Un concurso amañado. Así definen los representantes legales del empresario que denunció el llamado caso Isjoma el proceso por el que se volvió a adjudicar a esta mercantil en el año 2009 el concurso público para el suministro de infraestructuras para actividades festeras en la ciudad de Alicante. En el escrito de conclusiones presentado por los letrados José Alberto Ferrer y María Dolores Martínez Soler, se asegura que los acusados actuaron con el propósito de beneficiar a Isjoma, en detrimento de la empresa Alavés Montajes y Realizaciones, que optaba a la misma contrata y que denunció los hechos. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia anuló la contrata y obligó al Ayuntamiento a indemnizar a Alavés con 296.000 euros.
Al igual que la Fiscalía Anticorrupción, la acusación particular reclama penas de prisión para el exconcejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, para el de Comercio, Juan Zaragoza y para tres funcionarios municipales. Entre ellos se encuentra el que fuera responsable del área de Atención Urbana, Víctor López. Las presuntas irregularidades no sólo afectan al concurso de 2009, sino a la falta de control de la contrata desde 2003.
La acusación particular recuerda que los informes del jefe de Atención Urbana determinaron que el concurso público de 2009 se adjudicaran a Isjoma, a pesar de que Alavés había presentado una oferta hasta un millón más barata que la de su competidora. La acusación sostiene que López, «con la única finalidad de obtener una puntuación que supusiera la adjudicación del contrato a Isjoma, elaboró un informe en aplicación de criterios subjetivos, totalmente parcial y arbitrario, repleto de calificaciones despectivas y personales hacia la mercantil Alavés, de suposiciones, de errores materiales y sin ningún tipo de fundamento técnico». Según el escrito, tanto el técnico, mediante sus informes «arbitrarios», como los exediles Llorens y Zaragoza «manipularon la voluntad de la mesa de contratación» para adjudicar el contrato a Isjoma que luego anuló el TSJ.
En el escrito de acusación también se denuncian las presuntas irregularidades que se habrían cometido entre 2003 y 2009 tras el anterior concurso, que no eran casos aislados, sino que se trataba de una conducta «reiterada». Entre ellas, el hecho de que los dos funcionarios que debían controlar el cumplimiento de la contrata (Víctor López y Ginés Pérez) firmaban como suyas las certificaciones que les presentaba el contratista, Isidro García, a quien se le imputa prevaricación en calidad de cooperador necesario. «Los funcionarios no controlaron la ejecución del contrato de forma reiterada, intencionada y meditada», asevera la acusación.
También se denuncia la existencia de trabajos que se realizaban al margen de la contrata, a pesar de que eran de «naturaleza análoga o idéntica» y que se adjudicaban a dedo a Isjoma. «Quien decidía era Víctor López, sin que para ello justificara en modo alguno los motivos por los que unos montajes de escenarios se incluían y otros no», señalan. Actividades como Programa Ven a Miró, la Noche de los IES o Tu otra historia, todos adjudicados a Isjoma, «deberían haber sido incluidos en el contrato de suministro» o adjudicarlos tramitando el correspondiente concurso. La acusación alerta de que cuando el importe del suministro superaba el mínimo legal para darlo a dedo, el pago se fraccionaba «con la única finalidad de adjudicarla directamente al mismo adjudicatario».
La acusación particular cifra en 57.421 euros el perjuicio que tuvo el Ayuntamiento por estas adjudicaciones directas, cantidad que se ha determinado con arreglo al beneficio industrial obtenido por Isjoma. La mercantil recibió 858.636 euros al margen de la contrata en adjudicaciones a dedo, según las acusaciones. El querellante reclama a los acusados que indemnicen con 1,5 millones al Ayuntamiento de Alicante por las perjuicios sufridos, así como otros 223.297 a la mercantil Alavés. Aunque el Ayuntamiento de Alicante no ve delito para acusar, el alcalde, Luis Barcala, ha asegurado que no renuncia a ser indemnizado después de que el juez le instara a que se pronunciara expresamente sobre ello.
