La Confederación Hidrográfica del Júcar ha citado el lunes a la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó para tratar de desbloquear el convenio de gestión del trasvase y que pueda recuperarse el envío de agua bloqueado desde agosto de 2018. Sobre la mesa, quién debe asumir el pago de los 70 millones de euros que reclama la sociedad Acuamed y que los agricultores se niegan a pagar a razón de 0,35 euros el metro cúbicos.
Los regantes esperan convencer a los rectores de la Confederación del Júcar con argumentos que expondrán en tres líneas maestras. La directiva marco del Agua de la Unión Europea, norma que recoge que las obras hidráulicas deben ser sufragadas por los usuarios del agua -paradójicamente en estos momentos la propia Confederación-, también exime a éstos del pago de las obras si el proyecto tiene como objetivo una mejora ambiental. Circunstancia que se da el Júcar-Vinalopó, ya que al recibir el agua del Júcar se dejará de extraer agua de acuíferos sobreexplotados, uno de los mayores problemas ambientales de la provincia, según recordó ayer Antonio Rico, director del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante. «La directiva europea lo deja claro», subrayó ayer Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central.
El segundo argumento será recordar que el Gobierno ignora desde los tiempos del PP un informe interno que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió a la entonces ministra de Agricultura, Isabel García-Tejerina, en le que queda claro que el trasvase cumple con el objetivo para recibir las exenciones previstas por la directiva europea, al tratarse de una obra para solucionar la sobreexplotación de los acuíferos.
El último «as» de los regantes será la vía del agravio comparativo que sufre Alicante frente, por ejemplo, a los regantes de Castilla-La Mancha. El Ministerio para la Transición Ecológica discrimina a los regantes de Alicante frente a los castellano-manchegos, que no pagaron las obras para recibir agua del Tajo al ser una obra para quitar presión a sus acuíferos. El mismo objetivo que el Júcar-Vinalopó pero no se ha aplicado en el caso de la infraestructura construida entre Valencia y Alicante.
«Es más, nosotros hemos hecho los deberes y en el propio plan de cuenca del Júcar se establece que los usuarios no tienen que pagar los costes de amortización de la obra al tratarse de un proyecto medioambiental», explicó ayer Ángel Urbina.
La Junta Central de Usuarios afronta con cierto optimismo el encuentro del próximo lunes, después de que anteayer recibieran el respaldo del propio presidente de la Generalitat,Ximo Puig, que se reunió con la directiva en Aspe y se comprometió a ser su ariete ante en Madrid ante el Gobierno central. Por otro lado, el único que les queda tras la debacle del PP y la falta de posicionamientos claros de los otros partidos con representantes alicantinos en el Congreso.
Ayer mismo, desde la Junta Central se contactó con Presidencia de la Generalitat para expresar su malestar por la situación surrealista que se vivió el jueves. Mientras Puig se reunió con los regantes en Aspe el conseller Vicent Soler y el director general del Agua, Manuel Aldeguer, participaban en un acto en Monóvar para escenificar la puesta en marcha de las obras del postrasvase -reparto del agua del Júcar por la margen derecha del Vinalopó- al que no habían invitado a la Junta Central. Unas obras que, por otra parte, a día de hoy no sirven para nada porque no llega agua.
Hasta ahora, los regantes han pagado el agua del Júcar a 0,16 euros/m3, cantidad que se elevó a 0,18 euros para el riego de socorro del pasado agosto, pero gracias a la subvención de cerca de 800.000 euros del Consell. Hoy, la empresa estatal Acuamed está cerrada en banda con los 0,35 euros/m3, cuando la que se extrae de los acuíferos se paga a 0,14 euros.
El desencuentro data de 2005 cuando se cambió la toma del agua del trasvase de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, y la Confederación del Júcar acabó expulsando del proyecto a la Junta Central, convirtiéndose en usuaria única del trasvase. De ahí que los regantes subrayen que ellos no deben, con la ley en la mano, pagar los 70 millones de euros que les reclama la Confederación, a día de hoy la titular de los derechos sobre el agua.
