La Ley permite que el alcalde de una población que no alcance los 20.000 habitantes pueda ganar hasta 53.065 euros, tan solo 5.000 euros menos si la localidad está entre 20.000 y 50.000 habitantes. Con esos baremos, no es de extrañar que algunas corporaciones no hayan dudado en aumentar sus emolumentos a partir de las constitución de los nuevos ayuntamientos. Pero la ética y la estética, la legislación y las formas se vuelven a cruzar, en esta ocasión cuando saltan a la luz pública casos desproporcionados de aumentos salariales de cargos públicos locales de poblaciones donde, prácticamente, conoces a todos los vecinos.
Uno de estos ejemplos se ha dado en Daya Vieja, donde José Vicente Fernández, el primer alcalde de Compromís en la Vega Baja y regidor del municipio más pequeño de la comarca, se ha aprobado un sueldo de 31.500 euros brutos. Una nómina que supone un incremento del 42% con respecto a la que percibía su antecesor en el cargo Rafael Vives (ahora en las filas de Cs), que percibía 22.000 euros. Daya Vieja cuenta con 700 vecinos, población insuficiente para percibir un sueldo público en concepto de dedicación exclusiva, algo que no se contempla en municipios menores de 1.000 habitantes pero que sí supera el «filtro» si se concede una dedicación parcial, como es el caso de Fernández, que gestiona una empresa de poda de palmeras. Su sueldo, inferior a los 31.839 euros que la ley permite cobrar con un 75% de dedicación parcial, se equipara al de alcaldes de municipios mayores.
En Guardamar, el alcalde José Luis Sáez (PSOE) se ha subido el sueldo un 26% y sus seis ediles con dedicación exclusiva, un 63%. Sáez ganará 48.000 euros brutos, una cifra que «les equipara a los sueldos que tenía el PP en 2011 y que ellos se bajaron en 2015». En Algorfa, un municipio con menos de 3.000 habitantes, el socialista Manuel Ros cobrará 39.000 euros brutos al año (en 2011 eran 35.000), mientras que la tenencia de alcaldía se paga a 28.000 por una dedicación completa y las parciales a 21.000 euros.
Los sueldos de los políticos de Catral también son jugosos. Tanto la alcaldesa, Inma Úbeda (PSOE), como el primer teniente de alcalde, su socio de gobierno de APC, Juan José Vicente, percibirán cada año 35.000 euros, 5.000 más en el caso de este último cargo que en el mandato anterior. Ambos se cambiarán los papeles a mitad de mandato. En este municipio de 8.600 habitantes, por primera vez, cuatro políticos (dos de APC y dos de PSOE) van a cobrar sueldos del ayuntamiento.
Discriminación salarial
Discriminación salarialEn la localidad de Sax, su pleno ha aumentado en 21.000 euros anuales los salarios de los ocho concejales del equipo de gobierno respecto a 2015 para que la alcaldesa, la popular Laura Estevan, pueda dedicarse a tiempo completo al Ayuntamiento, y también para acabar con la discriminación salarial entre hombres y mujeres de la anterior corporación. La nueva alcaldesa percibirá 30.000 euros brutos anuales. Otra alcaldesa, la de Cocentaina, Mireia Estepa (PSOE), tiene sueldo en exclusividad, pero la novedad es que el pleno de este municipio aceptó la ampliación de dedicaciones propuesta por el gobierno del PSOE, y pactada con PP y Ciudadanos, para pasar de uno a trece sueldos en esta legislatura que acaba de empezar. La alcaldesa tendrá el 100% de exclusividad, dos ediles socialistas el 75% y los diez restantes, incluida la oposición, el 25%.
En Benejúzar, la teniente de alcalde, Rosa Ballester, de Ciudadanos, pasará a contar con un salario de 33.189 euros al año, mientras su socio de gobierno del PSOE, que ostenta la alcaldía Miguel López, no cobrará asignaciones municipales a la espera de hacerlo como diputado provincial. Y en Rojales, el alcalde socialista Antonio Pérez ha decidido subir las asignaciones de sus ediles en un 22% y los de los portavoces de los tres grupos de la oposición (PP, Pader y Cs) un 60%. El regidor volverá a no cobrar del Ayuntamiento y mantener lo que gana como pensionista «menos que lo que van a cobrar mis concejales», explicó el primer edil.
Castalla duplica el salario de los ediles para «compensar»
Castalla duplica el salario de los ediles para «compensar»La corporación municipal de Castalla se ha doblado prácticamente los sueldos para «compensar el recorte del anterior mandato». El alcalde, Antonio Bernabeu (Cs), que pasará a cobrar 42.300 euros brutos, reconoció días atrás que fue un «error» reducir las retribuciones de los últimos cuatro años por cumplir una promesa electoral.
En el anterior mandato, Cs prometió en su programa electoral una bajada de sueldos del 50% si ostentaban la Alcaldía, un punto que cumplió cuando se puso al frente del gobierno local y que, según explicó el primer edil, «nos dimos cuenta de que había sido un error, ya que es mucha la responsabilidad, el trabajo y la disponibilidad que se asume». Son otros tiempos.
Llamadas a la FVMP para no incurrir en ilegalidades
La Federación Valenciana de Municipios advierte sobre el aumento de dedicaciones parciales, donde no hay tope
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ofrece a los ayuntamientos una guía de cargos públicos electos locales, donde se recoge el artículo 75.1 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva. La modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establecen un límite máximo total que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, en función de su población. Esta reforma de 2013 estableció unos baremos máximos bastante elevados, dotando a los alcaldes de las grandes ciudades un sueldo similar al de altos cargos del Estado.
Según explica el director del Servicio Jurídico y de Contratación Pública de la FVMP, Paco Micó, antes de aparecer esta norma, la FVMP utilizaba un «protocolo orientativo», una especie de recomendaciones que no siempre se cumplían. La segunda quincena de junio, después de la constitución de los ayuntamientos, la FVMP recibió numerosas llamadas de consistorios que querían saber cuáles eran los márgenes económicos de los que disponían. «Si que llamaron entonces, pero después del pleno de organización, ya tiene todo el mundo el problema resuelto», comentó Paco Micó.
En el límite
En el límiteLa ley marca el máximo de dedicaciones exclusivas según la población de cada ciudad, pero no pone coto a las dedicaciones parciales, que «pueden ser todas las que se quieran», y aquí es donde crece la nómina de cargos públicos con retribución. Uno de estos ejemplos de saturación de dedicaciones parciales está en Callosa de Segura, donde el aumento del gasto en sueldos es del 83%. La corporación esquiva el límite legal de 7 dedicaciones exclusivas (para una población de unos 18.000 habitantes) con sueldos «parciales», que permiten a 9 de los 10 ediles del gobierno local tener sueldo a partir de valorar la dedicación exclusiva en 31.900 euros brutos. El alcalde, Manuel Sirvent (PP), con el 85% de dedicación ganará 35.700 euros, y ediles con un 75% de dedicación ganarán cada uno 23.999 euros, lo que, pro otro lado, les permite desarrollar otra actividad privada.
Esta forma de no incurrir en ilegalidades la aplican muchos ayuntamientos, que se amparan en que conceden dedicaciones parciales par aliviar el gasto. En ocasiones, se trata de concejales que prefieren compaginar su trabajo profesional con al actividad política, pero en otros casos, sin tener otra vía de cotización con la Seguridad Social, se trata de una forma de ingresos más que aceptable. No hay más que fijarse en que una dedicación parcial al 50% está estipulada en 23.348,55 euros al año, una cifra superior al salario medio de un trabajador en la Comunidad Valenciana.
La ley no se incumple, pero si hay casos como el de Daya Vieja, donde sin alcanzar los 1.000 habitantes, su alcalde cobra una dedicación parcial de 75%, que no llega hasta los 31.839,20 que marca la ley como tope máximo. Casos como este han llegado a la FVMP, el organismo regulador del municipalismo valenciano, que celebrará su próxima asamblea el 4 de octubre, en València.
