Pedaleando en su bici le pilló ayer al exdirector general de la CAM Roberto López Abad la noticia de la segunda absolución que ha cosechado en el Tribunal Supremo. La primera fue la confirmación de una exculpación previa de la Audiencia Nacional en la causa que compartió con el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés, también exonerado, por la concesión al empresario murciano de varios préstamos y el cobro de unas dietas. La segunda, la de ayer, por no considerar probado que manipulara las cuentas de la caja de ahorros correspondientes al ejercicio de 2010. Una resolución que revoca la condena impuesta también por la Audiencia Nacional en octubre de 2017 por un delito de falsedad contable.
La buena nueva, sobre la que el exdirectivo no quiso pronunciarse aunque no podía ocultar su satisfacción por el fallo, le llega con otro proceso pendiente de la decisión del Alto Tribunal: la condena a dos años y medio por los 600.000 euros que bajo la denominación de dietas cobró el expresidente Modesto Crespo, quien para evitar la cárcel pactó con la Fiscalía y admitió que estos pagos (ideados por López Abad, según la sentencia de la Audiencia de Alicante) eran ilegales en tanto que no respondían a ninguna contraprestación.
Le queda esa resolución, de la que el magistrado alicantino Vicente Magro ha sido designado ponente, mientras se encuentra en plena valoración sobre qué hacer en el proceso por los negocios de la CAM en el Caribe. Una causa en la que se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión por un delito de administración desleal y cuyo juicio está señalado para el próximo 17 de septiembre después de que se haya aplazado en dos ocasiones para buscar un acuerdo que contente a todas las partes: a los acusados (junto a él falta por conformarse el también exdirectivo de la caja Daniel Gil después de que ya lo hicieran los empresarios Juan Ferri y José Baldó, acusados junto a ellos por la aventura empresarial al otro lado del Atlántico), el Fondo de Garantía de Depósitos, que reclama a los exdirectivos cerca de doce millones por el daño causado a la entidad aunque estaría dispuesto a conformarse con poco más de siete, y Caser, la aseguradora que en caso de condena tendría que desembolsar 15 millones de difícil recuperación.
Aunque López Abad siempre ha sido partidario de defender su gestión en vez de asumir la culpabilidad de unos hechos de cuya legalidad está convencido, la situación en la que le han dejado las conformidades alcanzadas en la causa del Caribe estaba haciendo que valorara las posibilidades de tomar el mismo camino y declararse culplable a cambio de un pena inferior al año y un desembolso asumible, donde hasta ayer radicaba el mayor escollo para alcanzar el acuerdo. Pero todo esto era hasta ayer, cuando aún no sabía que por dos veces el Supremo ha proclamado su inocencia en cómo gestionó la CAM.
