El Consell culpa al Ayuntamiento de los retrasos que vulneran la ley en la tramitación de ayudas sociales

La conselleria de Oltra asegura que dará 2,5 millones de euros para la contratación de personal este 2019

Oltra y Barcala, en un encuentro entre ambos en Alicante. álex Domínguez

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas acusa al Ayuntamiento de Alicante de los retrasos en la tramitación de la Renta de Inclusión, criticados en una reciente resolución del Síndic de Greuges. En ese texto, el Defensor del Pueblo autonómico reprueba a la Generalitat y al gobierno local de Barcala, a quien afea en concreto que solo en registrar las solicitudes triplique el plazo máximo legal para emitir la resolución.

La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Aitana Mas, recordó ayer que, entre los años 2017 y 2018, el equipo de gobierno (que estuvo dirigido por la izquierda y en la última etapa por el PP) «recibió más de 2,7 millones de euros exclusivamente para la contratación de personal de servicios sociales». Estas ayudas, de carácter nominativo (es decir, específicas para la contratación de personal), «suponían anualmente la creación de 53 puestos de trabajo para mejorar la atención en los equipos de base de servicios sociales del consistorio», según explicó ayer la diputada alicantina. «Lo que pone de manifiesto la reprobación del Síndic de Greuges al Ayuntamiento es que la Alcaldía de Alicante no se ha tomado en serio tener una verdadera infraestructura de servicios sociales que sirva de puerta de entrada a un sistema que al final solo busca hacer más fácil la vida a las personas», apuntó Mas.

La diputada de la coalición de izquierdas subrayó ayer que la conselleria dirigida por Mónica Oltra cuenta con que el Ayuntamiento de Alicante reciba otra subvención de 2,5 millones de euros «a lo largo de 2019», de nuevo para la contratación de personal. «La ayuda reúne la cantidad suficiente como para que la concejalía pueda contratar a 106 personas», prosiguió la diputada, quien defendió que el Botànic «ha trabajado desde el año 2015 para consolidar los servicios sociales como la cuarta pata del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones».

En este ejercicio presupuestario, la previsión de la Generalitat es que los ayuntamientos y mancomunidades puedan contratar a 1.784 profesionales frente a los 352 trabajadores municipales que había al inicio de la legislatura. «Este incremento de las plantillas de profesionales permitirá una reducción de la ratio de habitantes por profesional, lo que significa aumentar el tiempo y la calidad de la atención a los ciudadanos y ciudadanas, con una dedicación más personalizada, más profesional y más cercana», explicó ayer la diputada autonómica de Crevillent.

Desde la conselleria que dirige Oltra, por otro lado, aseguraron ayer que el Ayuntamiento de Alicante, tras 2018, devolvió 116.000 euros de un programa destinado para contratar técnicos de inclusión social para trabajar en la Renta Valenciana de Inclusión.

Resolución crítica

Así respondió ayer el gobierno valenciano tras la resolución del Síndic de Greuges, en la que critica al Ayuntamiento de Alicante, liderado por Luis Barcala, y a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra, por los retrasos en la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión, que supera ampliamente los plazos máximos establecidos por la ley. El Defensor del Pueblo valenciano aborda en este caso una queja ciudadana presentada en febrero de 2019, relativa a una petición para percibir la renta de inclusión solicitada en septiembre de 2018. «El Ayuntamiento de Alicante grabó el expediente en la aplicación informática el 22 de marzo de 2019, transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud. Contabilizando exclusivamente la demora en la grabación, se ha sobrepasado en cuatro meses el plazo para emitir la propuesta de resolución», subraya el Síndic en un documento público en el que exige también mejoras al departamento autonómico de Oltra, al que le reclama que «revise y evalúe el procedimiento técnico administrativo implantado para la resolución de expedientes de Renta Valenciana de Inclusión, para lograr que se resuelvan en los plazos legalmente establecidos».

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