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Sentencias a fuego lento

El CGPJ ha abierto un expediente por la demora del magistrado Eugenio Alarcón, pero no aporta soluciones al retraso general

Imagen que se tomó el primer día del juicio al exalcalde Luis Díaz Aperi y a sus tres compañeros de banquillo. Rafa arjones

En parte por iniciativa propia y quizá en (gran) parte espoleado por la denuncia de un particular afectado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente al magistrado de lo Penal de Alicante Eugenio Alarcón cuyo juzgado cerró el pasado año con más de 1.350 asuntos pendientes.

Un juez que ya se encontraba bajo la lupa del órgano de gobierno de los jueces por las demoras detectadas en su departamento y a quien hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad le dio un tirón de orejas por su pachorra: lo hizo por la flema con que se tomó los prolegómenos del proceso abierto al exalcalde del PP de Alicante Luis Díaz Alperi por tres delitos fiscales y uno de cohecho impropio cuyo resultado sigue sin conocerse trece meses después de que quedara visto para sentencia, lo que ocurrió el 1 de junio del año pasado.

Como «una dilación difícil de entender» calificó el TSJ los casi tres años que este magistrado mantuvo la causa en su juzgado durmiendo el sueño de los justos para, transcurrido ese tiempo, plantear al máximo órgano judicial de la Comunidad si el asunto (que le fue remitido desde Valencia al perder Alperi su condición de aforado tras dimitir como diputado) era en realidad competencia suya. Y lo era.

Lo que no se concretó es cuándo iba a resolverse un proceso en el que el exregidor se enfrenta a una petición de casi diez años de cárcel y sus otros tres compañeros de banquillo, a 6, 3 y casi un año respectivamente. Que no es poca condena para vivir tanto tiempo con la incertidumbre de si tendrán o no que cumplirla.

En su descargo ante el Servicio de Inspección del Consejo el magistrado ha justificado el colapso de su juzgado por la existencia de asuntos pendientes que no estaban contabilizados como tales. Una explicación cuanto menos peregrina si como referencia se toma algo tan fácilmente contable como es el tiempo que tarda en dictarse una sentencia desde que finaliza el juicio.

Máxime cuando, sin obviar la sobrecarga de trabajo y la carencia de personal a la que tienen que hacer frente estos departamentos, los nueve juzgados de lo Penal de Alicante cuentan desde hace año y medio con tres jueces de apoyo (en quienes cada juzgado va descargando bloques de 50 asuntos) y no consta que Alarcón haya reclamado ayuda extra ante el supuesto de que alguna situación sobrevenida hubiera colapsado su juzgado.

Llegados a este punto, y a la espera de que concluya el expediente abierto al magistrado el pasado abril (cuyo fin se presume para el próximo septiembre), lo que cuesta entender es que no se haya activado un plan de choque que permita dar salida a ese más de un millar de asuntos pendientes que mantienen en vilo a un número indeterminado de personas pero, en cualquier caso, muy superior a esa cifra. Ya sea por parte del propio Consejo o a instancias del Tribunal Superior

Porque la investigación abierta podrá acabar o no con una sanción de mayor o menor calado al magistrado, pero eso no soluciona el problema de unos asuntos que, de no tomar medidas, seguirán a la espera del punto y final. Una situación que, por desgracia, no es exclusiva de este juzgado al que, aún arrojando las cifras más alarmantes, le siguen de cerca varios departamentos de la misma jurisdicción.

Puede argumentarse que el TSJ prefiera no tomar cartas en un asunto que ya se encuentra bajo la órbita del Servicio de Inspección del Consejo. Lo complicado es cómo se explica a una persona que lleva más de un año esperando su sentencia que por parte de quienes pueden hacerlo no se haga nada.

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