n Los ciudadanos no son los únicos que parecen acumular dinero en el banco sin tener muy claro qué hacer con él. También las administraciones públicas de la provincia, es decir, los ayuntamientos, guardan cada vez mayores cantidades en sus cuentas aunque en este caso es el Gobierno central el que no les deja invertir estos fondos. La denominada regla de gasto, que limita el crecimiento de los presupuestos municipales, y la prohibición de gastar en inversiones que no sean financieramente sostenibles ha llevado a que los consistorios no tengan forma darle salida a este dinero, procedente de los superávits que generan, para queja de muchos de sus gobernantes, que quisieran disponer de estos fondos. De esta forma, al cierre del primer trimestre el saldo de los ayuntamientos de la provincia ascendía ya a 1.462 millones, 173 millones más que hace un año y más del doble del dinero que tenían en sus cuentas en 2015.
