El Ayuntamiento de Alicante destinará 1,43 millones al año para hacer frente a los sueldos de los concejales de la nueva corporación, unos 274.000 euros anuales más que a principio del pasado mandato. En el primer pleno ordinario tras las elecciones, que se celebrará hoy, se comunicará la relación de dedicaciones exclusivas y parciales para los ediles, que cumplen los sueldos aprobados en la última sesión, en el pleno extraordinario de organización del pasado 11 de julio, donde se aprobó un aumento generalizado de los sueldos: un 10% para los concejales del gobierno y los portavoces de la oposición y un 5% para el alcalde y los ediles de la oposición. Esa propuesta salió adelante con los votos del equipo de gobierno (PP y Cs), junto a la abstención de los dos concejales de Vox. La izquierda, en bloque, se opuso. El reparto de sueldos para los asesores municipales todavía sigue pendiente del visto bueno de Intervención.
De la corporación surgida de la reciente cita con las urnas, todos tendrán sueldo del Ayuntamiento salvo dos concejales: Carlos Mazón, que percibirá su salario como presidente de la Diputación de Alicante, y el concejal de Deportes, José Luis Berenguer (Cs), empresario de profesión, que ha decidido renunciar al sueldo público.
El que más cobrará será el alcalde, que percibirá 72.104 euros al año, seguido de los concejales del gobierno (once, ya que se excluye a Mazón y a Berenguer), que cobran 59.099 euros anuales, la misma cantidad que se ingresarán los cuatro portavoces de la oposición (Francesc Sanguino, del PSOE; Xavier López, de Podemos; Natxo Bellido, de Compromís; y Mario Ortolá, de Vox). En el penúltimo escalón salarial se encuentran los concejales de la oposición con dedicación exclusiva, que son tres socialistas, con una nómina que llegará a los 52.653 euros al año. En la parte inferior se sitúa el resto de concejales, los miembros de la oposición que se quedan con las dedicaciones parciales (la ley solo permite veinte sueldos exclusivos), con unas retribuciones anuales de 39.489 euros. Son cinco socialistas y un concejal por cada uno de los grupos minoritarios.
La renuncia al sueldo del concejal de Deportes, José Luis Berenguer (Ciudadanos), no figuraba en la relación inicial que Alcaldía facilitó a la oposición, donde las veinte dedicaciones exclusivas se repartían entre el equipo de gobierno (salvo Mazón, al que siempre se situó con sueldo en el Palacio provincial). Así que, según el documento que hoy pasa por el pleno municipal, son 19 las dedicaciones exclusivas que se aprueban para el arranque de este mandato, quedando una en el aire. La Ley de Bases del Régimen Local, al tratarse Alicante de un municipio con una población comprendida entre los 300.001 y 500.000 habitantes, permite tener hasta veinte dedicaciones exclusivas.
En el citado listado figura todavía Sonia Tirado, recién elegida directora general de Innovación, cuya renuncia al acta de concejal también se abordará en la sesión plenaria de hoy. Su hueco en el grupo de Compromís lo ocupará Rafa Mas (Iniciativa), que percibirá el mismo sueldo previsto para la exedil del tripartito: una dedicación parcial de 39.489 euros al año.
En contra de lo acordado en el inicio de este mandato, hace cuatro años no todos los concejales de la corporación municipal pudieron percibir de arranque sueldo municipal. En concreto, según lo aprobado en el pleno del 15 de julio de 2015, los concejales del tripartito (quince) tenían dedicación exclusiva, al igual que tres miembros del PP (de los ocho del grupo) y dos de Ciudadanos (de seis). Además, un concejal popular y otro de Ciudadanos también percibían sueldo parcial. El resto de ediles, hasta cinco, no cobraban.
El PP duplicó la ejecución de inversiones del tripartito en 2018, año previo a las elecciones
El gobierno de Luis Barcala (PP) ejecutó casi un 40% de las inversiones previstas en 2018, el año previo a las recientes elecciones municipales. Con esas cifras, el ejecutivo popular duplicó la ejecución realizada un año antes (2017) por el entonces gobierno del tripartito, que se quedó solo en el 20% de las inversiones previstas. La concejal de Hacienda, Lidia López, anunció ayer que el gobierno local lleva al pleno de esta mañana la ejecución del Presupuesto de 2018, donde figura un remanente próximo a los 28 millones de euros, que podrán ser utilizados para inversiones sostenibles en este 2019. Según el ejecutivo del PP y Cs, el nivel de ejecución del gasto el pasado año fue del 83,59% y el de inversiones del 39,59%. En comparación con la ejecución del gasto y de las inversiones de un año antes, cuando gobernaba el tripartito formado por PSOE, Guanyar y Compromís, la gestión del equipo de gobierno del PP, según la actual edil de Hacienda, fue «significativamente mejor que la heredada de los tiempos de la izquierda». En concreto, en 2017, el nivel de gasto ejecutado del presupuesto fue del 79,97%, frente al 83,59% del año pasado, mientras que el nivel de inversiones realizada fue en 2017 de sólo un 19,98%, frente al 39,59% alcanzado en 2018. La edil de Hacienda, que se propone «mejorar» en las cuentas de 2019 y 2020 los niveles de ejecución alcanzados en 2018, espera aprobar el próximo presupuesto municipal antes de que finalice este año.
Una propuesta plenaria en defensa del colectivo LGTBI une a la izquierda en Alicante
El PSOE y Podemos, junto a Compromís, anunciaron ayer una declaración conjunta en defensa del colectivo LGBTI, que se debatirá en el pleno de hoy. La propuesta de la izquierda (que está en minoría en el pleno frente a la suma del gobierno del PP y Cs, junto a los ultras de Vox) también incluye el rechazo a aquellos pactos políticos (en alusión a los acuerdos de las derechas) que «llevan en sus agendas la reversión de derechos sociales y el vaciado o eliminación de las leyes que protegen el colectivo LGTBIQ+, que se están planteando en algunas comunidad autónomas del Estado español por partidos de ultraderecha». La iniciativa apuesta por que el pleno se comprometa a «interponer la oportuna denuncia por delito de odio ante cualquier iniciativa de los partidos políticos integrantes de esta corporación que pueda ser interpretada como persecución, discriminación y señalamiento de personas LGTBI+ y/o aquellas personas que realizan cursos y talleres en favor de la diversidad afectivo-sexual en diferentes ámbitos de la vida pública, en especial la publicación de listas en las que aparezcan sus nombres», en alusión directa a las peticiones de Vox en otras administraciones como las Cortes. Por último, la izquierda reclama un acuerdo plenario para que el Ayuntamiento de Alicante «promueva la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ dedicando nombres de calles y plazas a personas referentes activistas de esta lucha».
