El magistrado del llamado caso Isjoma ha preguntado al Ayuntamiento de Alicante si renuncia a los 1,4 millones de indemnización que reclaman las acusaciones para el consistorio. La corporación estaba personada como acusación particular en la investigación por las presuntas irregularidades en la contrata para el suministro de infraestructuras para eventos festeros, pero presentó un escrito el mes pasado concluyendo que de la investigación no se desprendía indicio de delito alguno, ni se había causado perjuicio al Ayuntamiento.
Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular que ejerce el empresario que denunció los hechos consideran que sí que se cometieron delitos y reclaman indemnizaciones por entender que las arcas municipales resultaron perjudicadas por la actuación de los acusados. Ante el planteamiento del instructor, el juez ha dado cinco días de plazo al Ayuntamiento para que aclare qué va a ocurrir con esas indemnizaciones porque ni el fiscal, ni la acusación particular pueden ejercer las responsabilidades civiles en nombre del Consistorio, si este ha renunciado expresamente a ellas.
Entre los acusados se encuentran el exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens y el exedil de Comercio Juan Zaragoza por las presuntas irregularidades en la contrata de las sillas y el suministro de material para las actividades festeras entre los años 2003 y 2009. También se acusa a tres funcionarios municipales, entre ellos el exjefe de Atención Urbana Victor López, así como al empresario de la mercantil Isjoma. Se les imputa un delito de prevaricación, aunque en el caso de Juan Zaragoza se le atribuye otro de revelación de secretos. Se les acusa de haber beneficiado presuntamente a esta mercantil.
Al margen del contrato
La Fiscalía Anticorrupción reclama una indemnización de 340.548 euros para el Ayuntamiento. Por un lado, 44.000 euros corresponderían al 6% del beneficio industrial por los servicios prestados al margen de la contrata por Isjoma durante el periodo investigado; más 296.168 euros por el dinero con el que se tuvo que indemnizar a la empresa Alavés Montajes y Realizaciones por daños y perjuicios a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad anulara la contrata a Isjoma en una sentencia del año 2015.
En el caso de la acusación particular que ejerce la empresa Alavés a través del bufete Ferrer Pallás, se pide una indemnización para el Ayuntamiento de Alicante de 1.402.825 euros por los sobrecostes en la ejecución del contrato.
Mientras, el Ayuntamiento descartaba la existencia de una confabulación de todos los acusados y que se organizaran en una trama para defraudar a la Administración y defendía que los errores que determinaron la anulación de esta contrata por la vía administrativa fueron corregidos, motivo por el que reclamaba el sobreseimiento de la causa.
Ante los informes contradictorios entre las acusaciones, el magistrado Ángel Villanueva considera que no puede dictar la apertura de juicio oral en tanto que no se aclare la cuantía de la indemnización. En ese trámite del proceso, es cuando se reclama a los acusados el pago de una fianza para garantizar que el pago de las responsabilidades civiles estaría cubierto.
Fianzas
En este caso, entiende el juez que si la Administración no quiere ser indemnizada, el fiscal y la acusación particular no pueden reclamar ese dinero en su lugar en el caso de que ésta haya renunciado expresamente a este dinero.
Por este motivo, ha pedido al Ayuntamiento de Alicante que en el plazo de cinco días aclare «si el contenido de su escrito es una renuncia al ejercicio de la acción civil». En el caso de que así fuera, el magistrado exige a esta parte que presenten un certificado del secretario del Ayuntamiento del acuerdo adoptado en ese sentido por la persona competente para ello. Una vez abierto juicio oral, será el turno para que informen las defensas.
El precedente de la causa por las irregularidades en las obras del Plan E
La juez fijó una fianza de dos millones para los cuatro acusados a pesar de que el Ayuntamiento no veía delito
La renuncia del Ayuntamiento de Alicante a ejercer la acusación particular por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del Plan E no impidió a la juez fijar una fianza de dos millones de euros para los acusados. La magistrada Patricia Romero abrió juicio oral el pasado mes de abril al exvicealcalde y exconcejal de Atención Urbana de Alicante Andrés Llorens, también imputado el caso Isjoma. Otros acusados, por los presuntos amaños en las obras del Plan E son el funcionario José María Lidón y dos empresarios. La juez les llevaba al banquillo por prevaricación y fraude en la Administración Pública. El fiscal reclamaba cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados, así como 12 de inhabilitación para el exconcejal y el técnico acusados. Para garantizar el pago de las indemnizaciones en el juicio la magistrada fijó una fianza conjunta y solidaria de algo más de dos millones de euros a pagar entre los cuatro acusados y las dos mercantiles a las que las acusaciones consideran responsables civiles, Becsa y CCMS.
Trabajos ejecutados
Los hechos se remontan al año 2009 en el marco de la ejecución de varios proyectos financiados a través del llamado Plan E que puso en marcha el Gobierno para tratar de estimular la economía. En esta investigación, el Ayuntamiento no vio delito en la actuación de los acusados. «Los proyectos fueron objeto del oportuno expediente de contratación, de realización, de control y de la oportuna certificación de la obra realizada con los consiguientes abonos y pagos legalmente acordados», aseguraba el escrito aportado al juzgado.
En cuanto a la prevaricación, el Ayuntamiento subrayaba que todos los trabajos se ejecutaron, se certificaron a través de actos administrativos que fueron firmes, descartando actuaciones que supongan una «desviación de poder», así como la existencia de perjuicios ni al interés público, ni a terceros. El escrito se acompaña de informe del Ayuntamiento firmado por el jefe de Servicio de Infraestructuras y Mantenimiento que concluye que no hubo perjuicio a las arcas públicas.
