n La polémica sobre el proyecto para construir una terminal para mover un millón de litros de combustible al año en el Puerto no es la única en la que se han visto los muelles, los vecinos y el Ayuntamiento desde que en 1995 culminara la retirada de los depósitos de la antigua Campsa. En torno a los mismos muelles también hubo otra disputa, ésta a principios de esta década, cuando las empresas cementeras plantearon la construcción de silos de cemento para, precisamente, reducir la exposición de los graneles a cielo abierto. Depósitos de hasta 26 metros de altura -la misma que los proyectados de cemento- que provocaron un gran revuelo social, esta vez por su impacto visual, y acabaron por guardarse en el cajón tras levantarse los dos primeros.

Otro de los grandes encontronazos entre el Ayuntamiento, la ciudad y el Puerto, llegó cuando una empresa de Madrid planteó la construcción para fabricar en la zona industrial de la dársena de poniente de una planta para fabricar biodiésel. Proyecto diferente al actual porque implicaba la manipulación industrial de sustancias. El Ayuntamiento, entonces con Luis Díaz Alperi en la Alcadía (2006) se puso de lado de los vecinos para detener la planta. El asunto llegó a los tribunales tras denuncia de la promotora, que tenía todos los parabienes legales. El tema acabaría en el Tribunal Supremo que dio la razón al Consistorio.

En 2013, la empresa Marpol llegó a solicitar en Urbanismo las licencias para iniciar las obras de una planta para el tratamiento en el muelle 23 de los residuos de los barcos y evitar así que muchos acaben mar adentro. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante había aprobado en febrero de 2012 la concesión administrativa para la instalación de la planta pero nunca se supo nada de la autorización ambiental integrada. La instalación de la planta en el puerto de Alicante contó con el rechazo frontal de los vecinos de la zona de Gran Vía Sur-Puerto, que alegaron contra la posible contaminación, así como de partidos de la oposición como EU, que pidió a Ayuntamiento y Puerto que paralizasen el proyecto.

Y por último, la terminal cerrada para mover los graneles sólidos en el Puerto (cemento, clíncker?). Una actividad que ha tenido una fortísima contestación social, avalada con informes que advierten del peligro de mover ciertos graneles por la emisión de partículas contaminantes. Un tema que ha estado rodeado de polémica porque incluso pese a que un juez ordenó parar la actividad una semana en enero de 2018, el Puerto siempre ha mantenido, informes en mano, que la actividad era legal y cumplía la normativa ambiental.

La intervención del Consell hizo que Autoridad Portuaria y empresas graneleras cedieran a la presión y al final el grupo Eiffagge se adjudicó a finales del año pasado la construcción de una terminal cerrada para el cemento que estará operativa en 2021.