Quince días después de la investidura del alcalde de Alicante, la oposición municipal sigue a la espera de conocer la propuesta de Luis Barcala para el reparto de sueldos entre los miembros de la Corporación y el número de asesores para los seis grupos con representación en el Ayuntamiento tras el reciente paso por las urnas. Éste es el primer frente abierto para el nuevo gobierno municipal, encabezado por Barcala (PP) y por Mari Carmen Sánchez (Cs), que se encuentra en minoría en el Consistorio alicantino, por lo que debe consensuar la proposición que prevén llevar al pleno de organización que se iba a celebrar este jueves y que al final se retrasa. Ahora, la fecha que se maneja en Alcaldía es la próxima semana. Para que la iniciativa se apruebe, el PP y Cs necesitan que el resto del pleno no se oponga en bloque.
Los grupos de la oposición, tras conversaciones informales con el alcalde durante los últimos días, daban por hecho que ayer lunes se iba a celebrar la Junta de Portavoces previa a la sesión plenaria del jueves, en la que esperaban conocer la propuesta. Sin embargo, al final no hubo reunión, por lo que deberán esperar unos días más para saber la distribución que inicialmente sale de Alcaldía.
Los números son los que son. Alicante, por su dimensión como ciudad, dispone de veinte sueldos de dedicación exclusiva para concejales. Si se mantiene la situación previa a las elecciones, todos los concejales de la Corporación tendrán sueldo, aunque sea con dedicación parcial (un 75%). De las veinte dedicaciones máximas, se prevé que trece sean para el equipo de gobierno (todos los ediles de PP y Cs salvo el popular Carlos Mazón, que previsiblemente será el próximo presidente de la Diputación, por lo que cobrará de la institución provincial). Así, quedarían siete sueldos con dedicación exclusiva a repartir entre la oposición (donde se espera que el socialista Miguel Millana acabe como diputado provincial). De esta forma, habría siete salarios máximos para catorce concejales, de los que cuatro serían portavoces municipales. Tras las elecciones municipales del 26-M y el posterior pacto de gobierno, la oposición alicantina cuenta con cuatro grupos: el PSOE dispone de nueve miembros, mientras que el resto (Podemos, Compromís y los ultras de Vox) tienen dos.
Por otro lado, aunque no menos importante para los intereses internos de los partidos, está el reparto de los asesores municipales. El Ayuntamiento, también según la ley, podría contar con 29 personas de libre designación, aunque ese reparto no parece que pueda ser inmediato. Y todo porque durante el gobierno en solitario del PSOE de Echávarri se amortizaron plazas, por lo que ahora se dispone de algo más de una veintena de sueldos (luego los partidos pueden dividirlos para aumentar su nómina de asesores).
Al inicio del pasado mandato, el tripartito acordó que los grupos dispusieran de dos personas de libre designación, que en el caso del gobierno se ampliaría en función del número de concejales. Así, el PP y Ciudadanos, con ocho y seis concejales respectivamente, disfrutaron de dos sueldos de asesores. En el gobierno del tripartito, por su parte, los partidos tenían dos asesores, que se incrementaron con uno más por cada edil que tuvieran, más los vinculados a Alcaldía. Con este reparto, la izquierda arrancó el mandato con 24 asesores para los 15 ediles. Ese pleno de organización, que se celebró el miércoles 15 de julio de 2015, también sirvió para que se aprobase una rebaja de los sueldos de los concejales del 10%, eliminándose pluses por asistir a las juntas de gobierno, además de mejorarse la situación de la oposición al equiparar los sueldos de sus portavoces con los miembros del equipo de gobierno.
La situación en la actual oposición, con el PSOE con más concejales que el resto de grupos de la oposición juntos (nueve frente a seis), dificulta que el reparto de asesores sea igualitario como hace cuatro años. Entre los grupos, mientras no se modifique el actual tope de asesores, se especula con que las formaciones con dos concejales (Podemos, Compromís y Vox) pudiesen tener un asesor, mientras que el resto (el PP y Cs, junto al PSOE) dispondrían de dos. Los grupos del gobierno local, además, ampliarían su nómina de personas de libre designación con un asesor más por concejal, yéndose así al menos a trece más (en la oposición se da por hecho que Mazón no tenga asesor ya que no dispone de competencias tras el reciente reparto).
Así mismo, desde la izquierda se espera que Barcala promueva ahora un reparto de retribuciones y de asesores con la promesa de que se amplíen «en diferido» las personas de confianza cuando se lleven a cabo las modificaciones necesarias hasta alcanzar los 29 que permite la ley. En los próximos días, se confirmará la distribución tanto de asesores como de sueldos entre los concejales.
