"No rotundo a los depósitos de combustible en el Puerto de Alicante". Los vecinos más cercanos a los muelles 19 y 21 donde está proyectada la construcción de una terminal para mover cerca de cien mil toneladas de combustible al año han reaccionado con la misma contudencia que en el tema del tratamiento de los graneles al aire libre.

Oposición frontal, según subraya José Santa María, portavoz de la Asociación Gran Vía Sur-Puerto. Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha vuelto a mostrarse firme en su rechazo a los depósitos. "No forman parte del modelo que queremos para la ciudad, ni para las actividades del Puerto y vamos a trabajar en todas las vías posibles para pararlos. Ya nos costó mucho acabar con los depósitos de Campsa para volver a tener el problema".

"Nuestra valoración no puede ser otra que la de más de doce asociaciones de vecinos consultadas y los grupos ecologistas Democracia en Verde y Ecologistas en Acción. Un no rotundo en los términos manifestados por el presidente Ximo Puig cuando dijo en octubre de 2018 que si Alicante no quieren no se instalarán esos macro depósitos de combustible. Está claro que la posición del movimiento vecinal es un no rotundo", señala José Santamaría, portavoz de la asociación de vecinos Gran Vía Sur-Puerto.

Santa María recuerda que en esta ocasión "no estamos solos como vecinos. Contamos con el apoyo unánime de todos los partidos políticos de Alicante como se observó en una declaración institucional realizada al efecto en el Ayuntamiento, o las últimas declaraciones del alcalde Luis Barcala y del principal partido de la oposición. El portavoz del PSOE, Paco Sanguino se ha expresado en esos términos. Compromís y Unidas Podemos también nos han hecho llegar ese no rotundo a esta barbaridad..

"Nosotros creemos que el convenio de 1995 está en vigor y no se puede permitir correr este riesgo. Alicante está en una zona sísmica, con lo cual un terremoto podría provocar una tragedia. Podríamos también hablar de atentados terroristas y de fenómenos atmosférico extremos cómo tormentas muy fuertes con aparato eléctrico. Causas que podrían generar un accidente de dimensiones incalculables", señala José Santamaría.

"También nos oponemos a la infame estrategia de presentar un proyecto ahora de seis depósitos que está troceado, porque sabemos que después sumarán otros 12 macrodepósitos para el final contar con más de 700.000 toneladas de gasolinas y gasóleos productos inflamables y muy peligrosos a 700 metros de un colegio público y del corazón de la ciudad".

Santamaría subraya que "estas instalaciones también son un enorme riesgo potencial a nivel medioambiental por la cantidad de derrames y accidentes que podrían provocar enormes daños ambientales sobre la bahía de Alicante que no olvidemos es un Lic protegido por la Comisión Europea en su red de espacios naturales 2000. Alicante como ciudad no se merece esto cuando los intereses generales de la ciudad pasan por un turismo fuerte bien organizado un sector servicios potente inversiones en innovación y desarrollo y no en un mega proyecto qué va contra principios básicos firmados por el Gobierno de la comunidad en materia de transición ecológica y energética y que representa además de un retroceso un peligro para el desarrollo de la ciudad"

La Autoridad Portuaria de Alicante recibió el pasado día 9 el espaldarazo legal a la modificación sustancial de la concesión en los muelles 19 y 21 del Puerto para la construcción de una terminal para el movimiento de combustible en forma de un informe el Abogacía del Estado en el que se certifica que la petición de la empresa concesionaria, la mercantil Terminales Marítimas del Sureste, se ajusta a derecho y cumple con todos los requisitos legales exigidos por el Puerto desde que ésta asumió la concesión el 26 de febrero de 2012.

Un año después la empresa que quiere construir los depósitos, XC Business 90, comenzará su periplo administrativo en el Ayuntamiento donde, paradójicamente, se resolvieron todos los tramites hasta que desde el Consistorio comunicaron a la empresa que pidiera a TMS que solicitara al Puerto al modificación sustancial de la concesión, pero solo porque aumenta un 10% el volumen edificable.

La Abogacía del Estado sostiene en su informe que el proyecto contempla instalar los depósitos en la zona del Puerto más alejada de la ciudad "reservada para la ubicación de instalaciones especiales que permitan acoger graneles y la solicitud planteada no supone ninguna variación en cuanto al aumento de superficie, puesto que la instalación se implantaría dentro del ámbito de la concesión, aunque sí se trata de una modificación sustancial de la concesión al superar en más de un 10% el volumen constriuido e incialmente autorizado".

De ahí que Terminales Marítimas del Sureste solicitara la modificación sustancial de la concesión para ceder el uso de una parcela de 14.500 m² a XC Business 90, con el fin de construir la polémica planta de almaenaje y distribución de combustible compuesta por seis depósitos de 26 metros y diámetros variables entre 20 y 50 metros, así como la construcción de casetas de control,.sala de bombas, un centro de tranformación, grupo electrógeno, vestuarios y oficinas.

El objetivo es mover un volumen máximo total de 111.699 metros cúbicos al año, 94.386 toneladas. Según el Puerto, no hay una segunda fase desde que TMS renunciara a ella el 15 de noviembre de 2018. Fase que hablaba de 12 depósitos y 600.000 m³.

Rechazo de CCOO

Por su parte, CCOO ha rechazado a la decisión adoptada por la Autoridad Portuaria de Alicante, debido al impacto que puede tener en la actividad productiva y el riesgo a que expone a la ciudadanía y al medio ambiente. "Esta decisión, aunque viene avalada por informes jurídicos de la Abogacía del Estado, es una bomba de relojería para los barrios afectados y un misil en la línea de flotación de la principal actividad de la ciudad, el turismo", señala Daniel Patiño Miñana, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO PV.

"Instamos al Ayuntamiento y al Consell a que pongan un poco de sentido común en una decisión que ha de ser firmemente consensuada y donde la voluntad política debe responder a los intereses de la ciudadanía, en cuanto a sostenibilidad social, medioambiental y económica", afirma Patiño.

CCOO recuerda que hace 24 años se tomó la decisión de trasladar los depósitos de combustible por las mismas razones que actualmente argumenta el sindicato y que estarían plenamente vigentes. "No podemos considerar solamente un cambio en la ley para decisiones de tanta envergadura para la ciudad. La prevención de riesgos comienza con eliminar el riesgo de origen, y esto supondría no instalarlos en esta ubicación", ha manifestado.

Finalmente, el sindicato insta a todas las partes a un diálogo sincero y honesto donde el único interés que prime en la toma de decisiones sea que "la ciudad sea habitable para las personas, y eso incluye su línea litoral y la protección necesaria".