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Interior aparta de Homicidios al inspector que dirigió la investigación del caso Sala

La Policía atribuye el cambio a razones profesionales mientras desde el entorno del agente, que sigue siendo jefe de grupo aunque en otra unidad, se achaca a represalias sindicales

Un momento de la reconstrucción del crimen en las instalaciones de Novocar. Rafa Arjones

El inspector que dirigió la investigación del crimen de María de Carmen Martínez desde la jefatura del grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada de Policía Judicial de Alicante no podrá comparecer ya como responsable de Homicidios en este juicio, donde está citado como instructor del expediente, sino que lo hará como jefe operativo de Tráfico Ilícito de Vehículos, unidad en la que con idéntica categoría se encuentra destinado desde hace varias semanas.

Un cambio que en el entorno del afectado se achaca a represalias sindicales, donde sostienen que desde la cúspide de la Comisaría que dirige Alfonso Cid se quería castigar en realidad a un destacado líder sindical miembro en esos momentos del grupo que dirigía. Interior, por contra, lo atribuye «únicamente y exclusivamente a razones profesionales».

Al frente durante los últimos ocho años del coloquialmente conocido como grupo de Homicidios, a donde llegó con apenas 29 tras licenciarse en Derecho y aprobar la oposición a la escala ejecutiva, los llamados en el Cuerpo de «sangre azul», en el debe de este inspector se anotan unas formas en las relaciones con su entorno laboral que casi unánimemente censuran por igual subordinados y superiores.

«No llevaba el grupo como debía y era cuestión de tiempo que se tomara la decisión de removerle», afirman quienes conocen de cerca la situación y ponen sobre la mesa además la necesidad de un cambio y el periodo que ha permanecido al frente de la unidad. Algo al que sus afines se agarran para sostener que el traslado nada tiene que ver con el desempeño de su trabajo. «Si tan mal lo hacía, ¿por qué le mantuvieron tanto tiempo?, preguntan. Una reflexión la comparten quienes tomaron la decisión del traslado: «En eso tienen razón, antes se tenía que haber hecho».

Aunque no ha sido el único elemento que ha jugado a favor del cambio, «que no degradación», coinciden en aclarar ambas partes, el fiasco de la investigación de crimen de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala ha tenido su peso específico.

María del Carmen Martínez fue asesinada de dos disparos en la cabeza el 9 de diciembre de 2016 en un establecimiento de automoción propiedad de la familia que regentaba su yerno Miguel López. Él es el único acusado como autor intelectual, además de material, de su muerte y de la tenencia ilícita de un arma que no se ha encontrado. Unos cargos por los que se enfrenta a una petición de pena de más de 25 años de prisión.

La línea de investigación marcada por este inspector y refrendada por Cid descartó desde el principio la intervención de terceras personas pese a que a los tres días del crimen se entregó a Alemania un sicario colombiano reclamado por un intento de homicidio en aquel país. La Policía lo tenía controlado en Alicante y hay quien afirma que en la relación de este fugitivo con el crimen de Novocar (donde se efectuaron los disparos) no se ahondó lo suficiente. Un ejemplo en que se apoyan los que sostienen que al jefe de Homicidios este caso «le quedaba grande».

A eso se añade también el «grave error» de excluir al hijo mayor de la víctima y a su familia de la orden de intervenir los teléfonos del entorno más próximo de María del Carmen. Una medida de la que no se libró ni la hija pequeña del acusado, que en esos momentos tenía diez años, y que a la larga ha acabado perjudicando al primogénito, personado como única acusación particular en el proceso por la muerte de su madre, y dando bazas a la defensa.

O la «prepotencia», aseguran, con la que se rechazó la ayuda que desde Madrid ofrecieron para esclarecer este crimen, oferta que declinaron tanto el inspector como el máximo responsable de la Comisaría. Un apoyo que, por contra y quizá aprendiendo de los fallos, se acogió con los brazos abiertos para investigar un crimen no muy posterior, el de un niño en Elda, un caso que tardó nueve meses en resolverse y por el que desde junio del año pasado está en prisión la pareja del padre de acogida del pequeño aguardando a ser juzgada.

El acusado de la muerte de María del Carmen estuvo en prisión preventiva 39 días y desde entonces comparece cada semana en el juzgado.

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