El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) ha rechazado el recurso presentado por la defensa de Sonia Castedo contra dos de las magistradas que iban a intervenir en el juicio por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante, según confirmó ayer este diario en fuentes judiciales. La resolución implica la confirmación de las tres magistradas designadas para formar parte del tribunal: Montserrat Navarro, Margarita Esquiva y María Cristina Costa. La recusación se ha resuelto en poco más de dos semanas y, salvo que se produzcan nuevas incidencias la decisión del TSJ deja despejado el camino para que se celebre el juicio.
En la causa del Plan General están acusados entre otros los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz por presuntos irregularidades en la tramitación del PGOU de la ciudad. Se trata de una de la veintena de piezas separadas en las que se dividió el llamado caso Brugal. La sección desplazada a Elche de la Audiencia está juzgando estos días la pieza que dio origen a esta macrocausa de corrupción por presuntos sobornos en la contrata municipal de basuras en el Ayuntamiento de Orihuela.
Un tribunal que validó escuchas
La decisión de la sala de anular parte de las escuchas telefónicas ha marcado el arranque de este juicio. El tribunal que acaba de confirmar el TSJ para el juicio del PGOU validó las escuchas del caso Brugal en otra de las piezas separadas, la que afectaba a las presuntas irregularidades en la gestión de la mercantil Autisa, por el empresario Rafael Gregory, considerado como uno de los intermediarios clave de esta trama. Como en el resto de las piezas separadas, la nulidad de las escuchas va a ser una de las principales batallas legales de este juicio.
La causa del PGOU llegó a la Audiencia el pasado noviembre para que se celebrara el juicio y desde entonces se ha estado tratando de resolver los problemas para nombrar al tribunal para hacerse cargo de la vista oral. La causa recayó en la Sección Tercera, donde todos los magistrados se abstuvieron por haber intervenido en la resolución de recursos que se pronunciaban sobre el fondo del asunto y por lo que hubo que designar a un nuevo tribunal.
A continuación se nombró un nuevo tribunal formado por Navarro, Costa y Esquiva, que fue recusado por la defensa de Castedo. Del incidente de recusación quedó fuera la tercera juez del tribunal, Cristina Costa, a quien la Audiencia dio por no impugnada. La propia Costa planteó apartarse del procedimiento por haber formado parte del tribunal que confirmó el procesamiento de todos los acusados y sobreseyó la causa para el arquitecto redactor del Plan General, Jesús Quesada. Las partes la dieron entonces por apartada por lo que el expediente de recusación siguió tramitándose para las otras dos magistradas.
En este interín, otro tribunal rechazó la abstención de Costa en una providencia que contaba con el voto particular de una de las magistradas respaldando que su compañera se apartara y sosteniendo que mantenerla en el tribunal podría abocar a la nulidad del juicio. La sala dio traslado de esta nueva situación a la defensa de Castedo que «el pasado 3 de mayo presentó un escrito haciendo suyos los argumentos del voto particular pero no se pronunciaba respecto del desestimiento planteado en su día», según relataba el auto por el que se elevaba al TSJ la causa para resolver las recusaciones.
Ahora entre las magistradas deberá designarse un nuevo ponente que tendría que empezar a analizar la causa y preparar la celebración del juicio. Sobre todo, ver cómo afectará a esta pieza separada la decisión de la Audiencia en Elche de anular parte de las escuchas.
