El juzgado de guardia de Alicante decretó ayer libertad con cargos para el funcionario del Ayuntamiento de Alicante detenido por empadronamientos irregulares de inmigrantes en el censo municipal, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. La investigación apunta a que el sospechoso vendía por 200 euros las inscripciones y estaba en connivencia con otras personas que le suministraban inmigrantes. El trabajador municipal admitió ayer los hechos que se le imputaban y mostró su disposición a colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos. Las mismas fuentes explicaron que el segundo de los detenidos por esta trama quedó en libertad tras declarar en Comisaría y que en los próximos días se esperan más arrestos en relación con esta trama.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que se le imputan los delitos de cohecho, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular. El juzgado levantó ayer mismo el secreto de sumario, sin que la defensa hubiera tenido tiempo de estudiarse las voluminosas diligencias que formaban parte de la investigación. Pero el detenido no plantó batalla. Admitió los hechos y colaboró con la Justicia para su esclarecimiento. Por este motivo, el juzgado optó por no acordar la prisión pero en los próximos días se concretarán otras medidas cautelares a la espera de la documentación que aporte la defensa. Por su parte, fuentes municipales precisaron que desde el jueves el trabajador imputado se encontraba suspendido de empleo y sueldo en el Consistorio.

En una declaración que se prolongó durante más de 45 minutos, el funcionario aseguró al juez que apenas llevaba un año en ese destino al que llegó tras subir en el escalafón del Ayuntamiento, donde había entrado como conserje. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que fueron terceras quienes se aprovecharon de los problemas de adicción al juego del investigado para meterle en este entramado.

La investigación arrancó el pasado mes de julio a raíz de que en el Ayuntamiento se detectaran las irregularidades. En un primer momento, no pasó desapercibido que había numerosos errores en los expedientes que había tramitado ese funcionario, como por ejemplo de que inscribiera hasta diez personas diferentes en el mismo domicilio. Ante las sospechas de que pudiera haber algo, llegaron a apartarle de la tramitación de las inscripciones en el censo. Sin embargo, en la concejalía se encontraron con que éste seguía accediendo a la aplicación informática e inscribiendo a inmigrantes en el padrón municipal. Fue entonces cuando pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que sometió a vigilancia al funcionario municipal y habrían determinado que estaba en contacto con otras personas ajenas al Ayuntamiento que le facilitaban los inmigrantes a quienes tenía que inscribir en el censo municipal.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que no descartaban que en las próximas fechas pueden producirse nuevas detenciones de otros implicados en esta presunta trama de inmigración irregular.

Las diligencias pasarán ahora al juzgado de Instrucción número siete de Alicante, que es el competente para la investigación. Este juzgado deberá citar en próximos días al segundo de los detenidos que quedó en libertad tras declarar en la Comisaría de Alicante.

Fuentes municipales aseguraron ayer que van a revisar todos los empadronamientos de las últimas fechas y los que resulten ser irregulares se procederá a anularlos y dar cuenta de ellos a los investigadores por si pueden derivarse nuevas responsabilidades. Fuentes municipales reiteraron su máximo respeto a las resoluciones judiciales al conocer la decisión del juez de dejar al investigado en libertad provisional.

Abrazos y lágrimas con sus familiares al salir de los juzgados

El funcionario detenido por las presuntas inscripciones irregulares en el censo abandonaba los juzgados poco después de las cinco de la tarde de ayer donde le esperaban a las puertas de la sede judicial sus familiares y amigos. El funcionario rompió en lágrimas al saber que finalmente iba a quedar en libertad, ya que desde el primer momento la intención de la Fiscalía era la de pedir la prisión preventiva ante la gravedad de los hechos, que podrían suponer una pena de hasta seis años de prisión en caso de condena. La familia había llegado al juzgado a primera hora de la mañana, cuando llegó el detenido desde los calabozos de la Comisaría, donde permanecía arrestado desde el martes. Del mismo modo, durante su declaración ante el juzgado se mostró también visiblemente y nervioso, sobre todo a partir del momento en el que le advirtieron las penas que de prisión que se estaba jugando por estos hechos. Durante el interrogatorio, ha estado asistido por la letrada Pilar Giménez, quien lamentó que hasta poco antes de que empezara la declaración no había tenido acceso a las diligencias de investigación y que deberá estudiar ahora para preparar la defensa.