Las placas de cemento y amianto, comúnmente llamadas de uralita, que siguen cubriendo los tejados de una decena de colegios de la ciudad han llevado a los vecinos de la Junta de Distrito de La Florida hasta la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial.
En su recurso argumentan «presunta prevaricación» por parte de los responsables de la Conselleria de Educación en la Comunidad, por el «peligro latente y continuado» del material acumulado en los tejados escolares sobre el alumnado que acude a diario a los colegios. La ausencia de las «medidas urgentes que se requieren», también comprometidas de antemano por el Consell, para erradicar el amianto de los centros educativos, ha llevado el caso ante los tribunales después de haber pasado por la oficina del Síndic de Greuges sin respuesta alguna por parte de la Administración.
También este diario ha solicitado reiteradamente de Educación la relación de obras y calendario previsto de ejecución, para erradicar el fibrocemento de la decena de colegios que siguen pendientes en la ciudad, sin haber obtenido respuesta alguna.
«La presencia de fibrocemento es un riesgo seguro para los miles de alumnos, profesores y familiares que utilizan a diario las instalaciones escolares, porque incumplen tanto las directivas europas como los dictámenes nacionales que han llevado a la prohibición absoluta de fabricación e instalación de elementos con fibrocemento», abunda el representante de la Junta de Distrito vecinal número 2, Luis Almarcha.
En la provincia se estima que quedan por retirar mil toneladas de materiales con amianto, alrededor de medio millón de metros cuadrados. Cerca de 20.000 metros cuadrados de este peligroso material se distribuye por los tejados de casi una decena de centros educativos: Rabassa con más de 4.000 m2; Azorín, Emilio Varela, El Tossal y Gabriel Miró, que superan los 2.000 metros cuadrados de fibrocemento en cada uno de ellos; y el José Carlos Aguilera, antiguo San Roque que ahora ubica servicios de la Concejalía de Educación, San Fernando, Benacantil e Instituto Cavanilles.
En ninguna de estas instalaciones, tal y como certifica el firmante de la denuncia ante Fiscalía y representante vecinal de la Junta de Distrito 3, Jose María Hernández Mata, se está llevando a cabo este verano la retirada del citado material, ni tampoco tienen información relativa al respecto en los citados centros educativos tal y como ha comprobado personalmente iniciada la segunda quincena de este mes de julio.
Verano
A tenor de esta falta de actividad, los denunciantes temen que este verano de 2019 vuelva a pasar de largo para unas obras que se arrastran desde que en 2016 la actual Conselleria de Educación empezó a programarlas sin que hasta la fecha haya tocado el turno todavía a los colegios de Alicante.
Hernández Mata lamenta que el verano se convierte prácticamente en el único momento del año en el que puede llevarse a cabo la operación de retirada del amianto cuando se trata de edificios escolares y con tan amplias superficies, como es el caso, para evitar añadir nuevos riesgos a la salud de los alumnos.
«Es un material altamente contaminante que mezcla el cemento con la fibra de vidrio y que se descompone tanto con el paso del tiempo como por el exceso de calor y de lluvias», recuerda este representante vecinal.
El último informe que el propio Síndic de Greuges redactó el pasado mes de junio, en el que tira la toalla al respecto por la falta de respuesta y de colaboración por parte de los responsables de la Conselleria de Educación, es calificado por José María Hernández como «demoledor». El Síndic acusa a Educación de «quebrar el mandato constitucional», por no servir con «objetividad a los intereses generales con los principios de eficacia y eficiencia», y no dar información alguna.
