Aunque la voluminosa causa por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante llegó a la Audiencia Provincial a comienzos de noviembre del año pasado, el macroproceso todavía no tiene una fecha clara para juicio. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que de momento es «inviable» que pueda celebrarse antes de diciembre del año 2020, debido a la abultada agenda de trabajo de las magistradas que formarán parte del tribunal. En el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, así como el promotor Enrique Ortiz en esta pieza separada del llamado caso Brugal.
La agenda de señalamientos del futuro tribunal hace que sea inviable plantearse fecha alguna que sea anterior a diciembre de 2020, por lo que la vista aún podría ser posterior. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que las tres magistradas que formarán parte de la sala tienen pendiente de señalar otros asuntos considerados de especial complejidad, entre los que se encuentran macroprocesos por narcotráfico y fraudes fiscales.
A esto se añade la dificultad de que el empresario Enrique Ortiz también deberá ser juzgado en la sección ilicitana de la Audiencia en la pieza referente al Plan Zonal de la Vega Baja y que motivó los registros en la Diputación de Alicante y allí tampoco tienen fecha hasta el año 2021, por lo que ambas salas deberán coordinarse para evitar duplicidades en el señalamiento.
En estos momentos, la magistrada que presidirá el tribunal, Montserrat Navarro, está estudiando el listado de todas las declaraciones propuestas por acusaciones y defensas a fin de cuadrar el calendario del juicio, que podría tener varias semanas, incluso meses, de duración. Una de las cuestiones que todavía se tendrán que dilucidar es qué repercusión tendrá en este juicio la decisión de la Sección Octava de la Audiencia de anular parte de las escuchas de la trama Brugal en la pieza principal de esta macrocausa por corrupción que se desgajó en más de una veintena de piezas separadas.
Escuchas
Una de ellas fue enjuiciada por el mismo tribunal que ahora deberá hacerlo sobre el PGOU, la causa referente a la presunta estafa y alzamiento de bienes en la mercantil Autisa, y validó autos anulados por sus compañeros. Aunque en la sentencia de Autisa las magistradas sí advertían que habían visto autos susceptibles de ser nulos, no se pronunciaban porque no afectaban a ese procedimiento. La nulidad de las escuchas en las que se ha basado la investigación ha sido una de las constantes peticiones por parte de las defensas desde el estallido del caso. Todas las peticiones se han ido rechazando sistemáticamente aduciendo que era algo que se dilucidaría cuando llegara el juicio oral. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la audición durante el juicio de más de un centenar de conversaciones telefónicas.
A lo largo de estos meses, desde que el procedimiento llegó, la Audiencia ha estado intentado componer un tribunal para poder celebrar el macrojuicio. Los magistrados de la Sección Tercera, a los que le correspondió la causa por sorteo, renunciaron alegando que habían dictado resoluciones en las que entraban en el fondo del asunto y, por lo tanto, podrían estar contaminados para intervenir en el juicio. La renuncia fue aceptada y se nombró un nuevo tribunal formado por las magistradas Montserrat Navarro, Margarita Esquiva y María Cristina Costa. Pero el proceso sufrió un nuevo bache al recusar la defensa de Castedo ante el TSJ a dos de la magistradas. La impugnación no alcanzó a Costa porque ella misma planteó abstenerse del asunto por los mismos motivos que sus compañeros de la Sección Tercera y la defensa la dio por apartada. Sin embargo, la renuncia fue rechazada y sí formará parte del tribunal. Todavía las partes tienen la posibilidad de recusar a la magistrada, ya que la Audiencia no la ha dado oficialmente por recusada.
Otras dos piezas de Brugal pendientes del calendario
Mientras en la Sección Octava de la Audiencia desplazada a Elche aún no ha acabado el juicio por las presuntas irregularidades en la contrata de la basura de Orihuela y el caso del PGOU espera fecha, hay otras dos piezas más del caso Brugal pendientes del calendario. Una de ellas es la que afecta al Plan Zonal de la Vega Baja y en la que está acusado el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll. La otra es la que afecta a la planta de basuras de Calp.
