La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, quiere saber si el cambio climático está repercutiendo en el caudal de la cabecera del Tajo. Dicha comisión, reunida esta semana en Madrid para proponer el esperado trasvase de 20 hectómetros cúbicos de gua para los regantes de Alicante y Murcia, ha solicitado al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) la realización de un informe, a partir del análisis estadístico de las aportaciones y las reservas existentes en los últimos años en los embalses de Entrepeñas y Buendía, y de una proyección «en un escenario de cambio climático», con el objetivo de dotar a la cabecera del Tajo de «mayor seguridad y mayor estabilidad en sus reservas».

El CEDEX está adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento y funcionalmente a los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A este organismo se remite continuamente el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, cada vez que debe disponer de un informe de situación, como el que se ha utilizado esta semana para proponer un trasvase para el mes de agosto de 20 hectómetros cúbicos (hm3) para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras.

En este caso, el último informe indica que, a 1 de agosto de 2019, el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía era de 546,4 hm3, quedando un volumen autorizado pendiente de trasvasar -en tal fecha- de 8,4 hm3, por lo que resulta un volumen de embalse efectivo de 538,0 hm3, inferior al de referencia de 661 hm3 que corresponde al mes de agosto. Por tanto, se constata que el sistema se mantiene en la situación hidrológica excepcional o nivel 3, el mismo que se inició en mayo. Con este nivel 3, el Ministerio puede autorizar un trasvase de «forma discrecional pero motivada», que da como resultado el esperado y necesario trasvase de 20 hm3 para los regantes del Segura.

Proposición no de Ley

En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario Popular registró ayer en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a «cumplir la normativa vigente respecto a la representación técnica de composición de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura». Esta PNL del PP, que ha contado con la firma del diputado por Alicante y expresidente de la Diputación, César Sánchez, pretende frenar la intención de la ministra de Transición Ecológica y del presidente de Castilla-La Mancha de incluir en dicha comisión a los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, contrarios al trasvase.

Sánchez considera que «la política de agua es fundamental para vertebrar el territorio, por lo que se requiere consenso y seriedad, no ocurrencias como las de la ministra Riberas». Esta iniciativa parlamentaria llega en medio de nuevas acusaciones entre dirigentes del PP y el PSOE a propósito de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig ha lamentado que el PP «quiera volver a abrir la guerra del agua» al anunciar el presidente de la Diputación de Alicante , Carlos Mazón, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López, un nuevo «frente común» contra el Gobierno central. Em el debate también intervino la consellera de Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), que insiste en que el Consell irá a la Justicia «si la ministra no rectifica», afirmó la consellera.