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Un fallo deja sin ayuda a un hombre con el máximo grado de dependencia

La Generalitat alega que estaba a la espera de recibir un informe del Ayuntamiento de Alicante para conceder la prestación

Pablo Carretero en su silla. Información

Pablo Carretero, alicantino de 84 años, sufrió dos ictus en dos años, el primero en 2011 y el segundo en 2013. Su movilidad se redujo hasta tal punto que la Generalitat le concedió en julio de 2018 el máximo grado de dependencia. Sin embargo, ha estado un año sin percibir ninguna ayuda económica. Un informe del Ayuntamiento de Alicante que nunca llegó a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha impedido hasta ahora que empezara a cobrar la prestación.

Pablo vive en un primer piso sin ascensor y su mujer, con una nueva válvula aórtica desde 2017 y problemas de huesos, sólo puede prestarle la ayuda que sus fuerzas le permitan. Desde hace un año, la familia se ve obligada a invertir la paga de Pablo y los ahorros familiares en el pago de un cuidador que le visita cada mañana, lo asea y sale con él a la calle.

«En el año 2011, con el primer ictus, solicitamos una ayuda que fue denegada porque mi madre aún podía ayudarlo», relata Belén, la hija de Pablo, quien explica que el camino ha sido muy largo: «Cuando en enero de 2017 operan a mi madre para cambiar la válvula aórtica iniciamos los trámites para solicitar la ayuda de nuevo, porque ella ya no podía ser cuidadora, también necesitaba atención». Un año después, desde la Conselleria requirieron documentación pendiente y, meses más tarde, llegó la notificación del grado 3 de dependencia. Eso sólo fue el comienzo de un nuevo peregrinaje hacia la concesión de la prestación económica, que todavía no ha empezado a cobrar.

De una administración a otra

Fuentes de Generalitat señalan sobre este caso que se había dado el aviso al Ayuntamiento, y que éste había procedido a enviar el informe que faltaba para la tramitación de la ayuda. En este sentido, afirman que Pablo comenzará a cobrarla en breve. Este periódico ha tratado de averiguar a qué pudo deberse que el Consistorio no emitiera el citado documento, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

La familia de Pablo esperó en vano durante diez meses a empezar a cobrar la ayuda, hasta que, preocupada por no saber nada, Belén consultó sobre su caso a la Conselleria, donde le comunicaron que su padre no constaba todavía con esa valoración. «Cuando les pregunté a qué se debía el fallo me dijeron que eran meros informadores», asegura. Ante tal postura decidió enviar un burofax a Generalitat informando de lo que ocurría y adjuntado la carta donde acreditan a Pablo el grado 3 de dependencia. Aún siguen esperando. «Es frustrante cuando no sabes a quién recurrir y cuando nadie sabe decirte qué es lo que está pasando», explica Belén.

Días después acudió al centro social municipal de Alicante al que está adscrita la familia. La afectada comenta que «allí sin cita no te atienden, así que nos pidieron el número de teléfono hasta en dos ocasiones, asegurando que la trabajadora social nos llamaría». Pero esas llamadas nunca se produjeron.

Además, afirma que les indicaron que ese trámite no era una competencia municipal, sugiriéndoles que acudiesen a la Dirección Territorial de Conselleria. Pero allí, tal y como especifica Belén, contradijeron lo anterior y argumentaron que «ya no era competencia de ellos, así que cogí cita para que al menos me informasen sobre el expediente». Pero ocurrió un contratiempo: según Belén, justo ese día «no funcionaba el programa». Así pues, de nuevo a la casilla de salida. Finalmente, la semana pasada consiguió que la citasen para el próximo mes de septiembre, aunque no sabe si contarlo como una victoria o si esto será una gota en un mar de trámites y llamadas.

Mejoras que no evitan esperas

«No es normal que personas de más de 80 años pasen tanto tiempo esperando una ayuda, resulta alarmante que nadie sepa ni tan siquiera decirte qué error puede haber», lamenta Belén, quien transmite la lucha de toda la familia durante este tiempo. «Todos echamos una mano porque, si no, sería imposible mantener esta situación; yo ya no podía pedir más días libres en el trabajo». Además, advierte del temor de su madre ante el futuro: «Siempre nos dice que nos vamos a gastar el poco dinero que tenemos ahorrado».

En 2015 la Comunidad Valenciana contaba con cerca de 30.000 personas desatendidas, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Actualmente, con datos actualizados hasta el mes de junio de 2019 por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, hay registradas 94.297 personas beneficiarias con derecho a prestación económica, una cifra superior al mismo mes del año pasado, en que eran 78.578. En cuanto a los beneficiarios que ya cobran algún tipo de ayuda, hay un total 80.886, frente a 68.262 en junio de 2018.

Las cifras muestran que en los últimos cuatro años se resuelven más expedientes y se han reducido las listas de espera a la dependencia, pero lo cierto es que aún existe una demora de aproximadamente año y medio que afecta a miles de personas. El plazo máximo establecido por ley para resolver las solicitudes de estas ayudas es de seis meses, a contar desde la fecha en la que se entrega el formulario en el registro.

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