La Policía Nacional mantiene dos líneas de investigación abiertas en estos momentos para dar con quienes protagonizan u organizan matrimonios de conveniencia. El número de detenidos en la provincia de Alicante por colocar o colocarse anillos sin tener una relación sentimental asciende a 95 en el último lustro, una cifra que abarca solo los casos en los que se incurre en un posible delito penal: es decir, donde además de una boda a cambio de una serie de intereses existe un ánimo de lucro, usurpación de estado civil o falsedad documental previa.
Las dos operaciones abiertas están a cargo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), el grupo de la Comisaría Provincial que ya suma 17 detenidos en lo que va de 2019, según datos de la Policía Nacional. La unidad emplea tres equipos en la investigación de estos casos, aunque dos de ellos se dedican plenamente a esta misión, entre otros cometidos, mientras que un tercero apoya la labor.
Esta cifra, la que hace referencia a 2019 y que se produce con solo la mitad del año a espaldas, certifica una progresión ascendente en los últimos cuatro años, desde que se registrara el menor número de detenidos de los últimos seis años en 2016.
En 2014, el número de arrestados era próximo a la veintena. El siguiente periodo, el de 2015, es el que ha registrado más casos de detenidos de los últimos seis años; un total de 25, una cifra que no se ha vuelto a dar en ninguno de los ejercicios del cuerpo hasta el momento, pese a que la inercia del presente año podría cambiar este registro.
Los dos equipos de la UCRIF realizaron solo 4 detenciones en 2016, la anualidad con el menor número de personas detenidas. A partir de este periodo, el crecimiento ha duplicado cada una de las cifras que le precedían. En 2017 fueron 10 las detenciones y en 2018 ascendieron a 20.
En lo que va de año, una de las unidades ha dado con diez personas involucradas en casos de matrimonios de conveniencia, y la otra con siete. En el caso de seguir esta progresión, el 2019 volvería a duplicar la cifra del año anterior.
Delito penal
Sin embargo, como se ha mencionado, un matrimonio de conveniencia no sería delito y solo podría acarrear sanciones administrativas a no ser que existiera un ánimo de lucro y no exista usurpación de estado civil o falsedad documental previa.
Así lo comunicó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que en 2017 anuló la condena de dos años de prisión que la Audiencia de Barcelona había impuesto a una pareja al considerar que se habían casado por conveniencia -para lograr la legalización de la situación en España del hombre, de nacionalidad dominicana- y que por tanto su matrimonio era «mendaz» e «inexistente», de lo que se derivaban delitos de falsedad y contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
El Supremo absolvió a los dos acusados de ambos delitos, y recordó que el matrimonio de complacencia o conveniencia, de acuerdo a la legislación española, solo puede acarrear sanciones administrativas o derivar en un ilícito civil pero no penal.
La pareja en cuestión había celebrado un matrimonio religioso en España en julio de 2009, un enlace que, según los hechos probados en la sentencia de la Audiencia barcelonesa, fue «contraído de forma simulada y por lo tanto inexistente» con la única finalidad de legalizar la situación del hombre, e inscrito de forma «mendaz» en el Registro Civil.
La Audiencia explicaba que ambos hacían vidas separadas, cada uno con su pareja verdadera y sus hijos respectivos.
Operación Wedding: 40 detenidos por concertar matrimonios
La Guardia Civil desmantela una organización criminal establecida en la Comunidad con miembros en Elda
Los casos de matrimonios de conveniencia en los que no existe un ánimo de lucro ni usurpación de estado civil o falsedad de documental previa, no serían considerados delito. Sin embargo, del otro lado, y también relacionados con este tipo de lazos, están los episodios como el de los cuarenta miembros de una organización criminal que fueron detenidos en la Comunidad Valenciana a comienzos de este año por la Guardia Civil dentro de la operación «Wedding». Todos ellos, algunos establecidos en Elda, podrían haber cometido un delito penal.
Los integrantes de esta red se dedicaban a concertar matrimonios de conveniencia en la Comunidad entre mujeres españolas y rumanas y varones indios.
El operativo de la Benemérita, que comenzó el pasado mes de agosto tras tener conocimiento de la práctica, comprobó cómo la organización falsificaba todo tipo de documentos para acreditar la legalidad de los enlaces. Otros miembros de la misma organización gestionaban una red de certificados matrimoniales falsos en diferentes países. Parte de la organización se auxiliaba de autónomos encargados de acreditar ficticiamente actas de la seguridad social de las contrayentes.
Los detenidos de la organización están supuestamente implicados en los delitos de organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
