Enésima decepción. La esperada reunión del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Manuel Alcalde, con la directiva de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó terminó ayer sin ningún tipo de acuerdo, y todavía peor de como había empezado. El presidente de la Confederación trasladó a los regantes que Patrimonio del Estado, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, a la que pertenece la sociedad Acuamed, veta cualquier rebaja del precio del agua del Júcar, y exige que sea de 0,35 euros el metro cúbico y no los 0,20 euros, cantidad a que podrían llegar los agricultores.
Según explicó Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central, Alcalde les trasladó que Patrimonio rechaza que el proyecto pueda tener exenciones en el pago del agua, haciendo así caso omiso a la directiva marco del Agua de la UE, y a un informe interno de la propia CHJ, que trasladó hace dos años al Ministerio de Agricultura que el proyecto reunía todas las condiciones para eximir a los agricultores de pagar los costes de amortización de la obra, porque el objetivo era la recuperación ambiental de acuíferos sobreexplotados.
Un golpe duro que se produce, paradójicamente, tan solo tres días después de que el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se comprometiera con los regantes a ser su interlocutor con Madrid en una reunión en Aspe.
De nada sirvieron ayer los argumentos que trasladó a Manuel Alcalde la junta que preside Antonio Berenguer tras la dimisión de Andrés Martínez el pasado diciembre. «El presidente de la Confederación del Júcar nos ha dicho que él no puede hacer nada. Que el tema está bloqueado en Hacienda y de nada sirven, al parecer, los informes a favor de la rebaja de los precios de la propia Confederación, y tampoco las palabras de la entonces ministra Cristina Narbona en 2005, cuando al cambiar la toma del agua de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa nos dijo que nunca pagaríamos el cambio de toma. Ahora hay 70 millones que no podemos pagar y sin los que no hay agua», señaló Ángel Urbina, portavoz de la Junta.
Sin recursos
La situación empieza a ser muy preocupante porque muchos agricultores tienen ya los acuíferos cerrados al confiar en que la llegada del agua del Júcar -tampoco la que ellos querían por la merma de la calidad- comenzaría a tener regularidad ya en 2018. Casi dos años después de llegar a un principio de acuerdo con la entonces ministra, la popular García-Tejerina, que tampoco movió un papel, se han quedado sin el agua del Júcar y también de los acuíferos.
Se trata del convenio para la gestión del trasvase Júcar-Vinalopó, que la exministra Isabel García Tejerina dejó sin cerrar en 2016, incapaz de llegar a plasmar negro sobre blanco el documento tras más de dos años de negociaciones con los regantes alicantinos. Retraso que sigue con el actual Ejecutivo, al que se añade también lo que pueda ocurrir ahora con el trasvase Tajo-Segura. El cambio climático aprieta y en Madrid están convencidos de que la solución final pasa por aumentar el protagonismo de las desaladoras.
El Ministerio -primero Agricultura del PP y hoy Transición Ecológica del PSOE- tiene encima de la mesa desde diciembre de 2017 el convenio de explotación del trasvase, que es el instrumento que debe garantizar la llegada todos los años de 20 hm³. «Hemos renunciado a los 80 hm³ iniciales, aceptamos la toma de Cullera. ¿Qué más quieren? Acuamed debe mover ficha», subrayó ayer Ángel Urbina.
Siete años se cumplirán, por otro lado, el próximo septiembre desde que Aguas del Júcar vaciara en 2012 el embalse de San Diego, regulador del agua del Júcar que tenía que llegar a la provincia de Alicante. Se detectaron grietas y fugas, y se optó por cerrarlo y arreglarlo tras haberse gastado cerca de 40 millones de euros.
Y el Tajo, cada día más complicado el envío de caudales
Cuarenta años han pasado ya esta primavera desde que, al inicio de la democracia y con Joaquín Garrigues Walker como ministro de Obras Públicas, se inaugurara el trasvase Tajo-Segura: una obra faraónica de 292 kilómetros, que abastece a 2,5 millones de personas y cuestionada y aplaudida a partes iguales por la sociedad. El agua del trasvase aporta al PIB algo más de 2.300 millones de euros y, pese a ser uno de los detonantes del progreso y desarrollo económico del sudeste peninsular, sobre todo de Murcia, Alicante y Almería cada día está más complicado. Luis Garrote de Marcos, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, ha explicado a EFE una de las principales «sombras» del trasvase ha sido la modificación del régimen hidrológico del Tajo, algo común a todos los ríos peninsulares, pero más acusado en la zona de cabecera. Cuando se planificó la obra, la aportación media en la cabecera del Tajo era de unos 1.200 hm3 por año que permitían trasvasar 600 hm3 anuales e incluso hasta 1.000 hm3 al año. Pero la realidad no fue así. Durante los últimos 15-20 años la aportación media haya sido de unos 400 hm3 anuales frente a los 1.200 hm3 iniciales y todo apunta a que se reducirá más aún.
