Ha tenido que pasar una década desde que se denunciaron los hechos para que el proceso penal abierto por la adjudicación de la contrata municipal del mobiliario para eventos festivos durante los mandatos de los alcaldes populares de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo esté listo para ser juzgado.
El magistrado Ángel Manuel Villanueva, quien impulsó y ha finalizado la instrucción de un asunto que se inició por la denuncia del responsable de la otra mercantil que optaba al concurso de 2009, Alavés Montajes, acaba de abrir juicio oral. Y lo ha hecho a quienes las acusaciones, tanto la pública como la particular que ejerce el bufete Ferrer-Pallás, consideran responsables del amaño de una contrata que al final acabó anulando el Tribunal Superior (TSJ) condenando al Ayuntamiento a indemnizar en más de 223.000 euros al empresario a quien no se la dieron pese a ser un millón más barata.
Acusados de prevaricación por los supuestos amaños están dos expolíticos (el exvicealcalde Andrés Llorens y el exconcejal Juan Zaragoza), el empresario adjudicatario y propietario en aquellos momentos de la mercantil Isjoma, Isidro García, y tres técnicos municipales: quien fuera el responsable del área de Atención Urbana Víctor López y los funcionarios Ginés Pérez y Francisco Ramón.
Además de unas peticiones de penas de prisión que oscilan entre los dos y los cinco años y los siete y los quince y medio de inhabilitación, para todos ellos el juez ha fijado fianzas que sumadas alcanzan casi los nueve millones: más de 2,2 millones en el caso de Llorens, Zaragoza, García y López, 75.562 en el de Pérez Beltrán y 1.856 en el del otro funcionario. Con ello, el magistrado busca garantizar que se pueda hacer frente a la responsabilidad civil que se derive de este proceso en caso de condena. Como responsable civil subsididario cita Isjoma.
Ambas acusaciones sostienen no sólo que el pliego se amañó para favorecer a Isjoma en lo que coloquialmente se ha venido llamando como la contrata de sillas, en manos de esta mercantil desde 2003, sino que, además, la empresa recibió del Ayuntamiento numerosos contratos a dedo por suministros que inexplicablemente se ofrecían al margen del contrato. Encargos que en los años 2007 y 2009 alcanzaron casi los 900.000 euros al margen del importe de la adjudicación.
Por estos contratos fuera de concurso el fiscal pide una indemnización de 44.412 euros más los casi 300.000 con el que Ayuntamiento tuvo que resarcir a Alavés tras la anulación de la adjudicación por el TSJ. La acusación particular eleva a 57.421 euros la reclamación por los contratos menores y añade a lo solicitado por el fiscal el 1,1 millón más IVA que el Ayuntamiento pagó sin deber por dar la contrata a la oferta más cara.
