El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha confirmado la composición del tribunal que juzgará la causa por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, una de las piezas separadas del caso Brugal donde están implicados los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.
Lo ha hecho frente al escrito de recusación de las magistradas que lo componen presentado en su día por la defensa de la exalcaldesa alicantina Castedo.
La expolítica se enfrenta a juicio por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias junto a su antecesor, el citado Díaz Alperi, y también el constructor Enrique Ortiz, como supuestamente principal beneficiario.
La del presunto amaño del PGOU es una de las 20 piezas en las que se dividió la investigación del 'caso Brugal', iniciada en 2006 en torno a la adjudicación irregular de la contrata de basuras de Orihuela, ahora en fase de juicio en la Sección Séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 10 años de prisión para los dos exalcaldes de Alicante por favorecer, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del PGOU a cambio de prebendas.
Para el constructor, el fiscal pide ocho de prisión por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.
Los abogados de Castedo habían alegado frente a la designación de dos de las tres magistradas encargadas de enjuiciar los hechos: Margarita Esquivá y de Monserrat Navarro, con el argumento de que ambas habían resuelto recursos de apelación planteados frente a distintas resoluciones de la fase de instrucción.
De esta manera, la representación de Castedo consideraba que tenían conocimiento previo de las diligencias y, por lo tanto, habrían podido perder la imparcialidad necesaria para juzgar los hechos.
Ahora, la Sala de lo Penal y lo Civil del TSJCV niega ese argumento y sostiene que, al pronunciarse sobre esos recursos de apelación, ambas magistradas solo tuvieron que resolver sobre cuestiones que afectaban a la legalidad del proceso de instrucción, sin llegar a valorar ninguna de las pruebas que se someterán a revisión en el juicio.
Así, desestima la recusación pretendida tras concluir que la imparcialidad de las magistradas no está comprometida, según confirmaron a Efe fuentes judiciales.
Asimismo, el TSJCV impone a Castedo las costas del recurso en una resolución que permite continuar con el proceso y acercar la determinación de la fecha de juicio.
La sección tercera de la Audiencia, que asume su organización, debe concretar ahora quién de las tres magistradas del tribunal ejerce de ponente, entre Esquivá, Navarro o Cristina Costa.
Esta última magistrada había planteado su abstención por el mismo motivo: haber resuelto recursos previos. Sin embargo, su escrito también fue descartado.
La sección tercera también debe valorar ahora la gran cantidad de pruebas y testimonios propuestos por las partes para concretar cuántas jornadas de juicio resultarán necesarias y buscar fechas disponibles para el desarrollo de la vista oral.
Fuentes judiciales han apuntado a Efe que el juicio no se celebrará hasta, como pronto, finales de 2020, o principios de 2021.
