Mientras la Fiscalía y la acusación particular sostienen que tras el móvil del asesinato de María del Carmen Martínez, están los intentos de su yerno, Miguel López, para acceder a la fortuna familiar, las tres hermanas Sala negaron ayer en un juicio celebrado en Murcia que éste tuviera papel alguno en las negociaciones para dividir el holding empresarial.
Los abogados que llevaron las primeras negociaciones les reclaman una deuda de más de medio millón por los trabajos realizados durante las primeras negociaciones con su hermano, Vicente Sala, para el reparto de las sociedades. María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, murió tiroteada la tarde del 9 de diciembre de 2016 mientras recogía su coche de Novocar, el negocio de automoción que regentaba su yerno, Miguel López, único acusado del crimen y que está a la espera de ser juzgado por un jurado popular. Mientras los demandantes sostienen que su acuerdo era mejor que el que se firmó finalmente y con él se hubiera podido salvar Novocar del cierre, Mar Sala aseguró que ellas estaban por la liquidación de esta empresa y de repartir los gastos entre todos.
El letrado Patricio Martínez pide esa cantidad por los servicios que junto a otros tres compañeros prestó para encontrar una solución al conflicto empresarial que mantenía enfrentadas a las tres mujeres (Mar, Fuensanta y Antonia Sala) con su hermano Vicente. Una tarea para la que se firmó un contrato que ellas rompieron tras tres meses de negociaciones. Los letrados sostienen que el trabajo se hizo y que se cerró un principio de acuerdo que las tres hermanas rechazaron y dieron por roto el contrato que tenían con ellos.
Las tres hermanas Sala coincidieron ayer en señalar durante el juicio celebrado en un juzgado de Primera Instancia de Murcia que «perdieron la confianza» en sus abogados después de constatar que apenas les daban información sobre la marcha de las negociaciones, en las que le transmitían la prisa por firmar «un acuerdo rápido» en el que se transigía a todas las exigencias de su hermano «sin defender nuestros intereses» y sin estudio alguno de las cargas fiscales de la operación. También sostienen que pagaron una minuta de 60.500 euros por su trabajo a los abogados y consideraban «desproporcionada» la cantidad que les pretenden cobrar ahora por un acuerdo que ellas no aceptaron, por lo que tuvieron que buscarse a un nuevo equipo legal.
«Todo eran prisas y nos decían que teníamos que firmar sí o sí. Nosotras atravesábamos un momento emocional muy delicado tras el asesinato de mi madre», aseguró ayer Mar Sala. Del mismo modo, las hermanas aseguraron que Miguel López no tuvo ninguna intervención en estas negociaciones, aunque admitieron que éste puntualmente había ido acompañando a su mujer Fuensanta a alguna negociación.
El propio Miguel López testificó ayer en este juicio y también aseguró que no intervino en estas negociaciones. «Si mi mujer quería tener alguna opinión sobre lo mío (las empresas de automoción), se la daba. Pero de las demás, nada», señaló. López incidió en que a partir del 8 de febrero a raíz de su encarcelamiento por el asesinato de su suegra «desaparecí de escena y, cuando quedé en libertad, estaba tan afectado que no quise saber nada sobre el tema de las empresas». López aseguró que Solmar arrastraba pérdidas de 1,8 millones pero que en el último año se habían conseguido beneficios de 900.000 euros, por lo que él considerable que era viable. «El problema era que había que hacer frente a avales de 50 millones de euros y eso era algo que no dependía de mí, sino de los socios».
El primogénito Vicente Sala compró a sus hermanas su parte de Salmar, la empresa del plástico y motor económico de los Sala, por 48 millones al contado y otros seis en cuatro años; mientras ellas se quedaban con las sociedades que tenían el patrimonio inmobiliario. Las empresas de Solmar y Novocar se liquidaban con un reparto a partes iguales de los gastos entre los socios.
