El juicio al exalcalde de Alicante y a otros tres empresarios por tres delitos fiscales y uno de cohecho impropio podría tener que volver a celebrarse si prospera la intención de la Fiscalía de que la Audiencia, a donde tiene previsto recurrir el fallo absolutorio que acaba de dictar un juez de lo Penal, anule la vista oral y ordene que sea otro magistrado quien juzgue los hechos.
Tras el estudio de la sentencia dictada por el magistrado Eugenio Alarcón, que fue notificada la pasada semana a los catorce meses de haber finalizado el juicio y después de que el asunto estuviera paralizado en el juzgado durante casi tres años, la acusación pública entiende que se ha producido una «vulneración de la tutela judicial efectiva por la deficiente o nula valoración de la prueba» o un «error manifiesto», motivos más que suficientes para que el juicio se deje sin efecto y se acuerde que otro magistrado lo repita, sostiene.
Alperi estaba acusado de defraudar a Hacienda en concepto de IRPF más de 682.000 euros en tres ejercicios fiscales (2007, 2008 y 2010) por ingresos de origen desconocido, delitos por los que se le pedía una condena que en total sumaba los nueve años de cárcel. Junto a él se sentaron en el banquillo otros dos empresarios, Antonio Moreno y su amigo Antonio Solana, a quienes se les imputaba haber ayudado al exregidor a perpetrar el fraude y ahora exonerados junto a él. Para ellos se reclamaban tres y seis años de prisión respectivamente por simular negocios de los que el exprimer edil se habría servido para ocultar al fisco esos supuestos ingresos.
A todo ello se sumaba otro cargo por cohecho impropio del que también estaba acusado el exalcalde y el gerente de la Marina Deportiva de Alicante, Javier Palacio, por permitir que el exprimer edil atracara gratis su catamarán. Una acusación por la que se reclamaban nueve meses de cárcel y de la que asimismo han salido ambos absueltos tras probarse en la vista oral las relaciones de amistad que unían a ambas familias. Escenario en el que se enmarcó el uso de un amarre que, por su ubicación en el extremo de un pantalán, estaba excluido de la comercialización.
Frente al criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, el magistrado Alarcón considera «lógico» y «razonable» que la sociedad de uno de los empresarios antes citados, Moreno, firmara un aval por un millón con el que el exedil saldó una deuda contraída con Hacienda con anterioridad a su llegada a la Alcaldía. Para el juez, el que a Alperi se le facilitara semejante cantidad «sin contragarantías, ni fijar precio ni intereses no necesariamente ha de suponer que Antonio Moreno le regalara el dinero». Y el hecho de que el «prestamista» solo haya recuperado apenas 62.000 euros después de más de una década lo atribuye el juez a que «tenía suficiente dinero en efectivo en su empresa y no precisaba más». Y si no se pactaron otras garantías, «es porque Alperi decía que no», explica el juez.
75.000 euros en metálico
Igual de comprensivo se muestra el juzgador en cuanto al catamarán que las acusaciones sostienen que era en realidad de Alperi aunque sobre el papel figuraba que compartía la propiedad con Solana. Si el exregidor lo usaba más es porque tenía el título de patrón de yate, a diferencia de su amigo, y por eso no precisaba de nadie para sacarlo, dice Alarcón, quien da validez también a la explicación de que los 75.000 euros en metálico que el expolítico del PP aportó a la sociedad que compartía con Solana «podía tenerlos de la venta de vino así como de lotería y serigrafías que él mismo declaró». Argumentos por los que, entre otros, la Fiscalía cuestiona la valoración de la prueba realizada por el juez, investigado desde abril por el CGPJ debido al colapso de su juzgado.
