalitat, lo que significa que, a día de hoy, el Consell debería duplicar su parque público de inmuebles para atender a todos los solicitantes.
Actualmente hay 13.985 inscritos en el registro de demandantes de viviendas de protección pública o fines sociales, creado a raíz de la Ley por la Función Social de la Vivienda, impulsada por el Consell en la pasada legislatura. En otras palabras, el parque público de vivienda actual es del todo insuficiente. De estas viviendas protegidas, 12.676 pertenecen a la Generalitat y alrededor de la mitad están en alquiler social. A estas es preciso añadir 1.367 viviendas adscritas al EVHA (Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl), de las cuales la gran mayoría están en alquiler asequible. Por otro lado, las peticiones de vivienda protegida se dirigen fundamentalmente a la consecución de un alquiler social, con 12.556 personas a la espera de poder acceder a un piso protegido. El resto se refieren a derechos de superficie, con casi mil solicitantes y 432 para la compra de los inmuebles.
Si comparamos el parque público de vivienda con la media estatal, la Comunidad no sale muy bien parada, ya que tan solo el 1% de las viviendas son de titularidad estatal. Una cifra alejada de la media nacional, con un 1,5%. Pero es en contexto europeo donde las diferencias aumentan considerablemente, ya que la media de pisos propiedad del Estado en la UE es del 15%.
Apuesta por la vivienda
La nueva legislatura ha arrancado con una apuesta decidida por aumentar la vivienda social, en especial en situaciones de urgencia. Según el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, la conselleria está «avanzando en un sistema de alerta temprana para determinar la necesidad real y urgente de todas aquellas personas que necesiten una alternativa habitacional». Además, el conseller ha señalado que tienen prevista la «adquisición directa de viviendas», que se pondrá en marcha en los próximos meses e incidirá especialmente en los lugares donde la tensión habitacional es mayor.
Desde la propia Conselleria han afirmado que se trabaja para aumentar el número de viviendas públicas a través de varias fórmulas. Una de ellas es la reactivación de obras de 111 inmuebles protegidos en ocho edificios, con una inversión de 6,3 millones de euros, que permitirá ampliar el parque de viviendas de alquiler social. Uno de los inmuebles se encuentra en la provincia de Alicante, concretamente en Aspe, mientras que hay otro en Castelló y los seis restantes están en València.
Otra de las fórmulas en las que se trabaja es el concurso para la adquisición de viviendas para incorporarlas al parque público y destinarlas a un alquiler social. Según fuentes de la Conselleria, el concurso se encuentra en fase final y se espera que a finales de septiembre se formalice el contrato de compraventa de inmuebles.
